Isabel Díaz Ayuso continúa su pugna para que los millonarios paguen menos impuestos en la Comunidad de Madrid. Así, sigue el recurso del PP contra la imposición del Gobierno de España de restaurar el Impuesto sobre el Patrimonio. Esta se hizo a través de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y la aprobación del Impuesto Solidario a las Grandes Fortunas (ISGF). Con este tributo, aquellos contribuyentes que tengan más de tres millones de euros de patrimonio están obligados a pagar desde el pasado mes de marzo.
Por ello, el Partido Popular ha recurrido la decisión de que se restaure este impuesto. Pero no solo eso. La lucha de la presidenta madrileña, así como la de otras autonomías españolas, también ha incentivado a que los multimillonarios de su comunidad a impugnar esto ante el Tribunal Constitucional, bajo el asesoramiento de expertos en fiscalidad. Así, estos consideran que existe una posibilidad de que este organismo tumbe la restauración de este impuesto permanente.
Así, estos recurrentes se unen a la ola de impugnaciones que se han realizado en los últimos años contra el Impuesto sobre el Patrimonio. En concreto, buscan o bien que el Constitucional decida anular tal gravamen o bien intentar que dicho tribunal ponga en entredicho algún aspecto de este, con lo cual podrían seguir recurriendo ante la Justicia española el impuesto. Aunque se teme que la sentencia sobre la plusvalía afecte solo a quienes hayan reclamado.
Esta es la primera vez que los ricos en la Comunidad de Madrid han tenido que pagar el tributo que grava el Patrimonio de los que más dinero tienen. Por ello, las impugnaciones se han sucedido en las últimas semanas y se espera que continúen hasta septiembre. Tal y como adelantamos en este medio, los despachos de abogados esperan que el Constitucional se pronuncie este año 2024, de ahí que haya más prisas para las impugnaciones.
En realidad el impuesto llevaba en vigor desde el año 2009, pero contaba con una bonificación del 100% que permitía a las grandes fortunas no pagar nada a través de este tributo. Sin embargo, con la aprobación del ISGF y el aval del Tribunal Constitucional de este, los patrimonios superiores a tres millones de euros están obligados a pagar, aunque este permite deducirse lo ya abonado en el Impuesto sobre el Patrimonio.
El defecto de forma y el principio constitucional a los que se aferra el PP
En la pugna del PP madrileño contra el impuesto sobre el patrimonio, los populares se aferran a dos principales argumentos para que el máximo intérprete de la Constitución tumbe el tributo. En concreto, la formación azul esgrime que supone un defecto de forma, ya que se estableció como un impuesto permanente un tributo temporal ya derogado a través de los Presupuestos Generales del Estado. Por otra parte, considera que este vulnera el principio constitucional de no confiscatoriedad, que defiende que la recaudación impositiva del Estado nunca puede suponer la privación completa de bienes del contribuyente.
Sin embargo, se trata de argumentos muy débiles, de forma que muchos expertos en fiscalidad consideran que es difícil que el Tribunal Constitucional falle a favor de la postura del los populares. Sobre todo tras la sentencia de este mismo organismo que avalaba el ISGF y en la cual rechazó, por ejemplo, que se infringiese dicho principio de no confiscatoriedad.
A estos argumentos se unen los de los multimillonarios recurrentes. En concreto, estos han hecho referencia a daños sobre el principio de reserva de la ley, que se habría vulnerado con las constantes prórrogas consecuentes del tributo a través de los presupuestos estatales y de los Reales Decretos-ley. Aún así, los asesores no tienen claro que esto vaya a funcionar, lo que podría traer ciertos riesgos sobre los recurrentes. Sobre todo, porque el Ministerio de Hacienda podría cuestionar la tributación de estos contribuyentes a través de otros conceptos y que esto derive en que paguen más dinero aún.
No es la primera pugna de Ayuso por los impuestos a las grandes fortunas
Los recursos ante el Tribunal constitucional contra el impuesto sobre el Patrimonio no son nuevos para la presidenta madrileña. El Ejecutivo de Madrid presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas. Este tributo se instauró para los años 2023 y 2024 de forma que ayudase a paliar los impactos de la crisis consecuente de la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, la norma tiene una cláusula de revisión para evaluar su vigencia una vez pase el tiempo establecido.
Entre las causas de la impugnación de la Comunidad de Madrid a este impuesto figuraba la vulneración al principio de seguridad jurídica, el de capacidad económica y el de confiscatoriedad. De igual forma, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso esgrimió que este impuesto dañaba la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas. Sin embargo, el Constitucional rechazó estos motivos con una votación ajustada de siete frente a cuatro magistrados.
