El expresident de la Generalitat huido en Bélgica Carles Puigdemont ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial recién constituido la «desatención y el retraso injustificado y reiterado» por parte del juez Pablo Llarena a la hora de resolver los recursos de reforma que su defensa presentó tras no serle aplicada la ley de amnistía.
En un escrito de 11 páginas al que ha tenido acceso este diario, la defensa de Puigdemont, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, advierte que Llarena ha «excedido con creces» el plazo legalmente previsto en la ley para resolver en reforma. Aunque previsiblemente el instructor del procés incidirá en sus argumentos para no amnistiar al expresident, al considerar que la norma no es aplicable al delito de malversación, el trámite es necesario para que su decisión pueda ser apelada ante la Sala de lo Penal, un órgano en el que un mayor número de magistrados valorará el asunto.
«Intencionada pasividad»
Se retrasa igualmente un eventual recurso posterior ante el Tribunal Constitucional, por lo que la defensa de Puigdemont considera que «con su intencionada pasividad», el juez Llarena «pretende entorpecer la aplicación de la amnistía acordada mediante la Ley Orgánica».
El alto tribunal, por su parte, no piensa acelerar su respuesta, según las fuentes consultadas por este diario, rechaza cualquier tipo de imposiciones y adelanta que responderá que no es responsable de los fallos que presenta la norma aprobada por las Cortes, según ya publicó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Llarena no tiene previsto resolver los primeros recursos hasta septiembre.
La defensa considera que los vocales del Consejo deben valorar si esta posición es constitutiva de infracción disciplinaria por parte de Llarena, y apunta la posible aplicación de hasta tres artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regulan posibles sanciones al juez. Añaden que han presentado dos recordatorios de la pendencia de dichos recursos de reforma, «de modo que no cabe duda alguna de que el Excmo. magistrado instructor ha tenido un conocimiento singularizado de las particulares circunstancias del asunto (…) a pesar de lo cual ha continuado sin despacharlo».
El escrito apunta además que Llarena solicitó dejar sin efecto su licencia de vacaciones «con el anhelo notorio de supervisar la captura del Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, lo que, además de poner de manifiesto lo malicioso de la dilación, indica que no existe razón justificada de ninguna clase para no resolver dentro del plazo legal».
