«Estados Unidos está llevando a cabo un intento a largo plazo de presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que abandone el poder a cambio de una amnistía«, asegura ´The Wall Street Journal` este lunes. Washington «ha discutido indultos para Maduro y sus principales lugartenientes que enfrentan acusaciones del Departamento de Justicia», sostiene la publicación, citando como fuentes a «tres personas familiarizadas con la deliberación» en la Casa Blanca. De acuerdo con uno de esos testimonios, la administración de Joe Biden ha puesto «todo sobre la mesa» para persuadir a Maduro a «salir antes de que termine su mandato en enero».
La noticia sobre esos furtivos esfuerzos norteamericanos para poner en marcha una transición no parecen coincidir por el momento con las novedades políticas en Venezuela. De hecho, el Palacio de Miraflores informó este mismo lunes a «la comunidad internacional» acerca de los «avances» del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que debe dar su última palabra sobre los resultados electorales que favorecieron al presidente y que son rechazados de plano por la Plataforma Democrática Unitaria (PUD), especialmente por su candidato, Edmundo González Urrutia y la líder de ese espacio, María Corina Machado.
El TSJ es considerado un apéndice jurídico del madurismo y esa es la razón por la cual González Urrutia fue el único competidor de los comicios que no se presentó ante esa instancia con las actas electorales en manos de la PUD. El máximo tribunal acaba de declararlo en desacato. Los jueces informaron que están abocados al «peritaje» de todo el material electoral «con valor probatorio» así como el referido al «ataque cibernético masivo del que fue objeto» el sistema informático del Consejo Nacional Electoral (CNE) cuya credibilidad no solo fue puesta en duda por la oposición sino por el Centro Carter que se desempeñó como observador de la contienda. El TSJ anticipó que su «sentencia definitiva» tendrá el «carácter de cosa juzgada» y, por lo tanto, sus decisiones, serán, «inapelables y de obligatorio acatamiento». Para los analistas no cabe duda de que ratificarán la victoria de Maduro.
La respuesta opositora
Machado ha reiterado de que es «innegociable» el resultado de las elecciones del 28 de julio que, insiste, le dieron el triunfo a González Urrutia. La PUD dice tener las pruebas que avalan esa certeza, mientras que el madurismo sostiene que carecen de esas actas y por eso no las presentaron ante el TSJ.
La dirigente de derechas ha convocado a una gran manifestación el próximo sábado para presionar al Palacio de Miraflores. La movilización ha mostrado un límite. Según el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), las reacciones en la calle a la decisión del CNE de proclamar ganador a Maduro han provocado 24 personas muertas y al menos 1500 arrestos. Lisette González, coordinadora de Monitoreo de esa oenegé precisó que las expresiones de descontento involucraron especialmente a los sectores más humildes de la sociedad y de una edad promedio que va de los 18 a los 25 años. «Estamos en presencia de un crecimiento exponencial de las detenciones arbitrarias, sobre todo si las comparamos con los registros de otros ciclos de protestas como 2019, 2017 o 2014″. El fiscal general Tarek William Saab habla de grupos violentos que fueron «financiados» desde el exterior y actuaron bajo efectos narcotizantes contra las fuerzas de seguridad, sedes escolares y del mismo CNE. La mayoría de esos atacantes, remarcaron, ni siquiera fueron a votar el 28 de julio. El propio Maduro se ha referido a un «ciber intento de golpe de Estado» que tiene a EE.UU como uno de sus promotores. Para Marino Alvarado, coordinador legal de Provea, la retórica oficial frente al conflicto es conocida. También «el amedrentamiento» y la «persecución» contra activistas y dirigentes opositores son «la continuidad de una política de persecución sistemática contra la disidencia»
Los esfuerzos de Brasil, México y Colombia
La encrucijada venezolana no solo encuentra a Estados Unidos como sigiloso gestor de una supuesta iniciativa. Brasil, Colombia y México también buscan una salida a una crisis que, si se profundiza, puede agravar el flujo migratorio. Más de siete millones de venezolanos abandonaron el país desde que se agudizó en 2014 el conflicto interno. Los presidentes Luiz Inacio Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador insistieron que es «fundamental» que el CNE presente las actas públicamente y desglosadas «por mesa de votación». Su planteo no difiere de EEUU y la UE. La novedad del reclamo es que proviene de países gobernados por fuerzas progresistas y liderazgos que han tenido una relación más cercana con las autoridades venezolanas, en particular el difunto Hugo Chávez. El chileno Gabriel Boric ha ido mucho más lejos en la impugnación al deslizar en su discurso la palabra «fraude». La situación venezolana abre por lo tanto algunas fisuras entre la izquierda latinoamericana. Un episodio lateral de estas fricciones se ha verificado en la ruptura de relaciones entre Brasil y Nicargua. Su presidente, Daniel Ortega, es uno de los aliados naturales del Palacio de Miraflores.
Maduro dijo el pasado viernes que tiene una conversación «pendiente» con Lula, López Obrador y Petro. Las charla, señaló el jefe de la diplomacia colombiana, Luis Gilberto Murillo, podría tener lugar esta semana. El fracaso de los esfuerzos tripartitos, reconocidos hasta por la propia Machado, agravaría una crisis que es interna y, al mismo tiempo, parte de un mapa de conflictos que atraviesa sus fronteras.
Suscríbete para seguir leyendo
