Renfe oculta el dinero que destina a indemnizar a sus clientes por retrasos en los viajes. La operadora nacional considera que hacer pública esta información puede «crear un injustificado descrédito» y un «perjuicio para los intereses económicos y comerciales» de la compañía, ya que no es posible obtener esta información de sus rivales, principalmente Ouigo e Iryo. Sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha desvelado a algunas de las cifras que ha tenido que destinar la empresa pública a compensar las llegadas más allá de la hora prevista: solo 42 millones de euros durante todo 2023.
En un escrito en respuesta a una solicitud realizada a través de Transparencia por ACTIVOS, el vertical económico de Prensa Ibérica, Renfe deniega desglosar de forma anual las indemnizaciones pagadas a sus viajeros durante los últimos 14 años porque provienen de «incidencias y dificultades que son inherentes a la explotación ferroviaria, las cuales en la mayoría de los casos son ajenas a la empresa operadora del servicio, que es una afectada más», más allá de que la ley en vigor permite a la empresa pública solo responder solicitudes en las que se requiera información de los últimos diez años.
Sin embargo, este mismo lunes, Óscar Puente, en una entrevista en Radio Nacional de España, aseguró que el compromiso de puntualidad de Renfe supuso tener que devolver hasta 42 millones de euros a viajeros, en lo que consideró un «suicidio económico». Solo las últimas incidencias que han provocado los trenes Talgo S106 (popularmente conocidos como Avril) han costado más de 2 millones desde su entrada en servicio el pasado 21 de mayo.
El pasado 1 de junio, Renfe actualizó (y endureció) su política de indemnizaciones hace solo dos meses. Según justificó la empresa pública en un comunicado de prensa, esto se realizó «para adaptarse a la liberalización del mercado ferroviario en España»: ahora, devuelve el 50% del precio del billete si el tren llega a su destino una hora más tarde de lo previsto o la totalidad del importe si el retraso en superior a una hora y media en sus servicios de alta velocidad AVE, Avlo o Alvia; mientras, antes del 1 de junio, en trayectos de AVE, devolvía el 50% por retrasos superiores a 15 minutos y el 100% si este superaba la media hora.
Hacer públicas las indemnizaciones, un «injustificado descrédito»
A pesar de que Puente ha desvelado algunas de las cifras, Renfe mantiene que hacer pública esta información puede suponer un «perjuicio para sus intereses económicos y comerciales». «Es patente que un informe como el requerido no puede ser obtenido de los competidores de Renfe Viajeros, señaladamente Ouigo e Iryo. Tampoco es posible obtener esta información de las compañías aéreas. Esta asimetría es dudosamente compatible con una sana competencia», respondieron en el escrito solicitado por este periódico.
La operadora presidida por Raül Blanco considera que, «si se hiciese pública información sobre eventuales incidencias en los servicios ferroviarios, adicional a la que es obligado publicar y comunicar a los usuarios afectados, se crearía una percepción en el público que afectaría de manera significativa e injustificada a sus intereses económicos y comerciales, por lo que dicha información debe ser considerada y tratada como un secreto comercial«.
Adicionalmente, según la operadora pública, gran parte de las incidencias en la explotación ferroviaria son ajenas a la empresa encargada de la prestación del servicio, lo que podría causar «un injustificado descrédito que afectaría negativamente a Renfe«, especialmente en el contexto de plena competencia en el transporte. «Este perjuicio, además, es especialmente grave teniendo en cuenta que los operadores con los que compite esta mercantil, en el modo ferroviario y en otros modos, no vienen obligados a facilitar este tipo de información, al no estar incluidos dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Transparencia», sentencian.
