Hace tan solo unos días, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, mantenía un encuentro con el vicepresidente segundo del Comité de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo. Este no es otro que el también popular Adrián Vázquez, ex parlamentario de Ciudadanos. Sobre la mesa uno de los verdaderos quebraderos de cabeza de la Xunta de Galicia: los parques eólicos.
En la reunión se abordó la “necesidad de dotar de seguridad jurídica al sector eólico” en la región. Ambos coincidieron tanto en el análisis como en las conclusiones, no en vano la noticia hubiese sido lo contrario.
Una vez más, desde el Gobierno que preside Alfonso Rueda, en esta ocasión a través de la conselleira, ha recurrido a poner el balón en el tejado del Ejecutivo central, al indicar, ante los continuos varapalos de la justicia a la política eólica de la administración gallega, que la Xunta “simpre ha aplicado de manera estricta la ley estatal básica de evaluación ambiental durante la tramitación de sus parques eólicos”.
Aún así, ante la suspensión definitiva o cautelar de decenas de proyectos de este tipo, con denuncias de presiones de la Xunta a los órganos judiciales incluidas, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia decidió elevar una cuestión prejudicial para aclarar este cuestión ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
Precisamente, en el citado encuentro, ambos representantes del PP coincidieron en insistir en que la normativa europea considera los proyectos de energías renovables como de interés público superior.
Sin embargo, es precisamente el daño mediambiental que pueda causar un parque eólico el argumento que el alto tribunal gallego plasma en las resoluciones que suspenden o paralizan proyectos de este tipo. Y casi cada semana se repiten estas medidas.
Cuatro nuevas suspensiones
La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, Adega, informó ayer de que, tras la denuncia presentada, el TSXG ha decidido paralizar cautelarmente el proyecto eólico de Valdepereira, que se extiende por el concello pontevedrés de Lalín y el ourensano de O Irixo.
La resolución judicial que paraliza temporalmente la autorización para su ejecución, se refiere a un parque que estaría formado por 6 aerogeradores de 180 metros de altura con una potencia total prevista de 24 MW, una subestación, 6 centros de transformación y una torre meteorológica.
La ong ha centrado su denuncia en los posibles daños irreparables que, de sarlir adelante el proyecto, podría producir sobre el medio ambiente. Adega considera que la suspensión hasta la resolución definitiva sobre este parque de Valdepereira es la única manera de garantizar la efectividad de la sentencia que se derive del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el parque.
Dicen desde la organización ecologista que el alto tribunal gallego apunta a la “afección severa, irreparable o de difícil reparación, que las obras de este parque eólico podrían ejercer sobre determinadas especies de avifauna que están en situación de vulnerabilidad (gatafornela ou a tartaraña cicenta) o en peligro de extinción (millafre real)”; a esto se une también el posible daño sobre hábitats protegidos y por la proximidad de las infraestructuras industriales a la Red Natura y a su zona de ampliación.
Pero esta no es la única resolución del TSXG que arroja más incertidumbre sobre la gestión que la Xunta de Galicia lleva a cabo en política eólica.
El órgano judicial ha dado a conocer que otros tres parques más (Bustelo y Baralláns, Monte Festeiros y Vacaloura) quedan suspendidos de forma cautelar. La única buena noticia para el Ejecutivo de Rueda es que esa decisión no la ha adoptado respecto al proyecto de Monte Inxeiro.
En relación con el proyecto de Monte Festeiros, situado en los municipios de Forcarei y Silleda (en la provincia de Pontevedra), el tema natural adquiere toda la importancia. Según ha resaltado en un auto, la paralización se debe a la existencia «de un riesgo de daño irreparable o de difícil reparación, dado los valores ambientales comprometidos». De esta manera adquieren, como señala la Unión Europea, el carácter de «fundamentales» los principios de prevención y precaución.
En el resto de casos, de nuevo el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha apelado a temas medioambientales y a su mayor peso frente al apartado económico para justificar la adopción de la medida mientras no se resuelvan en la vía contencioso-administrativa.
Hasta el momento, según datos del TSXG, este órgano ha emitido 111 autos sobre peticiones de suspensión de autorizaciones administrativas previas y de construcción de 56 parques eólicos. De ellos, 52 han sido estimatorios.
