el Gobierno ha mandado «cero euros» y 5.000 menas se hacinan en 81 centros

Fue entonces cuando, «por fin», el Gobierno de la nación decidió atender el «drama humanitario» que denuncia el Ejecutivo autonómico. Acababa el curso político y Canarias reclamaba «solidaridad» a Moncloa ante el «colapso absoluto» de sus servicios sociosanitarios.

El Gobierno reaccionó presionando a las Comunidades Autónomas para impulsar un reparto, al menos, de los menores no acompañados, conocidos como menas. Como ni a las CCAA ni al Gobierno de Pedro Sánchez les convenía admitir la inacción de los últimos años, nadie aireó que «en los últimos tres años, sólo se han trasladado a la Península 428 menores».

Hoy, según fuentes del Gobierno insular, son más de 5.000 los menores extranjeros no acompañados que están siendo atendidos bajo la jurisdicción canaria. Están «hacinados en 81 centros de acogida, repartidos por todas las islas», explican.

Y no por desidia o falta de esfuerzo de los cabildos o del equipo de Clavijo, aseguran, «sino por falta de medios, el Gobierno de la nación ha mandado cero euros«.

Los datos acumulados a fecha de 15 de agosto son alarmantes. Ya han arribado a las costas canarias 22.304 personas, en 340 embarcaciones.

El alza de más del 126% con respecto al mismo periodo de 2023 —cuando habían llegado 9.864 migrantes irregulares en patera— anticipa una situación «dramática» a finales de verano, se advierte desde el entorno del presidente del Gobierno de Clavijo.

Porque el año pasado se cerró con casi 40.000 desembarcos, en un total de 610 cayucos, «y ya entonces estábamos saturados, además de desatendidos».

Son esencialmente ciudadanos procedentes del África subsahariana, que saltan al mar, aprovechando las corrientes, desde las costas de Marruecos, el Sáhara y Mauritania. Y el problema se sigue agravando en las islas, donde el entorno de Clavijo advierte de que «el final de agosto va a ser dramático».

De 3.000 ‘menas’ a 5.000

Nada más regresar a la presidencia autonómica, tras cuatro años de Ejecutivo socialista comandado por el actual ministro Ángel Víctor Torres, el también líder de Coalición Canaria concedió una entrevista a este periódico.

Entonces, aún se debatía si la única diputada de su formación iba a apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas no llamaban a CC, a la que dejaron para el final, pero finalmente el PSOE firmó la asunción de la llamada «agenda canaria». Es decir, atender las emergencias migratoria, energética y sociolaboral de las islas.

Clavijo, recién formado su gobierno de coalición con el PP, respondía sobre la «inmoralidad» de la amnistía y la «injusticia» de la condonación de la deuda catalana, molesto por tener que atender a la actualidad nacional.

«Mientras hablamos de eso, no atendemos a los verdaderos problemas de la sociedad, y yo me debo a los canarios», decía, tratando de desviar la conversación con el periodista.

Y lo logró cuando recordó las «traiciones» a los acuerdos de ejercicios pasados. «Nosotros [CC] pactamos los Presupuestos de 2023 estando en la oposición en Canarias. ¡Pero no han cumplido! No han mandado los planes de pobreza, no ha mandado los planes de empleo, no han mandado los fondos para la inmigración, no han mandado los fondos para los menores no acompañados«, que entonces eran 3.000.

Hoy son «más de 5.000» y ni el dinero llega de Moncloa ni la solidaridad de otras regiones se sustancia en nada, recuerdan las fuentes oficiales del gobierno de las islas. «Seguimos asumiéndolo todo nosotros, con recursos de los canarios».

Si antes de apoyar la investidura de Sánchez, Clavijo aseguraba estar «lleno de desconfianza», hace apenas un mes acusaba al ministro Torres de crear un «conflicto político» artificial con el PP, utilizando la polémica de la inmigración, porque él era testigo de que los de Alberto Núñez Feijóo «sí querían negociar» y, sin embargo, el socialista los despreció en mensajes telefónicos.

Hoy, tras conocerse las últimas cifras oficiales, las fuentes de su entorno califican la actitud de Torres, ministro y expresidente de las islas, de «impresentable».

Tensiones sociales

La crisis migratoria de este 2024 está provocando ya tensiones sociales de toda índole. Desde problemas de convivencia a bloqueo de los servicios sanitarios. «Si llega una patera a El Hierro, la reducida dotación sanitaria de la Isla tiene que dejarlo todo y acudir al puerto«, explican las fuentes.

«Eso paraliza la atención primaria, los servicios de enfermería… todo».

La política migratoria es competencia del Estado, pero la atención sociosanitaria recae en las Comunidades Autónomas. «No es lo mismo una región peninsular que nuestro caso», recuerda este portavoz del gobierno canario. «Aquí, si desde Moncloa no se impulsan coordinadamente los costosos traslados, la presión asistencial no deja de crecer».

Y en los últimos meses, denuncian, los traslados son «muy escasos»… y «ninguno si hablamos de menores». La ley marca que los niños sin progenitor a cargo deben ser tutorizados por los servicios sociales de la Comunidad Autónoma en los que residan. «Y eso significa alojamiento, escuela, atención médica y social, para su adaptación».

Desde el año 2021, el total de traslados de menores a otras regiones españolas ha sido de 428. «Es absolutamente insuficiente», lamenta el entorno del presidente insular. «Seguiremos atendiéndolos con todo a nuestro alcance, pero el migratorio es un problema de toda España y de Europa. Solos y sin recursos, no podemos«.

La emergencia migratoria lleva más de un año instalada en Canarias, «ya es peor que la de 2006, la que se conoció como la crisis de los cayucos«. Pero, dentro de la política española, sólo halló una ventanita de oportunidad a inicios del verano.

Pero desde entonces, las únicas consecuencias han sido políticas: para empezar, la ruptura por parte de Vox de las coaliciones de gobierno que mantenía con el PP en seis Comunidades Autónomas (Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura, Región de Murcia y Baleares).

Por otro lado, el decaimiento en el Congreso de la reforma de la ley que impulsaba Moncloa —en contra del criterio de Canarias, que reclamaba un decreto urgente—, no augura que ahora vaya a cambiar nada, reconoce el entorno de Clavijo. Porque el real decreto que podría imponer la solidaridad, no saldrá del Consejo de Ministros.

Tendría que convalidarse antes de 30 días y, de momento, lo único que se ve entre PP y PSOE son acusaciones cruzadas, culpándose mutuamente de «utilizar la migración para fines políticos».