España ha firmado una declaración conjunta con Estados Unidos y otros países para exigir al Gobierno de Nicolás Maduro que ponga fin a la violencia y libere a todos aquellos presos que han sido detenidos, «incluidos representantes de la oposición», en el marco de las protestas tras las elecciones del 28 de julio. A su vez, han reiterado la inmediata publicación de las actas electorales pues la demora de la misma «pone en cuestión» los resultados oficiales publicados que dan la victoria al chavismo.
Los países firmantes, reunidos en Santo Domingo de Guzmán, han un hecho un llamamiento «a la sensatez y la cordura en Venezuela» pues, según ha subrayado, es un momento «crucial» para el país y la región, por lo que «todos los actores sociales y políticos deben ejercer la máxima mesura en sus actuaciones públicas».
«La aceptación y el respeto a la dignidad e integridad de todas las personas son los principios esenciales sobre los que se erige la convivencia entre nuestras naciones», han indicado.
En este sentido, la declaración conjunta ha reivindicado el respeto a los principios democráticos, así como a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos y, en particular, ha insistido «en el derecho a manifestarse pacíficamente y a ejercer la libertad de expresión«.
Al hilo, España y el resto de países han mostrado su preocupación por «las denuncias de detenciones arbitrarias de venezolanos sin el debido proceso», algo que es alarmante, por lo que han pedido «su inmediata liberación».
«Expresamos nuestro profundo rechazo por la represión a manifestantes y por la violencia que ha costado la vida de muchos venezolanos en el contexto postelectoral. Hacemos un llamado urgente para que las autoridades venezolanas pongan fin a la violencia y liberen a todos aquellos que han sido detenidos, incluidos representantes de la oposición», han reclamado.
Además de España y Estados Unidos también han secundado la declaración Argentina, Canadá, Chile, República Checa, Costa Rica, República del Ecuador, Guatemala, República Cooperativa de Guyana, Italia, Marruecos, Países Bajos, Reino Unido, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, República de Surinam, Uruguay y la Unión Europea.
Verificación independiente
Por otra parte, los países firmantes han solicitado que se permita «el urgente regreso» a Venezuela de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. «Y hacemos un llamamiento a Venezuela a garantizar las condiciones adecuadas para que pueda desempeñar plenamente su mandato», han expresado.
Han recordado que Venezuela, como Estado parte de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, debe cumplir «con sus previsiones» y expedir los salvoconductos «que permitan a las seis personas asiladas que permanecen en la residencia oficial de la República Argentina, retirarse de forma segura del territorio venezolano».
En otro punto, los países han sucumbido el informe preliminar del Panel de Expertos de Naciones Unidas sobre las elecciones presidenciales de Venezuela «en el que se señala que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela aún no ha presentado las actas electorales que sustenten la veracidad de los resultados anunciados el 2 de agosto».
Así, se han hecho eco también de la versión digital del 80% de las actas digitales que dan una victoria a la oposición y «arrojan un resultado distinto al publicado por el CNE». «Tomamos nota», han avisado.
Por último, han insistido en «la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de esos resultados, preferiblemente por una entidad internacional, para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas». «Toda demora en que esto suceda pone en cuestión los resultados publicados oficialmente el pasado 2 de agosto de 2024», han avanzado.
Finalmente, los países de la declaración han apelado al diálogo y al entendimiento para resolver graves conflictos en el pasado. Hoy, más que nunca, Venezuela debe honrar ese legado para recuperar la convivencia pacífica, la seguridad pública y la estabilidad política», han indicado.
«El momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela. Nos comprometemos a apoyar todos los esfuerzos en ese sentido, abogando siempre por una solución genuinamente venezolana en la que prevalezcan la democracia, la justicia, la paz y la seguridad», ha concluido la declaración.
