La crisis migratoria se agudiza en las costas españolas durante estas fechas. Según los últimos datos, 31.000 personas han llegado de forma irregular a España en lo que va de año, un 66% más que en el mismo período de 2023.
España es el segundo país de la Unión Europea, después de Grecia, en el que más ha crecido la inmigración irregular. El incremento se ha agudizado en la denominada ruta Canaria con un aumento exponencial de desembarcos hasta el punto de que el archipiélago Canario lleva diez meses con los servicios de acogida de menores colapsados.
A esta ruta hay que sumar el incremento de inmigrantes procedentes de Mauritania y la situación insostenible en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Al margen de las complejas causas que inciden en los flujos migratorios, y de la ineficaz e insuficiente política común de la Unión Europea, estamos ante una emergencia migratoria que necesita de respuestas inmediatas desde el punto de vista humanitario.
Las limitaciones del actual modelo de acogida demandan un pacto de Estado, cuya iniciativa debe partir del Gobierno socialista, que debe pensar más en el bien común de la sociedad y menos en satisfacer las demandas restrictivas frente a la inmigración de sus socios independentistas catalanes.
Un pacto de Estado basado en el principio de solidaridad, a traves de un acuerdo bilateral con las Comunidades Autónomas, destinado a una acogida integral que se combine con una política exterior bien definida de limitación con los países de origen de las personas migrantes.
