El Gobierno asegura que ya no hay marcha atrás. Una vez logrado el aval de ERC, sumado al mucho más sencillo acuerdo con los Comuns, la investidura de Salvador Illa es imparable, aseguran fuentes de la Moncloa y la dirección del PSOE. Ni siquiera Carles Puigdemont puede impedirlo. Los socialistas creen que el líder de Junts per Catalunya intentará acudir al pleno convocado para elegir al líder del PSC como president, fijado para este jueves, y admiten que su detención podría provocar que no se celebre la cita en el Parlament. Pero solo sería, continúan, un retraso de unos cuantos días que en ningún caso truncaría la llegada del exministro de Sanidad al Palau de la Generalitat.
“Todo va a salir bien”, anticipan en la cúpula del PSOE. “La investidura de Illa no peligra. ¿Por qué va a peligrar?”, pregunta un alto dirigente. Cuando se les señala que la vuelta a Catalunya de Puigdemont pretende precisamente boicotear la elección del primer secretario del PSC, metiendo presión a ERC para que se desdiga de lo pactado y refrendado por sus bases, y que si finalmente se suspende el pleno de esta semana, como pretende Junts, entonces se entraría en una espiral con un desenlace incierto, los socialistas contestan que son solo “hipótesis”.
El expresident de la Generalitat, que en 2017 salió de España para evitar ser juzgado por el referéndum independentista del 1-O, siempre ha dejado clara su intención de participar en el debate de investidura, sea o no sea el candidato. El pasado sábado, un día después de que la mayoría de los afiliados de ERC votasen a favor de elegir a Illa a cambio de un pacto que incluye un concierto económico para Catalunya, Puigdemont publicó una carta en la que daba por seguro su arresto y responsabilizaba de su destino a los republicanos. “La decisión de la militancia de ERC (…) hace que la detención sea una posibilidad real dentro de muy pocos días”, escribió el líder de Junts, sobre el que el Tribunal Supremo mantiene una orden de búsqueda y captura, al considerar los magistrados, en una decisión muy criticada por el Gobierno, que la ley de amnistía no es aplicable al delito de malversación.
Sus palabras sublevaron a ERC (“no se pueden superar determinados límites”, respondió la dirección del partido en un comunicado), pero en la Moncloa aseguran estar tranquilos. El vídeo publicado este miércoles por Puigdemont, en el que anuncia que ya está regresando a Catalunya y tacha su casi segura detención de «ilegal», tampoco ha provocado ningún cambio de actitud.
El acuerdo con los republicanos no se verá truncado por la vuelta del expresident, señalan en el Gobierno, donde se congratulan de que los decibelios hayan bajado en las federaciones del PSOE, después de que buena parte de los líderes territoriales socialistas salieran la semana pasada en tromba a condenar el futuro concierto económico para Catalunya. Pero el malestar interno está muy extendido y su paso a un segundo plano tiene más que ver con el parón estival que con cualquier otro factor.
Las posibles compensaciones
“Tranquilidad. Nosotros vamos a estar quietos y callados”, continúan en el Ejecutivo central. Al igual que en la dirección del PSOE, en la Moncloa están convencidos de que hasta la investidura de Illa conviene mantenerse en silencio, que solo se ha visto interrumpido a través de declaraciones enlatadas, sin posibilidad de preguntas, en las que dirigentes como Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, y Esther Peña, su homóloga en el partido, resaltan las buenas cifras económicas y cargan contra el PP, sin mencionar el complejo escenario catalán y sus múltiples derivadas.
“La presión ahora la tiene Junts”, subrayan en la Moncloa. Son los posconvergentes, argumentan los colaboradores de Pedro Sánchez, quienes deben decidir qué camino tomar una vez han visto cercenadas sus esperanzas de recuperar la Generalitat. Hace solo 15 días, en plenas negociaciones entre el PSC y ERC, los siete diputados de Junts en el Congreso se alinearon con el PP y Vox, votando en contra de los objetivos de deuda y déficit presentados por el Gobierno y frenando la tramitación de unos Presupuestos para el año que viene cuya suerte se presenta incierta. Los socialistas necesitan para todo al partido de Puigdemont en la Cámara baja. Una manera de volver a atraerlo sería cumplir con el compromiso adquirido a principios de año y presentar conjuntamente la ley que cederá a Catalunya las competencias en inmigración. Pero todavía no hay nada decidido.
