No una, ni dos, ni tres. Hasta siete veces ha intentado el expresident Carles Puigdemont apartar al magistrado Pablo Llarena, encargado de la instrucción del procés desde 2017 cuando el líder independentista se fugó. En una nueva estrategia de defensa, Puigdemont ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que sancionen al togado por tardar más de lo que permite la ley en contestar a su recurso contra la decisión de no aplicarle la amnistía. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces anticipan poco recorrido a esta denuncia.
La última vez que el letrado de Puigdemont (defensor también de los exconsejeros Clara Ponsatí y Toni Comín), Gonzalo Boye, intentó apartar a Llarena de la causa fue a principios de este mismo año. En esa ocasión, el argumento fue que Llarena había comprometido su imparcialidad al recibir en noviembre de 2023 un premio de la Asociación de Fiscales por su actuación en la causa que persigue a los responsables del referéndum catalán del 1-0.
El juez desestimó de plano este séptimo intento, esgrimiendo los mismos motivos que hace tres años, cuando también lo intentaron apartar por otro galardón: «Sin incorporarse ahora nuevos argumentos, debe señalarse que los recusantes ya objetaron la continuidad de este instructor por la obtención de un premio en escritos de recusación presentados el día 1 de diciembre de 2021. La recusación fue resuelta y desestimada [por la Sala de lo Penal]», subrayó el magistrado.
En esta última ocasión, Llarena recalcó además que quien ha sido procesado en rebeldía (caso de Puigdemont) no tiene legitimación para apartar a los garantes de la ley. En otras palabras, una persona que está fugada de la Justicia española no puede intentar remover a quien le persigue. «La primera exigencia para el incidente es que los recusantes cuenten con legitimación procesal para interponer la recusación, dada su situación procesal de rebeldía en el momento en que formularon aquella recusación», expuso Llarena.
Las fricciones entre el juez y el líder independentista se han dado desde el inicio. El togado ha buscado y rebuscado en el ordenamiento europeo las formas viables de hacer rendir cuentas a Puigdemont en España. Inició un periplo judicial con requerimientos de entrega a distintos países que el cabecilla de Junts ha ido tratando de evitar recurriendo ante todos los tribunales e instancias europeas posibles.
La última decisión comunitaria llegó de la mano del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que hace poco más de un año dictaminó que la inmunidad de Puigdemont en el Europarlamento estuvo bien retirada. Desde entonces parece haber pasado una eternidad. Puigdemont ha dejado de ser diputado allí, pero Llarena no ha querido reactivar la euroórden aún porque en este periodo en España se ha aprobado la Ley de Amnistía.
La última queja de Boye — en nombre de Puigdemont y Toni Comín– sobre la forma de proceder del magistrado tiene fecha de este 19 de agosto y llega tras la interpretación que se ha hecho de la norma del perdón. El Tribunal Supremo considera que la malversación tal y como sucedió en el procés no puede entrar en la ley y, por tanto, el pasado 1 de julio decidió que Puigdemont siguiera procesado, advirtiendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que si éste venía tendrían que detenerlo.
Boye lamenta que el juez se haya reincorporado de sus vacaciones ante la previsión de la detención del fugado y haya preguntado tanto a los Mossos d’Esquadra como al Ministerio del Interior por qué permitieron una nueva huida y, sin embargo, no haya contestado a los recursos que ellos, Abogacía del Estado y Fiscalía habían interpuesto a su decisión de julio. Es necesario que Llarena dé trámite a este recurso de reforma para que el asunto pueda seguir escalando y llegue al Tribunal Constitucional, lugar en el que los independentistas tienen puestas las esperanzas sobre la interpretación de la amnistía.
El letrado ha decidido esta vez acudir directamente al CGPJ que acaba de renovarse, en lugar de volver a quejarse ante el propio Llarena. Pide que lo sancionen por no resolver su recurso a tiempo. Señala que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el togado debería haber contestado en la primera mitad del mes de julio y considera esta dilación grave porque «sirven de sustento a medidas restrictivas de la libertad personal de los denunciantes, incluida su libertad de circulación».
Las fuentes consultadas del Poder Judicial ven en este movimiento «una majadería» y expresan que el recorrido de esta queja será «absolutamente ninguno». Voces del órgano relatan que de momento la queja no tendrá un recorrido a corto plazo porque ni siquiera hay nombrado un promotor de la acción disciplinaria que es el que se encarga de proponer las sanciones para los magistrados.
Esta figura que analiza el comportamiento de los jueces denunciados y propone al pleno las distintas amonestaciones cesa cuando cesa el CGPJ por lo que de momento la silla está vacante. Los 20 vocales recientemente incorporados tienen aún que nombrar al presidente y después tendrán que organizar los cargos internos como este promotor. No será hasta entonces cuando se dé trámite a la queja de Puigdemont.
En cualquier caso, las fuentes consultadas no le ven visos de prosperar ya que los plazos de contestación de los magistrados a menudo son más laxos por la carga de trabajo de muchos juzgados. Esto es motivo de lamentos de muchos letrados que ven cómo tienen que apurar sus escritos para ajustarse a los tiempos procesales y luego esperan meses hasta que llega la contestación judicial.
