No trata el título de la pedrea de la lotería de Navidad cantada de forma monótona por los niños de San Idelfonso. Somos muchos los que insistimos en el valor paisajístico, cultural, social y ambiental del mosaico agroforestal mediterráneo. A raíz de los incendios forestales de Vall d’Ebo y de Betxí de 2022 se desató una reacción social y académica que insistió en que el cambio climático no es el único desencadenante de los mismos. Nadie parece darse cuenta de una gestión agroforestal inexistente, en la que la opinión pública ignora el hecho de que un elevado porcentaje de las superficie forestal es privada y en la que los «cuñados» reclaman a la administración que contrate a parados para que “limpien” el monte, a la vez que sospechan de que todo es una conspiración de Aemet y los burócratas de la Unión Europea contra los agricultores españoles.
Una gestión en la que los políticos valencianos de todo signo ignoran que el minifundio y la agricultura no profesional es la responsable en las zonas de más difícil cultivo de no menos de un 70% de las tierras cultivadas. Que ignoran que es imposible hacer competitivos esos minifundios y que lo que hay que hacer es darle la vuelta a lo que parece un problema, la agricultura a título parcial y el elevado porcentaje de jubilados que aun cultivan tierras, por razones puramente sentimentales, aprovechando el hecho de que al no vivir de ello, un pequeño estímulo los puede ayudar a persistir. Para ello solo hace falta no excluir a los no profesionales, con explotaciones de todos los tamaños, de las ayudas destinadas al no abandono de los campos. Desde entonces hemos intentado montar encuentros, más o menos informales, y llamar la atención de la prensa para reivindicar lo nuestro. El intento más que loable de lograr un plan integral de acción del anterior ejecutivo valenciano, quedó aparcado por el gobierno actual de forma oficiosa y sin preguntas. El caso es que, en los grupos de trabajo, muchas veces en whatsapp, no sé ya en cuántos estoy, nos damos cuenta de que es un discurso de consumo interno, para los ya convencidos, que no da el salto transversal y que no propone medidas concretas con cuantías precisas.
Es ahí donde, a raíz del último incendio en Benassau, Alcoleja y Penàguila, con más de 300 hectáreas, a pesar de ser controlado con relativa rapidez, vuelve a quedar claro que un grupo de parcelas cultivadas en Beniafé (Alcoleja) ayudó a frenar la expansión del incendio hacia la emblemática Sierra de Aitana. Ana Climent, que ya fue David venciendo a Goliat deteniendo los parques eólicos en la Coordinadora de estudis eòlics del Comtat, nos comentó que había que cuantificar cuánto costaba extinguir un incendio por hectárea, entre 10.000 y 19.000 euros según los trabajos del amigo e ingeniero forestal Ferrán Dalmau, y contrastarlo con el tamaño medio de las explotaciones agrarias de las comarcas del interior montañoso de la provincia de Alicante. La idea era ofrecer una medida concreta, pagar a todos los agricultores 1.000 euros por cada 10 hectáreas, como punto de partida, como, si me permiten la expresión, provocación para agitar a la opinión pública, para que se dé cuenta de que pagar por cultivar puede ser un incentivo para frenar el abandono de las explotaciones, y es solo una pequeña parte de lo que realmente vale ese trabajo. Estamos empezando y llegaremos donde podamos, pero el movimiento se demuestra andando.
