El fiscal de Sala de Delitos de Odio, Miguel Ángel Águilar, ha apuntado este miércoles a dos posibles modificaciones del Código Penal que ayudarían a enfrentar que, como ha ocurrido tras el crimen del niño Mateo en Mocejón (Toledo), proliferen en las redes sociales mensajes que criminalizan a personas extranjeras, a quienes estas cuentas atribuyeron inicialmente el asesinato. Cree que la ley es hoy en día suficiente para enfrentar este fenómeno, aunque pueden plantearse mejoras técnicas como vetar el acceso a redes de aquellos que resulten condenados por conductas graves o poner coto al anonimato en estas plataformas.
Este fiscal propone concretamente una reforma legal para que los condenados por cometer delitos de odio en las redes tengan que mantenerse un tiempo alejados de ellas y que todos los usuarios tengan que estar identificados: «Sería interesante porque muchas veces nos encontramos con la dificultad de que la investigación no puede prosperar porque no identificamos al autor«, ha explicado durante una entrevista en la Cadena Ser.
Sin embargo, Aguilar subraya que «no todo lo odioso es delito de odio», sino únicamente las conductas más graves. Hay que ver que los hechos tengan cierta entidad, la gravedad de los mismos, la persona que lo ha dicho y su capacidad de liderazgo, y hay que ver el contexto», ha apuntado, para incidir seguidamente en la necesidad de desarrollar y aplicar normativa de reciente creación, como la incluida en las leyes de Igualdad de Trato o de Servicios Digitales, para que el odio también pueda perseguirse desde el «ámbito administrativo sancionador».
Qué se está haciendo
En el caso más reciente del crimen de Mocejón, Aguilar considera que aún es pronto para hablar de delito, pues de momento los cuerpos de seguridad se encuentran recopilando aquellos mensajes «con componente de gravedad» que pondrán a disposición de la Fiscalía o el juzgado correspondiente. Será entonces cuando se realice una valoración jurídico penal de los mismos.
Sobre el papel de la unidad que dirige, ha explicado que la competencia sobre los delitos concretos la tienen los fiscales territoriales, y su departamento se dedica a coordinar y ofrecer apoyo técnico a dichos fiscales para que exista una unidad de actuación.
Un delito de odio es una infracción penal de un hecho «que viene motivado por el rechazo a determinadas personas por motivos como racismo, xenofobia, discapacidad, etc.», ha explicado, para añadir «tenemos en nuestras calles día a día agresiones hacia personas por este tipo de motivaciones». Ha advertido, por ejemplo, sobre «la difusión de insultos racistas en acontecimientos deportivos«, así como «las informaciones falsas que, en determinados casos buscan señalar, estigmatizar, a personas migrantes para despertar sentimiento de rechazo de la población hacia ellas».
Esta unidad de la fiscalía que investiga los delitos de odio es de reciente creación, apenas lleva existiendo un año. En ella se analiza cada caso concreto y tiene como objetivo supervisar y dar soporte técnico a los fiscales: «Hay que hacer una investigación muy rigurosa y recopilar todo tipo de datos y después valorarlos».
Preguntado por las amenazas recibidas por el portavoz de la familia, Aguilar reconoce que esos mensajes le generaron «bastante indignación»: «Una persona que esta siendo portavoz, con un inmenso dolor porque acababan de asesinar a un familiar menor, que hace un llamamiento a no criminalizar a ninguna etnia ni raza, y aprovechar ese momento para atacar a esa persona… no tiene palabras«.
Aguilar también pide implicación de otros estamentos para «educar y prevenir» y desarrollar otras medidas para combatir el odio porque cree que es peligroso fiarlo todo a la ley: «La ley no puede acotar que se puede publicar y que no, es peligroso para nuestra democracia», sentencia, pero recuerda que sí hay unos límites administrativos y penales.
