Todas las arriesgadas iniciativas lideradas por Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa frente a la crisis territorial en Catalunya (la mesa de diálogo con el Govern, los indultos, la rebaja de la malversación, la derogación de la sedición y la amnistía) buscaban el desenlace que tuvo lugar este jueves en el Parlament: la investidura de un president socialista como Salvador Illa. “Es el fin del ‘procés”, aseguran los colaboradores del jefe del Ejecutivo. El dictamen tiene algo de prematuro. Todavía es pronto para dar por sentado que las consecuencias de todo lo ocurrido durante el otoño de 2017 han quedado atrás. En el entorno de Sánchez reconocen que no ha sido nada fácil llegar hasta aquí.
Las medidas aprobadas han provocado malestar e incomprensión dentro del PSOE, y de todas ellas la que más revuelo ha levantado ha sido el reciente pacto con ERC para que apoye a Illa a cambio de un concierto económico para Catalunya, que si llega a cumplirse (algo que aún no está del todo claro) supondrá la salida de la autonomía del régimen común de financiación. Al mismo tiempo, la jornada de este jueves, con la breve aparición de Carles Puigdemont subido a un escenario en Arc de Triomf y su posterior fuga a la vista de todo el mundo, junto a la citación judicial de Jordi Turull, secretario general de Junts, por su presunto papel en la huida del expresident, remiten a los traumáticos hechos de hace siete años. Pero en el Gobierno central dicen estar convencidos de que ambos asuntos son pasajeros. La llegada del líder del PSC al Palau de la Generalitat tiene tanta trascendencia, según esta tesis, que todo lo demás es secundario.
Nada más ser investido Illa, Sánchez publicó un mensaje íntegramente en catalán en la red social X, la antigua Twitter. “Hemos trabajado juntos en las circunstancias más adversas. Sé de tu amor por Catalunya. Conozco tu templanza, tu sentido común y tu capacidad de trabajo. Justamente lo que necesita Catalunya. Serás un gran president. Catalunya gana, España avanza. ¡Enhorabuena, Salvador Illa!”, escribió Sánchez.
Los socialistas, que perdieron casi todo su poder territorial en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023, pasan ahora de gobernar tres a cuatro comunidades. Castilla-la Mancha, Asturias, Navarra y Catalunya, la más importante con mucho de este pequeño grupo. Pero no se trata solo de una cuestión de número de habitantes y capacidad económica. Con la investidura de Illa, Sánchez viene a demostrar que su respuesta frente al independentismo ha servido para desinflarlo, en contra de lo que sostiene el PP.
Aun así, el movimiento deja importantes piezas por encajar. La inquietud en el PSOE por la nueva soberanía fiscal para Catalunya pactada con ERC no remite, por mucho que los decibelios hayan bajado en público debido al parón estival. Sánchez y su vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, continúan sin dar explicaciones sobre el acuerdo alcanzado, que para que se materialice debe ser validado por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, con varios socios de la coalición del PSOE y Sumar, como Compromís, CHA y el BNG, dejando claras sus reservas.
Siete diputados indispensables
Allí, en la Cámara baja, también están los siete diputados de Junts. Resultan indispensables para que el Ejecutivo apruebe sus iniciativas, dentro de una legislatura marcada hasta ahora por la sequía legislativa, y los últimos acontecimientos, de la elección de Illa con los votos de PSC, ERC y Comuns al fugaz acto de Puigdemont en Barcelona y posterior escapada, no contribuyen al entendimiento. Al contrario.
Los socialistas se esforzarán durante los próximos tiempos en rebajar el malestar en sus filas y volver a atraer a los posconvergentes. Pero no será a corto plazo. “Discreción, tranquilidad y paciencia”, señalaron fuentes de la Moncloa. Tanto el Gobierno como el PSOE se instalaron oficialmente durante toda la jornada en el silencio, mientras varios miembros del Ejecutivo, incluido algún ministro, admitían en privado su desconcierto ante la fuga de Puigdemont.
Los colaboradores de Sánchez habían dado por hecho en los días previos que el expresident, sobre el que continúa pesando una orden de búsqueda y captura al considerar el Tribunal Supremo que la ley de amnistía no es aplicable al delito de malversación que se le imputa por el referéndum del 1-O, sería detenido sin mayores problemas. No fue así. Los socialistas culparon de la escapada de Puigdemont (su “último espectáculo”, dijeron) a los Mossos d’Esquadra, rechazando la responsabilidad que endosó Alberto Núñez Feijóo a Sánchez.
Pero hay un precedente que no termina de casar con esta visión. En 2019, durante el debate electoral de las generales celebradas el 10 de noviembre, el propio jefe del Ejecutivo señaló al PP de la huida del expresident, llevada a cabo dos años antes para evitar ser juzgado. “A ustedes se les fugó Puigdemont y yo me comprometo a traerlo”, le dijo el presidente del Gobierno a Pablo Casado, entonces candidato de los conservadores a la Moncloa. Eran otros tiempos. Desde entonces hasta hoy, Sánchez ha tenido que desdecirse de sus palabras, abrazando dos iniciativas que había rechazado con contundencia para lograr a cambio su continuidad en la Moncloa y la investidura de Illa: la amnistía y el concierto catalán.
