Desde el PSOE y el Gobierno se aprovecha el verano para volver a colocar la justicia en el centro del debate político. Por un lado, los socialistas anunciaron este viernes medidas jurídicas y parlamentarias para que se investiguen supuestas corruptelas que afectan a la familia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en clara respuesta a los procedimientos que afectan a la familia del presidente Sánchez.
Lo hacen después de que los ministros Puentes y Bolaños hayan elevado desde principios de semana la presión sobre el Tribunal Supremo a cuenta de los recursos aún pendientes por la inaplicación de la amnistía tanto al expresident Carles Puigdemont como a los líderes juzgados en su día por el procés separatista. El alto tribunal, por su parte, no piensa acelerar su respuesta, según las fuentes consultadas por este diario, rechaza cualquier tipo de imposiciones y adelanta que responderá que no es responsable de los fallos que presenta la norma aprobada por las Cortes
Las palabras más gruesas contra las decisiones del alto tribunal han corrido a cuenta del ministro de Transportes, Óscar Puente, jurista de formación, que apuntó a una posible extralimitación por no aplicar los magistrados los supuestos de la ley a los líderes independentistas. Bolaños, por su parte, trató de rebajar esta postura poniendo el acento en los «argumentos jurídicos muy potentes» de los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado.
El titular de Presidencia y Justicia citó expresamente a la «sala de apelaciones» del Supremo en alusión a la Sala de lo Penal, que resuelve sobre las decisiones de los magistrados que instruyen, como es el caso del juez Pablo Llarena. Pero en el caso de Puigdemont, antes de que el asunto llegue a dicha Sala, aún queda pendiente que el instructor resuelva en trámite de reforma los primeros recursos del Ministerio Público y de los Servicios Jurídicos del Estado, y también el de Puigdemont. Solo entonces se activará el trámite de apelación.
Fuentes del Supremo señalan a este diario que, con independencia de las presiones recibidas y de las alusiones insultantes –Junts se refirió al propio Llarena como a un «Tejero sin bigote» por no aplicar la amnistía a Puigdemont- el órgano no tiene previsto acelerar ninguna decisión, y Llarena no dará a conocer sus resoluciones pendientes hasta el mes de septiembre.
Respuesta breve
Previsiblemente, los recursos serán denegados y la respuesta además será breve, expresándose en pocos folios. La idea en la que se asientan las resoluciones conocidas hasta el momento, en la que incidirán los nuevos autos, es que la redacción de la ley no fue la más adecuada si lo que perseguía realmente era eximir de consecuencias penales al expresident.
La responsabilidad de colocar a Puigdemont fuera del radio de acción de la amnistía no puede atribuirse, por tanto, al Supremo y sus magistrados, tal y como apuntan el ministro de Transportes y los socios de Gobierno en cada una de sus intervenciones, sembrando dudas sobre la independencia judicial, sino a los impulsores de la ley, que no la hicieron de forma correcta a los fines perseguidos. «No hay ninguna duda sobre ello», añaden las mismas fuentes.
Por lo que se refiere a los argumentos que el magistrado tiene sobre la mesa, la Fiscalía defiende que ha de aplicarse la amnistía a Puigdemont porque no hubo ánimo de enriquecerse personalmente ni daño a los intereses financieros de la UE, que son las excepciones que marca la ley para no perdonar la malversación. En similares términos se ha expresado la Abogacía del Estado.
Por su parte, la defensa de Carles Puigdemont, que ejerce Gonzalo Boye, ha recurrido lo que considera «la absoluta arbitrariedad de la operación política» llevada a cabo por . A juicio de esta parte, la interpretación que Llarena hizo de las excepciones a la ley de amnistía para no anular las acusaciones de malversación que aún pesaban sobre él es «arbitraria» «ilógica» y «desborda el marco de la racionalidad» además de constituir una flagrante vulneración de la voluntad del legislador.
