El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) acaba de dirigir una carta tanto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como al delegado del Gobierno en la capital para expresar su preocupación por la asistencia jurídica que se está prestando a los migrantes que llegan al aeropuerto de Madrid-Barajas. El decano, Eugenio Ribón, tacha la situación de «insostenible».

«Lo que debería ser un proceso jurídico guiado por los principios de dignidad y profesionalidad se está convirtiendo de manera habitual, en una experiencia caótica y desmoralizante, tanto para los profesionales, como para los propios solicitantes de asilo», ha advertido el letrado en un comunicado.

Abogados del ICAM deben asistir a las personas que buscan quedarse en España una vez llegan al aeropuerto, pero según advierten se encuentran «sistemáticamente» con un escenario que evidencia «graves carencias estructurales» como, por ejemplo, falta de intérpretes cualificados, sobrecarga del personal de extranjería y policía o ausencia de recursos básicos para realizar su trabajo.

«Es inaceptable que nuestros abogados se vean obligados a desempeñar sus funciones en condiciones indignas, utilizando sus propios teléfonos para comunicarse con los solicitantes y trabajando en espacios inadecuados, sin mesas ni equipamiento mínimo necesario», lamenta Ribón.

Tampoco existen formularios ni coordinación entre las diferencias instancias involucradas en el proceso de asilo, lo que dificulta gravemente su trabajo. Y no sólo, advierten que esto mengua también «los derechos fundamentales de las personas que buscan pretección en nuestro país».

Por ello, en la misiva remitida a Interior, Ribón pide medidas urgentes que reviertan esta situación como la mejora de las oficina de asilo, incluyendo intérpretes capcitados, espacios de trabajo dignos para abogados de guardia, y refuerzos en la coordinación. «Es nuestra responsabilidad como Colegio denunciar estas injusticias y exigir que se tomen las medidas necesarias para corregirlas», ha afirmado por su parte Juan Manuel Mayllo, Diputado del ICAM responsable de la Abogacía de Oficio.

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