El Gobierno se esfuerza ahora en rechazar que el acuerdo firmado entre el PSOE y ERC se trate de un «concierto» fiscal para Cataluña. El pacto para investir a Salvador Illa ha soliviantado a una parte de las federaciones socialistas, que advierten de la ruptura de la igualdad interterritorial y cargan contra la cesión de la «soberanía fiscal» a Cataluña.
«Ni es un concierto económico ni es una reforma al uso del modelo de financiación», ha señalado este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pero ¿qué dice exactamente el acuerdo firmado con ERC en materia fiscal?
- «Soberanía fiscal». El acuerdo recoge un nuevo «modelo de financiación singular» que parte de la premisa de que «Cataluña padece una infrafinanciación sostenida en el tiempo» que «se traduce en una insuficiencia financiera crónica que limita enormemente el gasto en servicios públicos». El documento firmado por socialistas y republicanos establece que «no se trata de reformar el modelo de financiación común, sino de cambiarlo sobre uno nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad» y acuerda la creación de «un nuevo sistema de financiación» que «garantice la suficiencia financiera y la soberanía fiscal de la Generalitat».
- «Hacienda catalana». El acuerdo plantea el desarrollo de una «Hacienda catalana» y un sistema tributario federal. «La profundización en el autogobierno y de la autonomía fiscal y financiera necesita fijar como prioridad una hacienda catalana compatible con el hecho de avanzar hacia un modelo tributario federal con una mayor capacidad normativa, de gestión, recaudación, liquidación e inspección, así como con una gobernanza de las inversiones públicas desde Cataluña y para Cataluña», señala el documento.
- Gestión total de impuestos. El pacto alcanzado da la llave de la caja a Cataluña, que saldría del régimen común, y fija «que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña y aumente sustancialmente la capacidad normativa con coordinación con el Estado y la Unión Europea. La gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña corresponden a la Agencia Tributaria de Cataluña, salvo los de naturaleza local».
- «Coste de los servicios». PSOE y ERC firmaron que Cataluña haría una «aportación a las finanzas del Estado» compuesta por «el coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña», en un modelo similar al cupo vasco, donde el País Vasco paga anualmente una cuantía al Estado para financiar todos los servicios centralizados pero de los que también se benefician los ciudadanos vascos. Esta aportación, señala el texto, «se establecerá a través de un porcentaje de participación en los impuestos». Además se introduce la aportación de «solidaridad».
- «Solidaridad«. «La Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las demás comunidades autónomas a fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar». Un reparto que responde, según señala el texto, al principio de «ordinalidad» fiscal, es decir, las comunidades más ricas y que más contribuyan al erario público, más beneficiadas se verán.
- Comisión bilateral Estado-Generalitat. El documento establece que, «con el objetivo de implementar este nuevo sistema de financiación singular para Cataluña», se deberá crear en el primer semestre de 2025 una «comisión bilateral entre el gobierno de la Generalitat y el del Estado» y a lo largo del próximo año «impulsar los acuerdos a los que se llegue en la citada comisión a través de las modificaciones legislativas necesarias y, cuando corresponda, se trasladarán a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat para tal que se puedan aprobar».
- Plazo 2025 y «medidas compensatorias». El documento fija 2025 como pazo límite para la aplicación de este nuevo sistema de financiación y «en caso de no adoptarse» en dicho plazo, «requerirá medidas compensatorias», en lo que puede interpretarse como más recursos para la Generalitat. El acuerdo también recoge un incremento de los recursos también hasta que se haga efectiva la reforma del modelo. «Mientras se produzca el despliegue del nuevo modelo de financiación», señala, deberá darse un «incremento sustancial de recursos» a Cataluña. Establece también que su financiación «debe respetar el principio de ordinalidad», de manera que «las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben».
