La investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat abre un nuevo ciclo político, pero también deja dos importantes asuntos por resolver para la Moncloa. El concierto económico en Catalunya pactado por el PSC con ERC ha tensado las costuras del PSOE, con buena parte de sus líderes territoriales cargando contra una fórmula que implica la salida de la comunidad del régimen común de financiación, y mientras tanto Junts ha dejado claro que habrá cambios en su relación con el Gobierno en el Congreso de los Diputados. Los colaboradores de Pedro Sánchez se muestran tranquilos sobre el malestar en las filas socialistas, que aseguran que se irá disipando conforme se conozcan más detalles y se interiorice la trascendencia que tiene la investidura del exministro de Sanidad. Con los posconvergentes, en cambio, albergan más dudas.
Junts, cuyos siete diputados en la Cámara baja resultan indispensables para que el Ejecutivo saque adelante sus iniciativas, reclama a Sánchez “acciones” concretas que garanticen la amnistía a Carles Puigdemont. Pero en la Moncloa contestan que ya no pueden hacer mucho más, una vez que el Supremo ha decidido no aplicar la ley al expresident, al concluir que el delito de malversación que se le imputa por el referéndum del 1-O no se puede beneficiar de la medida de gracia. Ahora, explican fuentes del Gobierno a EL PERIÓDICO, hay que “esperar”. Primero, a los recursos que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han presentado contra la polémica decisión del alto tribunal. Y después, al Constitucional. “El Gobierno ya no tiene más resortes”, señalan fuentes de la Moncloa.
La aplicación “integral”
Sánchez y sus ministros siempre han defendido que la amnistía, acordada con ERC y Junts a cambio de sus votos a la investidura del presidente a mediados del pasado noviembre, debe aplicarse a todos los independentistas. También a Puigdemont, que el pasado jueves, justo antes del debate en el Parlament que condujo a Illa al Palau, reapareció en Barcelona, protagonizó un mitin de cinco minutos en Arc de Triomf y después volvió a desaparecer a la vista de todo el mundo, burlando la orden de búsqueda y captura y sumiendo a los Mossos d’Esquadra en el descrédito.
Cuando se conoció la decisión del Supremo sobre la malversación, hace un mes y medio, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, dejó claro que no compartía los “argumentos políticos y jurídicos” de los magistrados. “La posición del Gobierno es esa. La ley se tiene que aplicar de forma integral, como señala su exposición de motivos. No sabemos a qué se refiere Junts cuando pide acciones concretas por nuestra parte. El Gobierno no tiene más resortes. Vamos a esperar a los recursos de apelación al Supremo”, continúan en la Moncloa, donde aseguran que Junts reconoce en la “intimidad” que al Ejecutivo no tiene aquí mucho margen.
El futuro de las cuentas
Pero el comportamiento en público de los posconvergentes es muy distinto. Sus siete diputados se alinearon hace tres semanas con el PP y Vox en el Congreso, votando en contra de los objetivos de deuda y déficit presentados por el Gobierno y frenando así la tramitación de unos Presupuestos para 2025 cuya suerte no está asegurada. Si Sánchez no logra sacarlos adelante, la sensación de parálisis se extenderá, dentro de una legislatura marcada hasta ahora por la sequía legislativa, y tendrá que enfrentarse a una enorme presión para que convoque nuevas elecciones generales.
Consciente de que casi todo en Madrid pasa por el partido de Puigdemont, el núcleo duro del presidente del Gobierno evita cargar las tintas. «Seguimos con absoluta normalidad relacionándonos con Junts como hemos hecho hasta la fecha, cumpliendo con los compromisos que se han establecido con ellos y ahora esperando también invitarlos para que puedan apoyar el proyecto de Presupuestos, que empezará su tramitación en septiembre», dijo el sábado, tras la toma de posesión de Illa, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La responsabilidad de la huida
Al igual que otros miembros del Gobierno, Montero quitó hierro a la reciente fuga del expresident. Para los socialistas, es un detalle de importancia menor, comparado con la investidura de Illa. Pero su huida les ha descolocado. En la Moncloa confiaban en que fuese detenido, algo que habría agilizado la probable anulación del auto del Supremo por parte del Constitucional, ya que las causas que afectan a un encarcelado tienen prioridad.
En cualquier caso, el Gobierno rechaza los paralelismos con lo ocurrido en otoño de 2017, cuando Puigdemont también se marchó de España para evitar ser juzgado. Sánchez culpó de aquello al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero esta vez, subrayan los colaboradores del líder del PSOE, la situación fue otra, porque los Mossos eran los encargados del operativo para arrestarle. La policía autonómica catalana, concluyen, es la única responsable de lo ocurrido.
