La normativa establece que los informes de investigación sobre accidentes en el mar han de emitirse en los doce meses siguientes al siniestro; en caso de no disponer de todos los elementos de prueba, la institución de turno ha de publicar en ese mismo plazo, al menos, un análisis provisional. Es lo que hizo la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) con el Villa de Pitanxo, que fue a pique el 15 de febrero de 2022 con el resultado de 21 fallecidos y solo tres supervivientes. Aquel trabajo no especuló con las causas del hundimiento, pero sí confirmó irregularidades que había advertido Faro de Vigo: el pesquero salió de Vigo sin los resultados de las PCR, con tripulantes de más a bordo y, según los certificados, con trajes de supervivencia insuficientes para todos. Elementos que apuntan a una negligencia pero no a una causalidad de por qué el pesquero de Grupo Nores escoró fatalmente a babor hasta terminar engullido por las olas. Esta conclusión sí figurará en el informe final de la Ciaim y, hasta no conocerlo, el juez instructor de la Audiencia Nacional no cerrará la investigación.
Por eso Ismael Moreno ha atendido la petición de las acusaciones y ha prorrogado por otros seis meses la fase de instrucción, que expiraba el 2 de septiembre, al considerar “esencial” ese estudio de los técnicos. “Se prorroga seis veces más el plazo […] para la finalización/conclusión de las presentes diligencias, al encontrarse pendiente la práctica de diligencias esenciales para un mayor esclarecimiento de los hechos”, dicta literalmente el auto, al que ha tenido acceso este periódico. Tampoco se han realizado “varias declaraciones testificales”, y no descarta que sea preciso requerir otras más “para el esclarecimiento de los hechos”. De modo que, por lo pronto, la investigación judicial proseguirá hasta el tercer aniversario del naufragio, el más grave para la pesca en España desde el del Marbel (1978).
“A las bravas”
Con todo, el magistrado dispone ya de un informe pericial realizado igualmente por expertos de la Ciaim, aunque solicitado de manera paralela y que lleva la firma de Alejandro Iglesias Marqués y David Bejarano Barro, jefes del Área de Investigación de accidentes marítimos y del Servicio de Investigación, respectivamente. Su trabajo llegó a una conclusión rotunda: el Villa de Pitanxo naufragó como consecuencia de una maniobra negligente del patrón, Juan Enrique Padín Costas, que reventó el motor por querer liberar “a las bravas” el aparejo de un embarre. Y abundó que el balance de fallecidos fue tan abultado por la errática evacuación del buque: no se hacían los simulacros obligatorios –la armadora lo niega– y nadie sabía cómo proceder ante una situación de emergencia. Desveló asimismo que los trajes de supervivencia estaban caducados –el de Padín no había vuelto a ser revisado desde su fabricación, en 2001– y constató que el motor no se paró, como defiende el capitán, de manera súbita e inexplicable. “La simple parada del motor propulsor de un buque no basta para que se hunda en cuestión de minutos”. Como analizó este periódico, no existe precedente en el mundo de ningún naufragio de estas características motivado únicamente por la parada del motor principal.
Pero hay otra prueba técnica que aprieta el cerco sobre la versión de Padín, que también sostiene la compañía pesquera. Es la realizada en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (Cehipar), donde se construyó una maqueta para recrear la estructura del Pitanxo y someterla a continuación a unas condiciones similares a las de aquella madrugada de febrero. Aquel test, eso sí, se ejecutó con bastantes incógnitas: se desconoce qué carga llenaba el copo, cuántos metros estaba estirado el cable –las grabaciones al pecio fueron posteriores a estas pruebas–, cuánto pescado había ya en las bodegas o cómo y de qué forma embarró el aparejo. Pero no dio lugar a dudas en lo concerniente a la pérdida fatal de estabilidad del pesquero, de 50 metros de eslora: la miniatura del Villa de Pitanxo no se hundió en la piscina de pruebas, en ninguno de los supuestos que fueron evaluados, como avanzó también FARO.
El capitán, ya jubilado, tiene la condición de investigado (imputado) por la presunta comisión de 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores. También están en esta situación la empresa Pesquerías Nores, su director general y el responsable de Flota.
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