Para los jueces y magistrados, en especial los del Tribunal Supremo, no constituye ya ninguna novedad escuchar reproches desde diferentes ámbitos políticos tras decidir que las especiales circunstancias que rodean el proceso penal contra el hoy doblemente huido Carles Puigdemont le dejan fuera de la ley de amnistía. No obstante, esta semana parece haberse dado un paso más después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, haya acusado directamente al alto tribunal de extralimitarse con sus decisiones.
Desde la judicatura se vuelven a lamentar estos ataques y se asume que no cuentan, aún, con un Consejo General del Poder Judicial que se encuentre operativo y salga en defensa de la independencia de la justicia, puesto que el órgano no tiene aún presidente tras evidenciarse una gran división interna en su mismo nacimiento. Por esta razón, ninguna voz oficial en la judicatura ha reaccionado ni a Puente y a Junts, donde hoy se ha llegado a comparar al magistrado Pablo Llarena con un «Tejero sin bigote» por su decisión de mantener la orden de detención contra el expresident Puigdemont.
Pese a la posición expresada por Puente, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha rebajado este martes el tono, aunque sin renunciar a defender los recursos «con argumentos muy potentes» que están pendientes de resolverse por parte de la Abogacía del Estado y la propia Fiscalía, y poniendo distancia entre estos operadores jurídicos y «el partido ultraderechista Vox», personado en la causa.
Desde el Supremo se recuerda a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que los ataques han alcanzado también a otro órgano que, en principio, parecería ser favorable a los intereses del Gobierno, como es el Tribunal Constitucional, al adelantar Puente su convencimiento de que acabará facilitando la aplicación de la amnistía al ex líder del procés. Pero añaden que «anticipar el resultado de un proceso ante el Tribunal Constitucional cuando todavía no son firmes las resoluciones del Supremo es propio de dictaduras bananeras», afirman desde este órgano.
Desde el órgano de garantías se limitan a señalar, según las fuentes consultadas, que no responden a las opiniones que puedan dar los políticos. «El Constitucional no tiene nada cerrado, y solo cuando acceden recursos y pretensiones delibera y decide», agregan.
¿Futuras querellas?
Por la parte que le toca, en el Supremo señalan que desde el Gobierno parece que busquen amedrentar a los magistrados amenazándonos sutilmente con una querella por prevaricación. A veces, llegan a añadir las mismas fuentes, da la impresión de que en términos penales el ministro sería inimputable.
Para el Foro Judicial Independiente, se continúa en esa dinámica del desprestigio del poder judicial cuando no casa con el discurso político que interesa en cada momento. «Se olvidan de que la amnistía de además de un acuerdo con sus consencuencias políticas es una ley», agrega Fernando Portillo, que lamenta especialmente las palabras de Puente sobre extralimitación por parte del Supremo.
Puente, según el portavoz de esta asociación, parece conocer las técnicas de interpretación jurídica más que el Tribunal Supremo, y sus palabras no pasarían de constituir una «atrevida ignorancia» si no fuese porque es miembro del Ejecutivo. Sobre dicho por Junts sobre Llarena, lo considera una ‘vuelta de tuerca’: «Qué podemos esperar si no es el insulto que quienes piensan que el Gobierno debe acogotar al poder judicial».
Las críticas, además, se acrecientan coincidiendo con una situación en la que el nuevo Consejo del Poder Judicial, renovado al fin tras más de cinco años en funciones, se encuentra sin presidente. «Nos hemos acostumbrado a que el Consejo salga en defensa de los jueces, y es lo deseable, pero quizá ahora no es el momento», se señala desde el Foro. Fuentes del Consejo se limitan a señalar a este diario que no les consta ninguna petición de amparo de ningún magistrado tras las últimas palabras sobre la inaplicación de la ley de amnistía.
Apuntes de prevaricación
Por su parte, Sergio Oliva, de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, apuntan que ya advirtieron cuando se aprobó la ley que su contenido iba a provocar que hubiese múltiples interpretaciones y ello supondría que las que no fueran a favor del sentir independentista fueron tildadas de prevaricadoras. «Es el punto en el que nos encontramos, pero la ley permite todas las posibilidades -añade-, hay que confiar en la independencia de los jueces».
Pero no todas las asociaciones parecen estar de acuerdo, desde Jueces para la Democracia apunta que la crítica a las resoluciones judiciales es parte de nuestro sistema, «siempre que no se descalifique al tribunal».
Lo único efectivo, señala su portavoz, Edmundo Rodríguez Achutegui, es el uso de los recursos o el amparo, porque la interpretación de las leyes corresponde a la judicatura. Se trata de un apunte muy similar al realizado este martes por el Ministro de Justicia, que confía en los argumentos contra la decisión inicial presentados por la Fiscalía y los Servicios Jurídicos del Estado.
«De hecho la Ley de Amnistía se aplica sin novedad reseñable por muchos tribunales en Cataluña«, añaden desde la organización progresista, para añadir que «l que es más discutible es la intervención de la malversación, que afecta a Puigdemont, como prueba la propia división del Tribunal Supremo en esa materia», puesto que la decisión de no aplicar la ley de amnistía no fue unánime en el alto tribunal.
