El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Isaac Buj – Europa Press
El plan de regeneración democrática esbozado el 10 de julio por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, ha levantado algunas acusaciones de que supone un intento de controlar a los medios de comunicación social; sin embargo, lo que se plantea, en mi opinión, es el desarrollo en España de «El reglamento de la UE que establece normas comunes del mercado interior de los servicios de medios de comunicación y crea el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación al mismo tiempo que garantiza la independencia y el pluralismo de los servicios de los medios de comunicación». Es el objeto del reglamento tantas veces citado en el último debate en las Cortes que tiene aplicación directa en toda Europa, no requiere trasposición legal, sino desarrollo por los parlamentos estatales. Después de setenta y ocho considerandos, los legisladores desarrollan en cuatro capítulos lo que será la regulación europea de los medios de comunicación. Derechos y obligaciones de los prestadores y los destinatarios, cómo salvaguardar su independencia y las obligaciones de los prestadores.
Las disposiciones finales, Capítulo IV, recoge la entrada en vigor y aplicación escalonada del mismo: El reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea ( ha sido el 17.4.24), y será aplicable a partir del 8 de agosto de 2025; el art. 1 entrará en vigor el 8 de noviembre de 2024; otros artículos entrarán en vigor en febrero de 2025- los art. 4,6,7 a 13, y 28 -o mayo de 2025- los art. 14 a 17- y, por último, el artículo 20 a partir de mayo de 2027. El reglamento en definitiva regula las prestaciones de medios de comunicación y las obligaciones de prestadores y receptores. Establece un Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, independiente, definiendo su estructura, su secretaría, sus funciones y medios de consulta.
También establece la obligación de los Estados de tener antes de febrero del 2025 las autoridades y organismos reguladores nacionales. Ahora bien, el capítulo III, sección 5 define «los requisitos para unas medidas y procedimientos del mercado de medios de comunicación de buen funcionamiento» y habrán de ser los Estados los que crearán las medidas nacionales que afecten a los prestadores de servicios de medios de comunicación, la evaluación de las concentraciones en el mercado de los medios de comunicación, sus dictámenes, la asignación transparente y equitativa de los recursos económicos, la medición de la audiencia, la asignación de fondos públicos para publicidad estatal y contratos de suministro o de servicios. También los Estados según la sección 4 entran en las prestaciones en un entorno digital. Se trataría de que tanto las plataformas como medios digitales estén sujetas a las mismas obligaciones que los convencionales. Esta es la tarea negociadora de los ministros de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Cultura, Ernest Urtasun, para lograr acuerdos con los grupos parlamentarios en las próximas semanas. Hay puntos que se tienen que aprobar sí o sí, aunque no haya consenso entre partidos porque es de obligado cumplimiento al venir de la UE.
En definitiva, lo que el Reglamento establece es la creación y regulación de un mercado de medios de comunicación de «buen funcionamiento». En paralelo a las instituciones y normas europeas cada estado miembro deberá hacer el suyo propio en un plazo fijado. No es, como perversamente se ha dicho, un invento del presidente Sánchez para controlar o censurar a los medios audiovisuales convencionales o digitales, incluidas las grandes plataformas que estarán sujetas a las mismas normas de responsabilidad, informativas, publicitarias y fiscales que el resto, en toda la Unión.
Los medios tradicionales llevan tiempo denunciando las condiciones ventajosas en que compiten los digitales y las redes sociales en la transmisión de noticias y videos. El Comité Europeo será la garantía de la convergencia normativa, la independencia de los medios y la cooperación comunitaria.
Culpabilizar, o atribuirle el mérito, a Sánchez no deja de ser una estupidez, el Reglamento lo ha aprobado el Parlamento Europeo con los votos de socialistas y populares. A los estados miembros corresponde desarrollar los capítulos citados que regulan las prestaciones de los medios de comunicación en su territorio dentro del marco del mercado interior salvaguardando el funcionamiento independiente de los medios y exigiendo sus obligaciones. Todo eso, incluyendo concentración, transparencia, financiación pública, medición de audiencias, etcétera, también lo votó el Partido Popular en Europa.
