Tras la segunda huida de Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto, y aún pendiente una decisión final del Tribunal Supremo sobre la postura del juez Pablo Llarena, que encuentra en la presunta malversación cometida por el líder del procés un obstáculo insalvable para poder aplicarle la ley de amnistía, el debate político ha vuelto a centrarse en las dificultades que la norma está encontrando en el alto tribunal. Los ministros Óscar Puente y Félix Bolaños critican las decisiones adoptadas hasta el momento y el PP pone el acento en que desde el Ejecutivo se dé por supuesto que el Tribunal Constitucional acabará aplicando la ley al expresident. Mientras tanto, crece el malestar en el seno de ambos órganos, que exigen respeto.
Después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, iniciara la semana señalando una posible extralimitación del Supremo con respecto a Puigdemont, algunas asociaciones judiciales y también desde el alto tribunal se llamó la atención Gobierno por sus ataques a la independencia judicial. Pese al intento del minimizar el choque del ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños -que puso en el acento en los recursos de la Abogacía del Estado y la Fiscalía aún pendientes de resolver-, Puente volvió este miércoles a la carga.
Más palabras de Puente
«¿A nadie le llamó la atención que los jueces se pronunciaran sobre la ley de amnistía antes de que fuera promulgada?¿A nadie le han llamado la atención las manifestaciones con las togas puestas en las puertas de las audiencias provinciales? ¿Es esa la misión del Poder Judicial? ¿No hay ahí una interferencia?», se preguntó el ministro, recordando el papel de muchos miembros de la judicatura durante la tramitación parlamentaria de la norma.
Desde el Tribunal Constitucional, donde todos sitúan el horizonte final del asunto una vez la Sala de lo Penal del Supremo -como se prevé- confirme las decisiones de Llarena, reconocen su malestar por lo que califican de «imprudentes declaraciones de políticos que pretenden anticipar nuestras decisiones sobre recursos que ni siquiera se han planteado».
«El respeto a las instituciones, y el Constitucional es la más relevante en nuestro modelo, debería imponer a los políticos un mínimo de contención«, agregan las fuentes consultadas por este diario en el órgano de garantías. El reproche se hace tanto a Puente, por hablar sobre resoluciones futuras, como al portavoz popular Esteban González Pons, por descalificar el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido en función de las manifestaciones del primero.
Recuerdan que la decisión de Llarena de denegar la aplicación de la amnistía a Puigdemont todavía no es firme y está pendiente de los recursos de reforma y apelación ante el propio Tribunal Supremo. «Solo si se confirma por la jurisdicción ordinaria, podrá ser impugnada en amparo ante el Tribunal Constitucional, y cuando llegue ese momento lo estudiaremos», agregan.
Mientras tanto, cualquier anticipo del criterio que finalmente se adopte no constituye más que una ofensa al tribunal, cuyos miembros rechazan «de forma contundente, venga de donde venga».
Frente a esta defensa de su independencia, la que reclama el propio ministro Puente con respecto a su libertad de expresión a la hora de opinar sobre las resoluciones del Tribunal Supremo al aplicar la ley de amnistía. Si los órganos defienden su legitimidad a la hora de aplicar las leyes, el titular de Transportes alude a su formación como jurista para avalar sus críticas y subraya que también los jueces criticaron al Gobierno y al Congreso cuando se estaba debatiendo la ley.
