Si no hay cambio de guion, el expresident, Carles Puigdemont, regresará en las próximas horas a España tras casi siete años residiendo en el extranjero. Lo hará para acudir al pleno de investidura de Salvador Illa -tal y como prometió en campaña y ha reiterado desde entonces-, y con una orden de detención vigente, después de que el Tribunal Supremo no viera amnistiable el delito de malversación en su caso.
La detención está prácticamente asegurada; lo asume tanto él como sus abogados, que ya han manifestado que cuentan con ese escenario y con «todos» los posibles al estar en busca y captura. La incógnita ahora es saber cómo volverá el expresident y hasta dónde podría llegar sin ser detenido. De ello dependerá cómo empiece a moverse el engranaje policial y judicial que se activará cuando Puigdemont pise suelo español.
La detención efectiva
El primer paso será la detención del expresident, algo que previsiblemente harán los Mossos d’Esquadra, pero que también podrían llevarlo a cabo otras fuerzas de seguridad del Estado, como la Policía Nacional, la Guardia Civil o incluso una policía local. Ello dependerá de por dónde decide cruzar la frontera Puigdemont, de qué forma lo hace y en qué lugar acaba siendo arrestado.
Su intención es llegar al Parlament para acudir a la sesión de investidura de Salvador Illa, pero el escenario de poder entrar en el interior sin ser arrestado es poco probable, ya que las puertas de la institución están custodiadas por todo el perímetro por los Mossos, quienes tienen la orden de arrestarlo y llevarlo ante la justicia. Si logra esquivar la barrera policial sin ser interceptado, Puigdemont tratará de intervenir en el hemiciclo y el presidente del Parlament, Josep Rull, intentará garantizárselo. Al salir, sin embargo, se da por descontado su arresto, al estar ya localizable para los agentes.
El juzgado de guardia
Sea detenido antes o después del pleno de investidura, los planes cuando esto ocurra son los mismos: Puigdemont será trasladado a Madrid para comparecer ante el Tribunal Supremo. Si en el momento de la detención el líder de Junts solicita un ‘habeas corpus’ alegando que considera que su detención es ilegal, algo que tanto él como su abogado, Gonzalo Boye, dan por hecho que es así debido a la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso, el expresident sería trasladado antes al juzgado de guardia que corresponda en función del sitio en el que se produzca la detención.
El magistrado de ese juzgado tendrá entonces 24 horas para dar respuesta a la petición de ‘habeas corpus’ del expresident. Fuentes jurídicas señalan a El Periódico que este escenario no tendría ningún recorrido, ya que el juez aduciría que la detención es legal al estar acusado por el delito de malversación y rechazar que este quede cubierto por la ley de olvido penal en su caso, por lo que descartaría su puesta en libertad.
Una vez resuelta esta cuestión, este juzgado informaría al Tribunal Supremo de la situación de Puigdemont y, previsiblemente, el Supremo pediría el traslado del expresident a Madrid para comparecer ante el alto tribunal, aunque también podría pedir una declaración por videollamada.
Puigdemont, ante Llarena
Lo más seguro es que, tras la detención y el paso por el juzgado de guardia pertinente, Puigdemont acabe siendo trasladado a Madrid por la Guardia Civil para llevarlo ante el Supremo y, más concretamente, ante el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, que interrumpiría sus vacaciones para poder interrogar al expresident y decidir si decreta prisión provisional para él o si lo deja en libertad.
De los dos escenarios posibles, el primero –prisión provisional– es el más probable, ya que Llarena consideraría que existe riesgo de fuga, al haber estado Puigdemont casi siete años en el extranjero sin comparecer ante la justicia española. Así lo señalan las fuentes jurídicas consultadas, que afirman que una vez el exjefe del Govern entrara en prisión provisional, empezaría la cuenta atrás hasta la celebración de un juicio.
Antes, sin embargo, se abre el abanico de recursos que su abogado podría presentar hasta llegar al Tribunal Constitucional y pedir medidas cautelarísimas para su puesta en libertad, mientras se resuelve si se le acaba aplicando la amnistía y antes de que se dicte sentencia.
Los efectos en el Parlament
Más allá del periplo judicial al que se enfrenta Puigdemont con su regreso, a efectos legales, su detención no tendría por qué tener repercusión en el desarrollo del pleno de investidura de Illa previsto para el jueves, aunque desde el Parlament dan por hecho que la tendrá. Es esperable que el president de la Cámara decida suspender la sesión parlamentaria, una decisión que también comparten tanto Junts, como ERC y los Comuns.
Estos últimos asumen que el pleno pueda aplazarse dentro de un margen coherente, fijando una nueva fecha próxima, mientras que fuentes posconvergentes sostienen que dentro del partido hay quién abogaría por una suspensión ‘»sine die», con el riesgo de llegar al 26 de agosto, día máximo para que haya un president o, de lo contrario, la convocatoria de elecciones sería automática para el 13 de octubre.
En cualquier caso, alargar o no la suspensión quedará en manos de la Diputación Permamente -el órgano que representa el pleno en los días inhábiles de agosto- en la que PSC, ERC y Comuns tienen mayoría. Por lo tanto, los tres partidos podrían forzar la reanudación del pleno antes de que se decrete la repetición electoral y así desencallar la investidura de Illa.
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