La sanidad gallega lleva siendo desde hace muchos años una de las piedras en el zapato de la gestión del Partido Popular. Es verdad que el ahora líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, presumió con el apoyo de determinados medios de comunicación -particularmente los que mayores subvenciones han venido recibiendo de la Xunta desde su llegada a la presidencia en 2009-, del modelo impulsado en la sanidad pública de la región, hasta convertirla en uno de sus grandes avales.
Sin embargo, aunque antes de la pandemia esa sanidad ‘ejemplar’ presentaba varias vías de agua, en particular en materia de personal, el covid-19 desbordó el vaso y puso sobre la mesa las costuras de un sistema, el gallego, con más sombras que luces.
Así lo denunciaron antes y después los partidos de la oposición, las asociaciones de pacientes, los profesionales y los defensores de la sanidad pública, siempre con los recortes, el favorecimiento de la privada y la menguante inversión/financiación en el centro de las críticas.
En las últimas semanas, además, se han conocido datos sobre el modelo elegido para los nuevos hospitales, como el Álvaro Cunqueiro de Vigo, y los contratos que en esta y otras materias ligan a familiares de Alberto Núñez Feijóo con la administración autonómica.
A raíz de todo lo que está ocurriendo, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Galicia ha hecho público un contundente comunicado bajo el título ‘Para qué utiliza Núñez Feijóo la Xunta de Galicia y la sanidad pública gallega».
Entre otras cuestiones, lo primero que, según esta entidad, persigue el ex presidente gallego y ahora máximo responsable del PP a nivel nacional es «beneficiar económicamente a su familia».
Respalda su afirmación la Asociación en la «cesión de las 50 residencias sanitarias públicas a la empresa Eulen, dirigida por su hermana». Curiosamente, después de unos años estas residencias «las vende al fondo francés dueño de DomusVi, la empresa de la nefasta gestión de las residencias gallegas en la pandemia». Se da la circunstancia de que esta compañía recibió numerosas críticas durante los meses del Covid por el trato dispensado a sus usuarios.
Del mismo modo, en el escrito también recuerda que, durante los años al frente de la Xunta, «Feijóo concedió 34 millones de euros a la empresa Eulen», es decir, de nuevo la compañía en la que su hermana ocupa un puesto directivo vuelve a ser adjudicataria de contratos millonarios. No obstante, una vez que decide dar el salto a la madrileña calle Génova para dirigir su formación, es Alfonso Rueda quien le sustituye «para continuar con la misma política de regar a su familia con dinero público».
Señala la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública gallega que Rueda, «alumno aventajado, adjudicó a Eulen otros 17 millones en 2 años, sobre la base de concursos arreglados e información privilegiada».
Más familiares y sanidad privada
También subrayan en su escrito el papel de otra empresa: Universal Support. Esta compañía, «sin vinculación alguna con el sector sanitario, cuyo director comercial es el cuñado de Feijóo (hermano de su pareja), se benefició de los fondos anticovid de la Xunta». Al margen del dinero comentan que se utilizó el call center de Universal Support «como centro de información sobre la pandemia, poniendo además en riesgo la protección de los datos sanitarios» de las personas.
El otro gran motivo del uso de la Xunta y la sanidad gallega por parte de Feijóo también lo tiene claro la Asociación: Favorecer con dinero público (que detrae de la Atención Primaria) a las empresas privadas.
En este apartado menciona el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que «fue construido y gestionado por una UTE (por decisión de Feijoo nada más llegar a la Xunta) en la que participaba la empresa de su propio Conselleiro de obras públicas, Agustín Hernández». Recuerdan, asimismo, que esta obra tuvo un sobrecoste de 470 millones, a pesar de reducir en más de un 30% los recursos previstos en el contrato.
En materia favorecimiento de la sanidad privada, citan que «las 400 camas recortadas» del proyecto del centro hospitalario vigués permitieron «mantener el Concierto Singular con el hospital privado Povisa, al que paga 75 millones de euros públicos al año (800 millones en la última década)». En este sentido ponen sobre la mesa un dato llamativo como es que «Rocío Mosquera, del Grupo Povisa, fue nominada conselleira de Sanidade por Feijóo para articular el plan que blindaba el concierto con el hospital privado».
De la misma forma, también recuerdan que «todas estas informaciones, ya fueron denunciadas (incluso en el Parlamento Europeo) por la Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia», así como por la Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública.
Desde la Asociación, Núñez Feijóo, «como otros muchos políticos neoliberales, no tiene ningún interés en la sanidad pública ya que como paciente utiliza la sanidad privada cuando tiene problemas de salud, como en su reciente intervención por desprendimiento de retina».
A modo de conclusión, los defensores de la sanidad pública gallega consideran que «tanto la justicia como el Parlamento de Galicia deberían abrir una investigación para exigir responsabilidades y finalizar con una política que tanto daño está haciendo a la sanidad pública y a la salud de la población gallega».
