Cuando hablamos de Derechos Humanos también hemos de recorrer un largo camino. En todos los frentes, también en en el del trato a los ciudadanos con algún tipo de trastorno de salud mental. La Confederación Salud Mental España (SME) ha hecho un inventario pormenorizado, con todas las normas y leyes que se están vulnerando, denunciando caso a caso, sector a sector, las discriminaciones vigentes en España. Porque lo cierto es que, sí, se ha avanzado en la conciencia social sobre el bienestar emocional. Pero restan todavía demasiadas barreras discriminatorias. Estas son algunas de las que persisten.
Barreras para acceder a seguros médicos
El informe cita casos concretos, que acabaron en los juzgados, por cláusulas abusivas por parte de compañías de seguros. Por ello SME lamenta que «para las personas con problemas de salud mental se hace prácticamente imposible superar el escollo de la discriminación en el acceso a la contratación de una póliza de asistencia sanitaria» y ello sucede sin «causas justificadas, proporcionadas y razonables, y documentadas previa y objetivamente. Esta conducta reiterada implica que las personas con discapacidad psicosocial sufran las barreras de carácter institucional, legal y actitudinal que les impiden disfrutar sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de las personas.
Bloqueo de cuentas bancarias
SME constata que en ocasiones los bancos deciden por su cuenta bloquear cuentas a personas con discapacidad. «Las conductas discriminatorias de las entidades financieras no se circunscriben solo a esta cuestión, ya que es una práctica ampliamente extendida que se deniegue a personas con problemas de salud mental la contratación de un seguro de vida o de una hipoteca«, añade la Confederación.
Discriminación de género
La salud mental, por desgracia, no es un espacio ajeno a la discriminación de género. SME ha atendido el pasado año un 65% de demandas de mujeres por un 35% procedentes de hombres.
A las mujeres se nos dice: «Te vas a quedar aquí encerrada, te vamos a atar y no vas a ver más a tus hijos»
Y las denuncias son de una gravedad extrema. Mercè Torrentallé, Esperanza Iglesias, Elisabet Lemos y Adela Montaño, integrantes de la Red Estatal de Mujeres de SME, relatan casos como el de convencer a una mujer que tiene que abortar por tener un problema de salud mental, ignorar procesos como el de la menopausia o practicar una masectomía sin informar a la paciente, entre otras. Iglesias relata que «a las mujeres se nos infantiliza bastante» y se les lanzan comentarios como «te vas a quedar aquí encerrada, te vamos a atar y no vas a ver más a tus hijos. Eso no creo que se lo digan a un hombre».
Niños y jóvenes, sin recursos
El informe recuerda que tras la pandemia las patologías en niños y jóvenes han aumentado notablemente. Solo a modo de ejemplo, en 2022, el suicidio entre personas de 15 a 19 años aumentó un 41% respecto a 2021: murieron 75 personas. Y ello contrasta con una evidencia: «si en España los recursos en materia de salud mental son manifiestamente insuficientes a nivel general, en lo que atañe a la salud mental infantil y juvenil son paupérrimos. El sistema público ha mostrado su total incapacidad para atender todos los casos y los y las psiquiatras no hacen más que subrayar la vital importancia de la atención temprana».
Si los recursos son insuficientes a nivel general, en lo que atañe a la salud mental infantil y juvenil son paupérrimos
SME ha conocido, además, que se producen prácticas lesivas para los derechos de los niños, niñas y adolescentes como es la de aislarlos, sin estudio individualizado del caso, de su familia o entorno afectivo asimilado, así como de sus iguales. Sin embargo, según se ha podido constatar, en otros centros se les permite contar con acompañamiento, al menos la primera noche, salvo que se considere perjudicial. La Confederación pide también que se creen programas contra la violencia, abuso y acoso infantil, que son focos graves en si mismos y como generadores de problemas posteriores de salud mental.
No esconder la cabeza ante los suicidios
La guía lamenta que el suicidio vinculado a situaciones de salud mental se encubre, se tapa, como si se tratara de un código secreto. SME reclama tres tareas básicas: «apoyo, terapia adecuada y red de atención accesible» para afrontar «la sensibilización en esta materia y saber que el suicidio se puede prevenir y, desde esta premisa, hay que acabar con los mitos e ideas erróneas sobre el suicidio para facilitar la desestigmatización y culpabilización».
En cuanto a los medios de comunicación, se recomienda referirse a las muertes por suicidio como un hecho, no como un logro; resaltar las historias de personas que ilustren cómo afrontar las ideas de suicidio y pedir ayuda; informar sobre las líneas de ayuda; informar sobre los factores protectores y de riesgo; recordar que existe una asociación entre la depresión y otros trastornos y la conducta suicida y que estos trastornos tienen tratamiento; ser especialmente cuidadosos al informar de suicidios de personas famosas; y tener precaución respecto a los contenidos concretos de la información periodística.
Acceder a la justicia, una odisea
Acceder a la justicia es un derecho básico de todo ciudadano. Pero para quienes sufren algún trastorno, eso se convierte en una montaña. SME lamenta que persistan numerosas barreras: de comunicación y de comprensión (el lenguaje jurídico es complejo), barreras en forma de trámites, falta de preparación del personal del sistema judicial y la falta de empatía. «No se está dando apoyo a las personas con discapacidad psicosocial, lo que sin duda constituye una vulneración de su derecho al acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás personas», constata SME.
Ingresos involuntarios y medidas coercitivas
Una de las piedras en el zapato -y es una piedra gorda- en la salud mental son los ingresos involuntarios de pacientes con problemas de salud mental. «Hablar de tratamientos e ingresos involuntarios en salud mental es hablar de libertad y dignidad humana en un tiempo y en un lugar en el que no imperan ni la una ni la otra, aunque hayamos normalizado su ausencia», afirma SME con firmeza. Y constata, en base a la realidad de las asociaciones de familiares y de usuarios de la salud mental, que «algo hay que hacer» y llama a que la sociedad también perciba esta necesidad.
En cuanto a las medidas coerctiivas (atar a determinados pacientes a la cama), el informe señala que «el empleo de medidas coercitivas que agreden la dignidad y derechos de las personas con problemas de salud mental continúa siendo una práctica común en su atención. Cierto es, también, que se están tomando medidas y poniendo en práctica planes en autonomías y centros de salud. El objetivo es del de contenciones cero. Es decir, «erradicar la coerción de la práctica asistencial en salud mental, a fin de adoptar y consolidar un modelo en el que prime el respeto a los derechos de las personas y la búsqueda de alternativas de tratamiento más respetuosas con su dignidad».
Personas mayores, las grandes ignoradas
SME constata que a medida que avanza la edad de las personas, crece la brecha de género en salud mental. Y crece también la tasa de mortalidad entre los y las mayores con trastornos mentales. Por si no fuera poco, eso genera discriminaciones como el edadismo (se confunde el problema mental con las consecuencias del envejecimiento), menor atención psico-social y mayor uso de pastillas y vulneración del derecho a los apoyos, entre otras.
