En el mar de urbanizaciones y viviendas ilegales construidas durante décadas a lo largo y ancho de la comarca de la Safor, llama la atención que solo tres municipios hayan recibido ayudas de la Generalitat para redactar planes que permitan reducir el impacto que causan esas construcciones y, al mismo tiempo, hacer que sus dueños dispongan de los servicios mínimos exigibles.
Según acaba de informar la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, esos tres municipios de la Safor son Barx, la Font d’en Carròs y Benifairó de la Valldigna, lo que demuestra que al menos esos tres gobiernos locales se sienten implicados en tratar de solucionar un problema que siempre ha quedado pendiente en las políticas de ordenación del territorio en la Comunitat Valenciana.
El lado negativo es la actitud del resto de municipios afectados, que de hecho son la mayoría, que siguen eludiendo la obligación de reducir el impacto ambiental y los efectos perniciosos de esas viviendas o urbanizaciones construidas en suelo no urbanizable, bien sea común bien protegido, especialmente en cuanto a la contaminación de acuíferos por la inexistencia de sistemas de evacuación de aguas residuales, pero también de riesgo de incendios o de la inexistencia de accesos adecuados que, en no pocas ocasiones, incluso impiden la retirada de residuos.
Entre 54.000 y 240.000 euros
Para solucionar el problema, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio concederá ayudas a 28 municipios de la Comunitat Valenciana destinados a la redacción de Planes Especiales de Minimización de Impactos Territoriales (Pemit). La convocatoria de esas ayudas se destinaba a localidades de hasta 20.000 habitantes, todas las de la Safor excepto Gandia y Oliva. Los beneficiarios, en este caso Barx, Benifairó y la Font d’en Carròs, recibirán entre 54.000 y 240.000 euros para llevar a cabo esos proyectos.
En el caso de Barx, la ayuda permitirá disponer de los planes de minimización que afectan a las zonas de la Puigmola y Bancal Domènec, muy cerca del casco urbano, donde hay decenas de viviendas construidas sin licencia.
En el caso de la Font d’en Carròs, uno de los municipios que más interés ha puesto en solucionar este problema, el año pasado ya se redactó el plan de minimización que afecta a 22 viviendas en la zona del Calvari, situada entre el casco urbano y la carretera de la Font a Oliva. La ayuda de este año, que será la segunda, afecta a la zona de les Encrecuades, al suroeste del término, con otras 22 viviendas afectadas en una superficie aproximada de 5 hectáreas.
En Benifairó de la Valldigna el plan que el ayuntamiento pretende redactar afecta a las viviendas ilegales de las zonas de la Redonda y la Muntanyeta, pero fuentes municipales señalan que están pendientes de hablar con los propietarios para determinar si es mejor un proyecto único o acogerse individualmente a planes de minimización de impactos que deberían promover los dueños. De adoptarse esta última opción, el consistorio renunciaría a la ayuda.
Para acogerse a estas ayudas es necesario que haya núcleos de viviendas con una densidad igual o superior a tres construcciones por hectárea y que estén implantadas sobre ámbitos de suelo no urbanizable. Las ayudas se conceden en función del número de viviendas en cada núcleo.
«La administración debe ser motor y ejemplo en materia de urbanismo y cuidado del medio ambiente y, por ese motivo, la Conselleria de Medio Ambiente pone en marcha estas ayudas para facilitar esta tarea a los municipios», destaca el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra.
El ayuntamiento redacta y los propietarios aportan
Una de las claves que ha frenado siempre la ejecución de obras que minimicen las viviendas o urbanizaciones ilegales a lo largo y ancho de la Comunitat Valenciana es que son los propios propietarios quienes tienen que aportar el dinero para financiarlas. En este caso también es así. La Generalitat anima a los ayuntamientos, y por eso les concede ayudas, para que se redacten los planes de actuaciones que se tienen que ejecutar en cada una de las zonas, pero una vez se disponga de ellos los propietarios han de contribuir a pagarlas.
El coste de los trabajos dependerá de cada caso concreto. Hay lugares en donde ya existen infraestructuras realizadas, incluso con viviendas en suelo no urbanizable que disponen de electricidad, agua potable y accesos en condiciones. En otros casos todo eso está por hacer y resulta necesario invertir mucho dinero. Una de las deficiencias más habituales es la carencia de sistemas de evacuación de aguas residuales que, en el caso de zonas donde hay muchas casas, acaban contaminando acuíferos y degradando el medio ambiente. Allí donde se ejecuten estos planes de minimización los propietarios también ganan derechos respecto a sus casas.
