Cualquier ciudadano medianamente interesado por la cosa pública podría interrogarse sobre la virtualidad de la existencia del Estado de Derecho en España tras el escándalo de la aparición del prófugo Puigdemont en Barcelona. Se trataría, no de la apariencia formal de su existencia, sino de la realidad de la misma. Ahora ya no se trata de preguntarse el por qué, desde hace tiempo, se aprueban leyes que infringen la Constitución como, por ejemplo, es el caso de la ley que contempla sanción penal diferente para hombre o mujer para un mismo delito, vulnerando el artículo 14 de la C.E., que consagra la igualdad de los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo. Es una muestra del populismo legislativo que ni siquiera Feijóo, supuesto defensor de las libertades, osa cuestionar. O por qué desde el Gobierno no se impulsa ninguna medida legislativa que acabe con la ocupación de viviendas, desatendiendo el mandato del artículo 9.3 de la C.E. que garantiza el principio de legalidad y la seguridad jurídica; el del 24 que reconoce el derecho a una tutela efectiva de jueces y tribunales sin que pueda producirse indefensión y el del artículo 33 que reconoce el derecho a la propiedad. Es otro de los peajes pagados por el socialismo al comunismo de sus socios que le garantiza continuar usufructuando el poder.
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