Un mar de sacos llenos de escombro de obra. Esa es la estampa que se encontró hace unas semanas un vecino de la Urbanización MonteCañada de Paterna, concretamente en el Camino Rabosar, por lo que alertó a la Policía Local de sus sospechas de que una empresa de reformas pudiera estar depositando los restos de obra en una zona no autorizada del medio natural de la capital de l’Horta Sud.
Tras recibir el aviso, agentes de la Unidad de Emergencias y Medio Ambiente (UEMA) se desplazaron al lugar en el que supuestamente se estaban produciendo los hechos delictivos, comprobando una alarmante cantidad de vertidos en el lugar. Así, los agentes iniciaron una investigación para intentar dar caza a la persona que estaba arrojando los vertidos, infringiendo gravemente la normativa municipal, y comenzaron a realizar una «vigilancia discreta» para no ser vistos por los posibles autores, informan desde el cuerpo policial local.
Multa de hasta 30.000 euros
Gracias a esta estrategia, al cabo de unas horas los agentes pillaron in fraganti a una furgoneta que estaba accediendo al lugar, donde se disponía a seguir arrojando más material junto al que ya se encontraba almacenado de manera ilegal en la zona. Tras reconocer los hechos, el hombre fue denunciado por incumplir la Ley de Residuos de la Generalitat Valenciana acusado de arrojar aproximadamente 10 toneladas de vertidos.
De esta manera, según indica la normativa autonómica, el hombre se enfrenta a una sanción cuyo importe oscila entre los 600 y los 30.000 euros, eso sí, siempre y cuando el delito cometido sea tipificado como grave. En el caso de que sea tipificado como muy grave la multa podría superar el millón de euros. Además, en ambos casos, el denunciando se enfrenta a una inhabilitación de hasta un año para el ejercicio de su actividad así como la suspensión o revocación de la autorización de hasta un año.
La Policía se mantendrá vigilante
Desde la Policía Local de Paterna advierten que desde el cuerpo van a continuar controlando los vertidos en origen denunciando a los infractores físicos, así como a los contratistas de obras que no controlan el destino final de los escombros que se generan.