El PP ya propuso en 2021 una reforma legal para «identificar cada perfil» de redes sociales con DNI

La reforma del PP [consúltela aquí en PDF] planteaba el incumplimiento de esta obligación como una «infracción muy grave». Y proponía penarla con multas de 150.001 hasta 600.000 euros. Y en el caso de reiteración, dentro de un plazo de tres años, hasta la «prohibición de actuación en España, durante un plazo máximo de dos años».

La propuesta del fiscal, más concretamente, incluye también que una reforma del Código Penal (CP) para que los condenados por haber cometido delitos de odio en las redes sociales tengan que mantenerse un tiempo alejados de ellas.

Inmediatamente después de que Aguilar explicara su postura en una entrevista radiofónica, el portavoz adjunto del PP en el Senado, Antonio Silván, se mostraba partidario de poner fin al anonimato de los usuarios en las redes sociales. Según dijo, de este modo sería más factible poner coto a las campañas de odio en internet.

Silván, en todo caso, no ha hecho referencia a la iniciativa presentada hace ya tres años por su compañero Rafael Hernando. «Cualquier medida que trate de atajar, atenuar y suprimir esos comportamientos a través de esos medios, será apoyada y bien recibida por el PP», ha sostenido Silván.

«No nos podemos parapetar en el anonimato para decir lo que no decimos con nombres y apellidos», incidía Silván. «No puede servir para hacer declaraciones que con nombres y apellidos no realizaríamos«.

La exposición de motivos de la propuesta legal que hizo el PP hace tres años admitía que «aún no existen los procedimientos adecuados y las previsiones normativas que regulen las medidas o actuaciones que las empresas proveedoras de servicios digitales deban llevar a cabo para verificar que los datos grabados sean auténticos, veraces y provengan de perfiles legítimos con fines lícitos«, apunta la proposición del PP.

Pero remarcaba que más de un 60% de los usuarios de internet han sufrido, en algún momento, este tipo de violencia. Y que éste es un terreno abonado no ya sólo para el acoso o las suplantaciones de identidad. Sino para ejercer la violencia de género, el abuso de menores, robos, extorsiones y hasta ciberterrorismo.

Los motivos

Precisamente, ésas han sido las razones del estallido de esta polémica. El reciente asesinato de un menor en Mocejón (Toledo) ha ocurrido pocos días después de que en Reino Unido se desataran disturbios violentos de tipo xenófobo como consecuencia de una serie de bulos que atribuían un crimen atroz a inmigrantes irregulares. 

Por eso, el fiscal ha vinculado sus reflexiones con los numerosos tuits que en los últimos días atribuían el reciente asesinato de Mateo, un niño de 11 años, a los menores extranjeros no acompañados (menas). «Muchas veces nos encontramos con la dificultad de que la investigación no puede prosperar porque no identificamos al autor», señalaba el fiscal.

Precisamente, tal y como publicó EL ESPAÑOL, este martes la Fiscalía anunció que su Unidad está revisando decenas de posts en la red social X (y otras) por la posible comisión de delitos de incitación al odio.

Lo cierto es que en la pasada legislatura, en septiembre de 2021, los populares ya registraron en el Senado una proposición de ley para la modificación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

En ella, planteaban la introducción de un nuevo artículo 12 de la norma en vigor con el siguiente texto:

«Los prestadores de servicios de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario del servicio estarán obligadas a la identificación de cada uno de los perfiles y sus cuentas de usuario, a través del Documento Nacional de Identidad, el Pasaporte o cualquier otro documento oficial acreditativo de la identidad».

El PP era muy consciente de que esta regulación a nivel nacional tendría poco efecto, dado que las grandes corporaciones que ofrecen este tipo de servicios no se rigen por la legislación española. 

Sin embargo, la iniciativa respondía esencialmente a impulsar el debate político sobre el asunto, mientras en la Unión Europea se estaba ya trabajando en el Reglamento de Servicios Digitales, aprobado finalmente en el Parlamento Europeo en octubre de 2022.

Esa legislación comunitaria trata de proteger a los usuarios y consumidores, salvaguardar sus derechos e imponer una serie de obligaciones a redes como Twitter, Google, TikTok, WhatsApp y otras, cada una con sus especificidades. Fuentes europeas consultadas por este diario admiten que, finalmente, el reglamento de la UE no fue capaz de imponer esta obligación a las compañías.

Dada la dificultad de abordar esta normativa a nivel europeo, teniendo en cuenta que estas redes son en su casi totalidad de titularidad extranjera (estadounidense o china, principalmente), tiene una articulación muy laxa respecto a las responsabilidades de estas majors.

Responsabilidad de las redes

En todo caso, la propuesta de los populares también regulaba específicamente estas exenciones de responsabilidad a los proveedores del servicio. E incidía específicamente en la responsabilidad jurídica de las compañías dueñas de estas no disponían «de la identificación de la persona física qué efectúa el almacenamiento de los datos» o de «los medios tecnológicos adecuados para identificar» a estas personas».

Por otro lado, remarcaba que «la ausencia de colaboración con la autoridad judicial competente que requiera al prestador de servicio la información sobre la identidad de la persona que pueda haber utilizado el servicio con fines delictivos» haría responsable al proveedor de servicios, en el caso del menor asesinado en Mocejón, por ejemplo, la red antes conocida como Twitter.

Así lo plantea ahora también el fiscal Aguilar: «En las redes sociales se ejercen derechos constitucionales, como la libertad de expresión».

Por eso planteaba como «una buena idea» la identificación obligatoria de sus usuarios. Y ofrecía un ejemplo práctico: «Cuando yo cojo un coche o una moto, estoy plenamente identificado», ha comparado. «Sería interesante… Muchas veces nos encontramos con esta dificultad: una investigación no puede prosperar porque desconocemos quién es el autor [de los mensajes]».