La ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas es una asignatura que le ha quedado pendiente para septiembre al Ministerio de Trabajo. Los negociadores de la vicepresidenta segunda y ministra, Yolanda Díaz, esperan rematar esta cuestión a la vuelta de vacaciones –los agentes sociales están citados el 9 de septiembre– y convencer posteriormente a los distintos grupos políticos en el Congreso para que den apoyo a la norma.
Reducir por ley la jornada laboral afectaría directamente a unos 13 millones de asalariados en España, según los datos que maneja el Ministerio de Trabajo. Un impacto sustantivo y poliédrico, sobre el que tanto partidarios como detractores han vendido las bondades y peligros de la medida.
Aunque, en contra de lo dicho y opinado, la reducción de la jornada laboral no caerá por sí sola, cual fruta madura. Tampoco garantiza que si unos trabajan menos otros encontrarán empleo y se distribuirá mejor el trabajo. Así como tampoco está claro qué fue antes, el huevo o la gallina o si los países más productivos lo son porque trabajan menos o porque son más productivos, trabajan menos.
No llegará por si sola
En 1930, John M. Keynes visitó Madrid e impartió una conferencia titulada “Las posibilidades económicas de nuestros nietos”, en la que vaticinaba que en 2030, dados los avances en productividad, la jornada laboral media sería de tres horas diarias o 15 horas semanales. A un lustro de dicha fecha, el tiempo de trabajo medio pactado en los convenios colectivos es de 38,6 horas semanales y parece altamente improbable que se cumplan las previsiones del economista británico.
En el último siglo la jornada laboral media ha ido disminuyendo, aunque a un ritmo menor al necesario para llegar a las 15 horas keynesianas. Especialmente intensa ha sido la reducción en los últimos 50 años; en parte, por la inercia negociadora de patronal y sindicatos, y en parte, por cambios normativos. Como el que aprobó en 1983 Felipe González, que redujo por ley de 48 a 40 horas semanales la jornada máxima.
En la negociación de la actual reforma, que pretende bajar esas 40 a 37,5 horas, la patronal argumenta que la propia inercia de la negociación colectiva ya está encaminando la jornada media hacia abajo. «Vía negociación colectiva ya se está produciendo una reducción del tiempo de trabajo», afirmó el director de relaciones laborales de Foment del Treball, Javier Ibars, en la rueda de prensa para presentar el informe trimestral de la evolución del mercado laboral, el pasado 31 de julio.
No obstante, en los últimos 20 años el tiempo de trabajo pactado en los convenios ha permanecido prácticamente estancado. En 2000, según los datos recopilados por el Ministerio de Trabajo, la jornada media pactada era de 1.761 horas y actualmente, según cifras a cierre del primer semestre del 2024, la jornada media pactada está en 1.762 horas; una hora más al año que cuando se inauguró el siglo.
No garantiza crear más empleo
España no es el primer país de la Unión Europea que transita la senda por debajo de las 40 horas. Con la reforma liderada por Yolanda Díaz, aspira a convertirse en el tercer país del club de los 27 en trasladar por debajo de dicha linde la jornada laboral máxima. Uno de los argumentos que los partidos han sostenido para justificarlo, especialmente los sindicatos, es que dicha reforma creará empleo, ya que habrá empresas que deberán reforzarse para cubrir las horas que dejan de trabajar el resto de plantilla.
El país que sí fue pionero en el Viejo Continente y de cuya experiencia se pueden sacar algunas conclusiones fue Francia. En 2000 un presidente socialista, con un gabinete en el que incluyó a ministros comunistas, rebajó por ley la jornada ordinaria a las 35 horas. Y el resultado fue más empleo, sí, pero sostenido este por las bonificaciones de cotizaciones que introdujo el Gobierno para compensar a las empresas.
“El servicio de estadísticas del Ministerio de Trabajo francés cifró el impacto en 350.000 empleos. En lo que coinciden todos, incluyendo a economistas de todas las tendencias, es en que esa contratación extra se atribuye principalmente a la baja de las cotizaciones que acompañó a la reducción de jornada”, escribió el consejero de Trabajo en la embajada de París, Daniel J. Solana Gázquez, en una revista interna del Ministerio. Hoy por hoy, encima de la mesa negociadora el Gobierno no ha puesto ninguna bonificación de este tipo.
Otras experiencias que alertan de que reducir la jornada no necesariamente se traduce en más contrataciones son las de los programas piloto de la semana laboral de cuatro días. En el caso de Portugal, menos del 10% de las 41 empresas participantes acabaron contratando a más personal.
Según explica el coordinador del piloto, Pedro Gomes, muchas compañías cubrieron huecos gracias a la mejora en las tasas de absentismo, ya que al reducir el tiempo de trabajo, bajó también el estrés o la ansiedad y los empleados cogían menos bajas. Las conclusiones de dichos programas, no obstante, son limitadas y están condicionadas por un sesgo de autoselección, ya que al final solo participaron aquellas sociedades que voluntariamente quisieron, que no reflejan la totalidad de la economía.
Otras estimaciones, como las elaboradas ex profeso para el caso español por el gabinete de estudios del BBVA, apuntan directamente a que reducir la jornada por ley destruiría empleo. Según sus números, rebajar todas las jornadas a las 37,5 horas semanales implicaría un aumento de los costes laborales unitarios del 1,5%, lo que elevaría ocho décimas la tasa de paro.
Tampoco garantiza un aumento de la productividad
«A medida que avanzamos en la reducción del tiempo [de trabajo] mejora la productividad”, afirmó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un desayuno informativo del Nuevo Economía Fórum, celebrado el pasado 19 de julio. Entre los economistas no existe un consenso claro sobre qué fue antes: ¿el huevo o la gallina? Es decir, ¿los países más productivos son más productivos porque trabajan menos? ¿O los países más productivos primero son muy productivos y luego se pueden permitir trabajar menos?
“Hay circunstancias y ocupaciones en las que una jornada más corta puede traducirse en una mejora de la productividad, aunque no necesariamente de la misma magnitud, pero también hay muchas otras en las que esto no es cierto”, sostiene Fedea en un informe. Sus autores, J. Ignacio Conde-Ruiz, Jesús Lahera y Analía Viola, también reconocen que los análisis de qué impacto tuvieron las últimas reducciones de jornada en Alemania o Portugal sobre la productividad no fueron “concluyentes”.
A conclusión diferente llegaron los economistas Luis Cárdenas y Paloma Villanueva en su artículo académico publicado en el Cambridge Journal of Economics. Ellos realizaron una proyección sobre qué impactos tendría reducir la jornada laboral a las 35 horas semanales, una referencia que ya han adoptado algunas administraciones públicas. Y, según sus números, la productividad nominal bajaría, ya que se produciría lo mismo, pero a un mayor precio/hora, pero la productividad por hora subiría, al trabajar producir más o menos lo mismo en menos tiempo.
No abrirá «en canal» todos los convenios colectivos
Una de las máximas que ha ido repitiendo el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en actos públicos y entrevistas en medios de comunicación es que reducir por ley la jornada «abriría en canal» una gran parte de convenios colectivos. Según su razonamiento, el hecho de introducir una norma que rebajaría la jornada a ocho de cada 10 asalariados cubiertos por la negociación colectiva obligaría a renegociarlos.
Es algo que, por ejemplo, no ha sucedido con las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), que han provocado que los sueldos de algunas categorías quedaran obsoletos. Pese a ello, las empresas han actualizado las nóminas de sus empleados y ninguno –legalmente- se ha quedado cobrando menos.
El campo catalán, por ejemplo, lleva desde 2020 con el convenio colectivo vencido. Patronales y sindicatos no se han puesto de acuerdo para renovarlo y la categoría de peón, la más frecuente entre los temporeros, tiene un sueldo fijado de 950 euros brutos al mes (14 pagas), inferior a los 1.134 euros que establece el SMI.
¿Significa eso que los peones cobran menos que el salario mínimo? No, las empresas les pagan el sueldo estipulado por convenio y un suplemento hasta alcanzar ese mínimo de 1.134 euros. Si no lo hacen, los empleados pueden denunciarlo ante Inspección de Trabajo. En materia de jornada, el ‘modus operandi’ podría ser el mismo, si bien sí abona el terreno a una mayor inseguridad jurídica en la aplicación, ya que cada empresa debería hacer su primera interpretación de cómo aplicar la reducción horaria.
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