El periodo estival, con sus vacaciones y sus altas temperaturas, puede hacernos olvidar que hace tan solo dos meses todos los españoles estuvieron llamados a votar en las elecciones europeas. Esta cita con las urnas, el pasado 9 de junio, puso fin a un ciclo electoral que, por momentos, pareció interminable. Desde que arrancó 2023 se han celebrado en España comicios locales, autonómicos -en distintas fases-, generales y europeos. Un año y medio en el que Pedro Sánchez y las dos portavoces del Gobierno que ha tenido, Isabel Rodríguez y Pilar Alegría, han logrado el dudoso mérito de ser los más sancionados por la Junta Electoral Central (JEC), hasta en siete ocasiones. En total, han tenido que abonar más de 12.000 euros.
La Junta Electoral Central, ese órgano encargado de arbitrar la competición electoral y que vela por el cumplimiento de la ley orgánica del régimen electoral general (LOREG), recibe cientos de denuncias cada vez que se convocan elecciones. Y, más allá de algunas excepciones, todas se deben a lo mismo: la vulneración del artículo 50.2 de la LOREG que prohíbe el uso de «cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos» para hacer campaña. Dicho de otra forma, emplear las ruedas de prensa institucionales para criticar al oponente o sacar pecho de los éxitos propios. Aquí ha estado la falta de Sánchez, Rodríguez y Alegría.
Sanciones al Gobierno
El presidente del Gobierno, que ya fue sancionado con 500 euros por conceder una entrevista en la Moncloa antes de las elecciones de noviembre de 2019, acumula en el último año y medio tres expedientes sancionadores. El primero, por unas declaraciones críticas con PP y Vox que pronunció en una rueda de prensa en Bruselas, en calidad de jefe del Ejecutivo, días antes de la celebración de las elecciones generales del pasado verano.
Otro por una visita al astillero de Navantia en Ferrol antes de las elecciones gallegas de febrero de este año. Y, el último, por ensalzar la figura de Salvador Illa en un acto oficial en Doha (Qatar) durante la campaña electoral catalana. Las tres infracciones le han supuesto a Sánchez una sanción total de 3.700 euros: 2.200 el primer expediente, 1.500 el último y el segundo está aún en trámite.
La actual portavoz del Gobierno, así como su sucesora, también han sido sancionadas en dos ocasiones cada una. Las multas, 4.400 euros a Alegría y 4.700 a Rodríguez, se deben a que ambas criticaron al PP o a Vox durante las ruedas de prensa que se celebran en la Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros en distintos periodos electorales. La JEC considera que esto incumple la «neutralidad» exigida a las instituciones antes de la celebración de unos comicios.
Otros casos
Obviamente, Sánchez, Alegría y Rodríguez no han sido los únicos sancionados por la JEC. Lo que ocurre es que para incumplir el artículo 50.2 de la LOREG hay que estar en las instituciones para poder hacer un uso indebido de ellas. Prueba de esto es que el resto de sancionados son miembros de gobiernos autonómicos. El más relevante ha sido el ya expresident de la Generalitat Pere Aragonès que fue multado con 2.200 euros por hacer «electoralismo» en plena campaña de los comicios generales de 2023.
Durante este año y medio también ha sido sancionados el presidente del CIS, José Félix Tezanos, por no informar de la realización de una encuesta sobre intención de voto con 3.000 euros; el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, por incumplir el principio de «neutralidad» con 2.200 euros; a dos consejeros del Gobierno de Andalucía por sus críticas con «connotaciones electoralistas» dirigidas al Ejecutivo central con 2.200 y 2600 euros; o al Comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, José Ramón Barrera con 700 euros.
