Una segunda prórroga del Presupuesto restaría a Sánchez al menos 1.000 millones de gasto público

Esta segunda prórroga presupuestaria prueba la fragilidad política del Gobierno de coalición. Las nuevas Cuentas no pueden salir adelante sin los votos de Junts. Y sin nuevas cuentas, el Ejecutivo se queda con menos radio de acción fiscal.

Es decir, se tendrá que someter a los límites de gasto de los Presupuestos de 2023, que son los prorrogados. Eso elimina casi mil millones de capacidad de gasto, y sin ellos no se podrán crear nuevas ayudas o prestaciones sociales, puesto que no tiene capacidad para financiarlas.

Y todo porque no podrá contar con los siete votos de un Puigdemont rabioso para sacarlas adelante, como ya demostró tumbándole el techo de gasto en el último pleno del mes de julio.

Y además, sin Presupuestos nuevos… ¿cómo se van a pagar las deudas políticas? Es decir, ¿cómo va a cumplir Sánchez los compromisos adquiridos con sus socios?

Legislatura fallida

«Una segunda prórroga de los Presupuestos es la demostración de que estamos ante una legislatura fallida, completamente estancada», lamentan fuentes de la dirección del PP. «Sánchez sólo ha sido capaz de sacar adelante la infame Ley de Amnistía», con la que logró su investidura.

«Es otra prueba más de que el presidente no piensa en gobernar», añade este portavoz, «sólo en estar en Moncloa».

Ocurre que si el resto de promesas se las lleva el viento de la incapacidad de gobernar, quienes le dieron el Gobierno le acabarán retirando sus votos. Primero, por la «venganza» de Puigdemont contra el pacto con ERC que ha hecho a Illa president. Y segundo, porque ese pacto no podrá ser cumplido, y Esquerra comprobará el engaño.

«Es lamentable que la mejor opción para la democracia española sea que el presidente es un mentiroso«, apunta otro dirigente del PP. «Porque la otra es que se cargue España».

España ya tiene experiencia, relativamente reciente, en prórrogas presupuestarias consecutivas. Pedro Sánchez estuvo gobernando con los últimos Presupuestos aprobados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en 2018. Lo hizo en 2019 y en 2020. Las cuentas públicas de 2021 fueron las primeras que tuvieron el cuño del líder del PSOE. 

Desde el punto de vista económico, el principal problema de no lograr aprobar Presupuestos y afrontar una segunda prórroga es no poder aprobar medidas nuevas, tales como ayudas o prestaciones, ni poder elevar la capacidad de gasto. 

Según explica Ignacio Ruiz-Jarabo, que fue director de la Agencia Tributaria entre 1998 y 2001, «no se puede aprobar ex novo una partida para crear y financiar una subvención o una prestación nuevas». 

Este fiscalista, que también fue presidente de la SEPI en la segunda legislatura de José María Aznar como presidente del Gobierno, añade que no es posible hacer un cambio presupuestario de tal calado ni siquiera «a través de un proyecto de ley o un real decreto-ley. Es necesario un nuevo presupuesto«. 

Pero claro, tampoco puede crear nuevos impuestos con los que seducir a las comunidades autónomas que, en su inmensa mayoría, se han mostrado contrarias al cupo catalán.  

Por un lado, porque «rompe la caja única» del régimen común. Y por otro, porque están gobernadas o bien por barones socialistas que necesitan la solidaridad interregional, o bien por el PP que, junto a Junts, rechazaría todo intento de aprobar Presupuestos en las Cortes. Cada uno, por sus motivos, pero con intereses, en este caso, coincidentes.

Juegos malabares

En cualquier caso, si bien una prórroga presupuestaria impide crear nuevas partidas, ello no significa que no se pueda jugar con las ya existentes.

«La vía de las modificaciones presupuestarias da mucha flexibilidad. No hace falta ley ni un real decreto-ley. Se pueden cambiar créditos de un concepto a otro, pero sin elevar el gasto global«, que no se puede rebasar y se mantendría prorrogado.

Se trata de cambios que se ejecutarían sobre el gasto corriente y permitiría, por ejemplo, elevar los salarios de los trabajadores públicos si es necesario. Por ello, este experto considera que la prórroga presupuestaria supone «más un problema político que económico». 

Con todo, admite que estos cambios presupuestarios requieren de cierta arquitectura legal y, sobre todo, deben mantener el equilibrio del gasto recogido en los Presupuestos prorrogados. Es decir, que no se puede rebasar el límite de gasto fijado en las Cuentas. 

Con estos juegos malabares, si finalmente se prorrogaran las Cuentas para 2025, se mantendría el límite de gasto de 198.221 millones de euros de 2023, pese a que en años sucesivos se hayan aprobado nuevos techos de gasto. Aquí lo que manda son los Presupuestos, en este caso prorrogados.   

Cabe recordar que si se tramitaran Presupuestos, el gasto se ampliaría hasta los 199.171 millones, que es lo propuesto por el Ministerio de Hacienda, casi 1.000 millones más. Es decir, que la prórroga presupuestaria recortaría la capacidad de gasto respecto a lo previsto por el Gobierno. 

En cualquier caso, Para Ruiz-Jarabo, el límite de gasto, menos amplio, del presupuesto prorrogado permitiría que España cumpliera más fácilmente las nuevas reglas fiscales europeas que entran en vigor este mismo año. 

Esto debería limitar el déficit y ayudar al cumplimiento de dichas reglas fiscales europeas, explica el exdirector de la Agencia Tributaria: se limita el gasto en un contexto en el que «los ingresos por impuestos siguen creciendo con buena salud gracias a la inflación». 

Por otro lado, recuerda que en caso de emergencia o crisis, se puede recurrir al Fondo de Contingencia. Así se hizo en 2020 durante la irrupción de la Covid-19, por ejemplo. 

Efecto reputacional

El economista Javier Santacruz se muestra de acuerdo con las valoraciones de Ruiz-Jarabo y comparte que la prórroga presupuestaria implica «un efecto reputacional en un Gobierno que no puede sacar adelante la ley más importante«. En definitiva, bajo su punto de vista, más peso político que económico. 

De hecho, Santacruz coincide en que la prórroga presupuestaria de dos años «tendrá una afectación positiva en el déficit público«.

En cualquier caso, recuerda que aunque el Gobierno no pueda generar nuevas medidas o partidas, «hay muchas que no se han ejecutado en los últimos años. Varias relacionadas con el ingreso mínimo vital (IMV), por ejemplo». 

El economista hace énfasis en que prorrogar presupuestos no tiene por qué ser necesariamente malo para la economía. «Bélgica lo hizo durante tres años seguidos y continuó creciendo. Todo va bien mientras funcione la máquina de los ingresos -los impuestos- y se pueda captar deuda a precios razonables». 

El precio interno

Pero, como decíamos, la investidura de Illa a cambio del concierto económico prometido a ERC tiene un precio interno que desestabiliza la base del Ejecutivo. Tanto el partido de Sánchez como su Gobierno de coalición y sus socios parlamentarios están quebrados por la maniobra del cupo catalán.

Primero, el PSOE está más que dividido. Sus barones regionales más prominentes rechazan el plan: el líder de facto de este grupo de disidentes, el castellano-manchego Emiliano García-Page, bramó en contra del cupo catalán con un «hasta aquí», la semana pasada. Los socialistas de Aragón, Asturias y Extremadura opinan lo mismo. Y hasta los sanchsitas Juan Espadas (Andalucía) y Juan Lobato (Madrid) se han mostrado reticentes.

En segundo lugar, Sumar. Hasta Carlos Martín, portavoz económico de la formación, proclamó su oposición al acuerdo PSC-ERC por «insolidario». Y, sobre todo, por ser un «primer paso serio hacia la demolición» del sistema de financiación autonómica.

Hasta que se hizo pública la postura de Martín, dos días antes de la investidura del socialista catalán, la formación de Yolanda Díaz presumía del imposible equilibrio de defender la «financiación singular»… a pesar de a los efectos que tendrá sobre la financiación autonómica.

En cualquier caso, ya no había unión entre sus 27 diputados: Izquierda Unida (5 escaños) no aprueba el nuevo modelo bilateral para la Generalitat. Además, Compromís (2) y la Chunta (1) se niegan a aceptar privilegios para la región. Y el BNG, de momento, sólo aplaude la medida si a Galicia le dan lo mismo… aunque, en realidad, no le saldrían las cuentas.

Cuadrar los números

Sin el favor de Junts, Sánchez renunciaría por segundo año consecutivo a sus Presupuestos a cambio del anunciado «pase de página» en Cataluña. Pero, en realidad, necesitaría aprobar las Cuentas públicas para comenzar a atender lo pactado entre el PSC y ERC. 

Los Presupuestos de 2025 son los que deben abordar, según lo pactado con ERC, la cesión del IRPF a Cataluña. Sin embargo, esto no será posible sin los votos de Junts. E incluso con ellos, aún quedaría reformar el resto de leyes necesarias, la LOFCA, la del sistema de financiación de las CCAA y la de cesión de impuestos a Cataluña.

Fuentes del PP recuerdan que esta región tiene «un peso dentro del PIB español cercano al 20%». Aplicar el acuerdo firmado por Illa y Marta Rovira significaría «quitar uno de cada cinco euros» para que se los queden «los gobernantes de Cataluña».

Así, al PSOE le toca la ardua tarea de lograr que todos sus socios aceptaran como bueno algo que, en un principio, les perjudica.

Cesiones

Fuentes socialistas apelan a la reforma de la ley de financiación del régimen común de las CCAA, pendiente desde 2014, como la vía para ello. A pesar de que no hay detalles, se da por seguro que María Jesús Montero ofrecerá nuevas cesiones de impuestos a los gobiernos regionales como vía de compensación.

Sin embargo, este extremo se antoja complicado. No hay que olvidar que el Partido Popular gobierna en 12 autonomías. Y fuentes de Génova ya han confirmado que todas estas regiones recurrirán esta reforma, en caso de ser presentada.

Por otro lado, la vicepresidenta Montero, responsable del Presupuesto, aún no ha dado explicaciones respecto a por qué ahora sí es posible el «concierto económico» que ella negaba hasta dos semanas atrás.

«Montero es un cero absoluto», señala la dirección del PP. «Tras fracasar con los Presupuestos, se ha escondido porque no sabe cómo justificar un sistema de financiación que provocará la independencia fiscal de Cataluña y que solo traerá más chiringuitos para los independentistas».

Tanto para la reforma de la financiación autonómica como para unos eventuales Presupuestos de 2025, las matemáticas parlamentarias son claras. El PP (137 diputados) votará no. Vox también (33). Lo mismo que Coalición Canaria y UPN (1 cada uno). Pero a ese bloque que votó la investidura de Alberto Núñez Feijóo (172) se unirían los siete escaños de Junts.

Si no quieren perder el favor de sus votantes, se sumarán los de Compromis (2) y los de la Chunta Aragonesista (1). Y no son descartables más disidencias en Sumar, después del toque arrebato de su portavoz económico.