El pasado mes de abril la Comunidad de Madrid volvía a dejar en manos de las empresas que habían repartido comida en mal estado a las residencias de mayores la alimentación de estos centros y otros de carácter social como de menores, ocupacionales o de personas con discapacidad.
El hecho causó gran indignación, un estado que ahora aumenta después de comprobar que, en el nuevo pliego -correspondiente al mes señalado- no aparece una sola sanción por parte de la administración de Isabel Díaz Ayuso a las compañías beneficiarias de los contratos.
De esta manera figura en el Portal de Contratación Pública de la región, para sorpresa -más todavía- de la portavoz de Políticas Sociales del PSOE de Madrid (PSOE-M) en la Asamblea, Lorena Morales. “En el pliego nuevo deberían aparecer las sanciones impuestas, como lo hacen en el pliego antiguo (…) Pero no encontramos nada».
El informe de Quimicral -empresa ocupada de la supervisión del servicio de alimentación- es demoledor”, advierte a la vez que recuerda cómo a algunos lugares llegaron incluso “cucarachas vivas” y que varias de las empresas se encuentran actualmente apercibidas con una multa millonaria por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Morales lamenta que no deja de obedecer a un modo de hacer habitual por parte del equipo de Sol, y es que algunas de las empresas polémicas aguantaron más de año y medio sin sanción. Además, afea que la Comunidad de Madrid “publique los pliegos de tal forma que no te enteres de nada”, complicando con ello la labor de los partidos políticos de la oposición y el derecho del ciudadano a la transparencia y la libre información.
Como solución, la diputada socialista emplaza que, si realmente el PP no quiere que estas empresas sigan al frente del servicio de comida de los centros sociales tendría que existir un sistema público de gestión directa o, en su defecto y como mal menor, elaborar unos “pliegos blindados” para que estas compañías “no se vuelvan a presentar y mucho menos a ganar”.
Nada más lejos de la realidad, no se incluyen como criterio excluyente asuntos tan graves, sobre todo cuando el consumidor final de los alimentos es una persona mayor o vulnerable, como que no se respete la cadena del frío: “Es un asunto que ha traído mucha cola y que la propia empresa -Femar en este caso- reconoce, y les vuelven a dar un contrato”, señala decepcionada la política progresista: “Les ponen las cosas en bandeja”.
Penalizaciones notificadas a las empresas de comida podrida
Las penalizaciones que recoge el informe Quimicral, al que ha tenido acceso ElPlural.com, se refiere a sanciones para la Plataforma Femar entre diciembre de 2022 y enero de 2024 por la situación en la que la comida llegaba a los centros.
Entre sus líneas se denuncia que los alimentos que entraban en los almacenes lo hacían en muchos casos»negros por dentro» o «podridos». Incluso, menciona la presencia de insectos como cucarachas o señala la presencia de «listeria» o «mercurio» en piezas. Las cantidades de las multas superaron en ocasiones los 15.000 euros.
Otro punto que destaca la responsable de Políticas Sociales de la formación que lidera Juan Lobato a nivel autonómico es que la mayoría de las sanciones llevadas a cabo no se han centrado tanto en el estado de los almacenes ni de la comida como en la falta de almacén.
Desde el Ejecutivo ‘popular’ explican que multaron a Femar por la situación de los almacenes en lugares como Rivas Vaciamadrid o Vallecas, puntos en los que los inspectores no hallaron mercancía de la empresa adjudicataria, que se había comprometido a contar con centror de distribución a una distancia mínismo. Igualmente, desde Sol defienden que son cosa del pasado -2022 y 2023- aunque la polémica haya continuado tras finalizar el último año, con multas que -según el informe- se consumaron en enero de 2024.
Entretanto, la principal empresa afectada siempre ha defendido la «excelencia» de sus productos y acusado que parte de los problemas -en lo que a la situación de los almacenes se refiere- vienen porque los almacenes, como el de Rivas y Vallecas, eran de proveedores suyos, pero no directamente de ellos. Asimismo, califica como positiva la evaluación de los espacios, a pesar de que la Comunidad de Madrid, señala la compañía, solo le ha compartido un informe.
Multas de la CNMC
El asunto de la comida podrida en las residencias se ponía todavía más seria después de que la CNMC sancionara con cantidades millonarias a siete distribuidoras de alimentos de las que forma parte Plataforma Femar (Femar), obligada a abonar 2.448.000 euros.
El órgano desmantelaba un total de tres cárteles que se dividen entre sí el suministro de alimentos a hospitales, residencias de mayores, centros penitenciarios e instalaciones del Ejército después de una exhaustiva investigación iniciada gracias a las consultas sobre contratos que realizaron funcionarios de otras administraciones de la propia CNMC.
Las culpas formales se dirimieron sobre siete empresas y cinco de sus directivos en una multa que supera los tres millones de euros a las compañías y alcanza los 176.100 para los responsables de las firmas. Las involucradas fueron Plataforma Femar, S. L. (Femar), Acacio, S.L. (Acacio), Serviline Foods, S. L. (Serviline), Asesores Llangon, S. L. (Llangon), Leonesa de Patatas, S. L, Hermanos Vidal, S. L. (Hnos. Vidal) y Frutícolas Ateca, S. L. (Ateca); algunas en el punto de mira por repartir comida en estado insalubre en centros de la Comunidad.
Las empresas afectadas, recuerda Morales, funcionan como una especie de cártel- En el último pliego, el correspondiente a abril de 2024, Femar y su filial se volvieron a presentar por diferentes lotes. Al hacerlo así, la empresa se asegura poder ganar todos ellos.
Con todo, en el último pliego para el reparto de comida queda claro que a Femar le corresponden cinco centros de mayores, 21 residencias de menores y una maternal; a Hermanod Vidal cinco residencias y a Frutícolas Ateca cinco centros de mayores y tres comedores sociales públicos. Todas las compañías acumulan críticas por el mismo motivo, protagonista de este artículo.
