Una nueva proposición de ley antimigratoria en Suecia, que está siendo explorada por parte de un comité designado por el gobierno, pretende que los trabajadores del sector público, entre ellos médicos, trabajadores sociales y bibliotecarios, denuncien a las personas migrantes sin papeles ante las autoridades, una medida que el país sueco tiene entre manos desde 2022.
Así pues, con esta ley los funcionarios de instituciones gubernamentales como ayuntamientos y servicios públicos podrán correr el riesgo de enfrentarse a sanciones si no contactan con la policía cuando atiendan a una persona migrante en situación irregular.
Conocida popularmente en Suecia como «ley del chivato» fue una de las muchas medidas contra la población migrante incluidas en un acuerdo de 2022, alcanzado entre cuatro partidos de la derecha del país.
Este pacto permitió la formación de un gobierno de coalición integrado por tres de los partidos de centroderecha del país (Partido Moderado, Liberales, y Demócratas Cristianos) con el apoyo parlamentario de los ultraderechistas Demócratas Suecos (SD), un partido cuyo manifiesto busca crear uno de los entornos más hostiles de Europa para los migrantes no europeos.
Casi dos años después de que el SD se haya convertido en la segunda fuerza política de Suecia, el gobierno ha ordenado al comité que presente propuestas sobre cómo podría la medida antimigratoria convertirse en ley, con planes de presentar sus conclusiones al gobierno a finales de noviembre.
Gobierno sueco insiste
Sobre esta problemática derivada, el gobierno sueco ha informado que el comité que examina cómo podría convertirse en ley también está evaluando si la obligación de proporcionar información podría entrar en conflicto con valores profesionales, como sucede en el sector de la salud.
La Asociación de Médicos suecos, por su parte, ha aseverado que ellos trabajan en esta profesión para ayudar a la gente, «no para vigilarla y reportarla a las autoridades».
«Para asegurar que la normativa sea legalmente sólida y no genere consecuencias desproporcionadas para las personas, es posible que ciertas situaciones deban ser exentas de la obligación de proporcionar información«, tal y como ha señalado la ministra de Migración, Maria Malmer Stenergard a medios británicos.
Sin embargo, para la ministra, reportar a los migrantes ayudará a una «migración legal», permitiendo deportar «a quienes no sean dignos de asilo en el país». Para Malmer esta medida «no erosiona la confianza, la refuerza».
En la página oficial del gobierno sueco han publicado que «la política migratoria de Suecia está experimentando un cambio de paradigma. El Gobierno está intensificando sus esfuerzos para reducir, en pleno cumplimiento de los compromisos internacionales de Suecia, el número de inmigrantes que llegan irregularmente a Suecia»
«Sociedad en la sombra»
«Es necesario detener el fraude y los abusos en materia de inmigración laboral y combatir la ‘sociedad en la sombra’. Suecia seguirá teniendo normas de acogida dignas y aquellos que no tengan motivos para recibir protección u otro derecho legal a permanecer en Suecia deben ser expulsados», han informado desde la página web del gobierno sueco.
Esta postura del gobierno no parece calmar los ánimos entre una población, cuyo consejo de ética profesional, fundado por dos sindicatos suecos que representan a maestros, afirmó en mayo que la obligación de informar los colocaría en una situación imposible.
«Si la propuesta se convierte en realidad, podría conducir a problemas éticos tan graves para los docentes que nuestra conclusión es que la desobediencia civil probablemente sería la única salida razonable«, así lo declaró el consejo de ética en su página web.
La idea también fue rechazada por más del 90% de los bibliotecarios, quienes aseveran que preferirían perder su trabajo antes que informar sobre aquellos que están en necesidad. Para estos trabajadores se trata de «una cuestión de confianza, humanidad y democracia», informan los sindicatos.
En suma, ‘la ley del chivato’ convertirá a los migrantes, muchos de ellos residentes en Suecia desde hace décadas, en chivos expiatorios de los problemas de la sociedad. Lo cual afectará a las personas indocumentadas pero también a las personas provenientes de entornos migratorios y a personas racializadas en general.
Reacciones
La ‘ley del chivato’ o ‘ley del soplón’ ha despertado un gran malestar entre aquellos suecos que se oponen a que casi un millon de trabajadores, cifra de personas que trabajan en el sector público en Suecia, tengan que someterse a un clima hostil de sospecha y delación con sus conciudadanos.
«Esta propuesta es completamente inhumana» ha aseverado la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados a The Guardian. Las consecuencias podrían ser devastadoras, ya que la población que no tenga una situación regularizada en el país podría dudar en enviar a sus hijos a la escuela y estar menos dispuestas a acceder a servicios de salud o denunciar delitos en su contra.
«Las personas estarán aterrorizadas. ¿Por qué querría alguien ir a un lugar donde saben que lo más probable es que no reciban atención, ni puedan ir a la escuela ni a la biblioteca, porque serán denunciados?», ha afirmado la Plataforma.
Las asociaciones profesionales han señalado que esta propuesta podría socavar la confianza que les ha costado tanto tiempo construir, y en su lugar, conseguiría avivar el racismo y aumentar la estigmatización hacia el colectivo migrante.
UE: Ultraderecha vs. migración
Esta propuesta de ley se integra en una ola antimigratoria que recorre Europa que está provocando la criminalización de la solidaridad con las personas indocumentadas, según la Plataforma para la Cooperación Internacional.
Una corriente que podría venir dada por el ascenso de la ultraderecha en países como Italia, a manos de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, líder de los ultraderechistas Fratelli d’Italia.
Un ejemplo adicional de esta tendencia en alza, serían las medidas implementadas en el Reino Unido por Theresa May en 2012, donde se introdujeron políticas de «entorno hostil» que buscaban restringir el acceso al trabajo, a los beneficios, a cuentas bancarias, licencias de conducir y otros servicios esenciales para aquellos que no podían demostrar su derecho legal a residir en el Reino Unido.
Además de Suecia, Finlandia también está considerando ampliar las obligaciones de informar sobre personas en situación irregular, mientras que en Alemania, las oficinas de bienestar social llevan lidiando durante dos décadas con estas obligaciones de reporte.
Problemas derivados
Los problemas que podría acarrear una medida de este tipo son múltiples: en el caso de Reino Unido, se reveló que muchas personas que estaban legalmente no podían probar su estatus, y que el Ministerio del Interior clasificaba erróneamente a residentes legales como infractores de inmigración.
Esto llevó a la Oficina Nacional de Auditoría a concluir en 2018 que este tipo de políticas eran también perjudiciales para la población migrante que sí tenía papeles en regla.
Así pues, si la propuesta sueca se convirtiera en ley, el país podría enfrentar consecuencias similares, según la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados. «En todos los lugares donde se han impuesto obligaciones para denunciar a personas indocumentadas, el resultado ha sido más discriminación, sufrimiento y miedo«.
Expertos en migración internacional también han afirmado a medios británicos que la propuesta sueca, probablemente, tendría poco impacto en la reducción del número de personas sin papeles en el país.
Estos analistas consideran que gran parte de la población migrante no se irá, pero que sí empeorará su situación y que aislará a la población migrante que evitará tener contacto con sus coetaneos, aumentando su vulnerabilidad y haciéndolos más explotables.
Estos son los motivos por los cuales gran parte de la población sueca se está manifestando ante una medida tan drástica: en diciembre de 2023, más de 150 regiones, municipios, sindicatos y otros grupos de la sociedad civil sueca ya se habían manifestado en contra de la propuesta. Los ciudadanos dicen estar unidos contra este tema y afirman a medios británicos que es «un asunto clave».
Más emigrantes que inmigrantes
Según las últimas estadísticas, Suecia ha registrado por primera vez en los últimos 50 años más emigrantes que inmigrantes, según datos preliminares de la Oficina Central de Estadística (SBC) presentados este jueves por la ministra de Migración.
La inmigración neta este año hasta el mes de mayo fue de un -15 % en relación al mismo periodo del año pasado, mientras que la emigración ha aumentado en un 60%, con lo que se ha producido una pérdida neta de 5.700 personas, informa EFE.
La ministra ha aseverado qye «la cifra de solicitudes de asilo se está moviendo hacia un nivel históricamente bajo. Los permisos de residencia relacionados con el asilo siguen decreciendo y por primera vez en 50 años Suecia tiene emigración neta», ha señalado la ministra Malmer.
«Suecia ha dejado de ser un país de inmigración de asilo«, ha afirmado, al mismo tiempo que señala que el estado escandinavo necesita atraer a más migrantes «cualificados y altamente cualificados», lo cual, con la propuesta de ley que se podría acabar de forjar en noviembre, será bastante complicado.
Según los pronósticos de la Agencia Sueca de Migración, es posible que este año sólo se registren 10.000 solicitudes de asilo, lo que constituiría la cifra más baja desde 1997, aunque el dato no contempla a los refugiados ucranianos, que no necesitan acogerse a este proceso para recibir protección temporal.
Sobre el origen de las personas que se están marchando del país, el año pasado se incrementó la emigración de personas nacidas en Irak, Somalia y Siria, entre otros países.
