Después de varios años de calma tensa y con las heridas todavía sin supurar del 1 de octubre de 2017, Cataluña vuelve a ser el centro de atención del país. El debate de investidura de Salvador Illa, fijado para este jueves 8 de agosto, ha acelerado el calendario político y ha vuelto a traer el foco mediático a la región. Un momento crítico al que, por si fuera poca cosa, hay que sumar la irrupción en escena de Carles Puigdemont, que todo parece indicar que volverá a España este mismo jueves.
Puigdemont, quien huyó a Bélgica en octubre de 2017 tras la fallida declaración de independencia de Cataluña, ha decidido enfrentar el riesgo de detención inmediata al pisar suelo español. A comienzos de esta semana, en una carta abierta, el líder de Junts per Catalunya expresó su determinación de evitar un gobierno regional pro-español en Cataluña, subrayando que su regreso es su última opción para influir en el proceso político.
Sin embargo, el retorno de Puigdemont también podría suponer -y así parece que sucederá- su detención inmediata. Y es que, el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo ha confirmado que la orden de detención contra Puigdemont sigue vigente, lo que significa que el expresidente podría enfrentarse a años de prisión si es arrestado. En este sentido, cabe recordar que, a pesar de la ley de amnistía aprobada por el Gobierno nacional, los cargos de malversación de fondos no están cubiertos, lo que complica aún más la situación legal de Puigdemont.
ERC, entre la espada y la pared
De esta manera, de confirmarse tanto el regreso como la posterior detención de Puigdemont, la investidura de Illa, cuyo éxito depende mayormente del acuerdo entre el PSC y ERC, corre serie riesgo de dilucidarse en el tiempo. Y es que, ERC, que había mantenido una postura más pragmática, se encuentra en una encrucijada. Apoyar a Illa podría ser visto como una traición por parte de su base más radical, mientras que rechazarlo podría perpetuar el bloqueo político. De hecho, todos los grupos parlamentarios ya trabajan con la idea de que el pleno de investidura se podría suspender ante una posible detención del expresidente de la Generalitat.
«No queremos anticipar escenarios ni haremos especulaciones, aunque somos conscientes de lo que puede conllevar el regreso de Puigdemont. Apoyaremos a las instituciones de nuestro país y a las decisiones que toman al respecto», ha destacado en rueda de prensa en la Cámara catalana tras haberse reunido con el presidente del Parlament, Josep Rull, en el marco de la ronda de consultas por la investidura. Todo ello después de que el secretario general de Junts, Jordi Turull, haya explicado este mismo martes que pedirán a Rull que suspenda el pleno si detienen a Puigdemont y si se hace, los diputados de Junts no irán.
De esta manera, y ante la posibilidad de detención del expresidente catalán, Batet ha apelado «no sólo a las fuerzas independentistas, también al conjunto de fuerzas democráticas a ponerse de acuerdo para condenar esta actitud de rebelión del Tribunal Supremo (TS) contra el poder legislativo» en relación con la Ley de Amnistía. «No nos queremos resignar a tratar como una cosa normal el hecho de que habiendo una Ley de Amnistía, el TS decida no aplicarla. No hay que ser independentistas para escandalizarse ante este hecho», ha aseverado.
Por otra parte, el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha apresurado a lanzar balones fuera por temor a un choque con Junts y ha afirmado que “la responsabilidad” de una posible detención de Puigdemont es del Tribunal Supremo.
Ha defendido que Puigdemont debe volver «en plena libertad, como debería producirse aplicando la Ley de Amnistía», y ha añadido que conoce el posicionamiento del TS, que ha considerado textualmente contrario a esta ley.
«Espero que los eventos que puedan ocurrir se hagan siempre cumpliendo la Ley de Amnistía», ha dicho, y ha añadido que, en todo caso, la decisión de volver es de Puigdemont. También ha asegurado que el Govern en funciones trabajará al máximo para que se cumpla la Ley, «sabiendo que hay un TS que toma las decisiones».
El posible camino judicial de Puigdemont
Por el momento, tanto el regreso del que fuera presidente catalán como su estrategia ante los tribunales son una incógnita. Cabe recordar que Puigdemont todavía no ha presentado recurso alguno ante el TC contra el auto por el que el juez Pablo Llarena rechazó amnistiar la malversación y acordó mantener la orden nacional de detención.
El expresidente podría acudir al tribunal y solicitar como medida cautelar que se deje sin efecto dicha orden antes de abordar la negativa de Llarena a aplicar la amnistía, toda vez que aún no ha vencido el plazo para presentar recurso de amparo.
Si su defensa decide no actuar, Puigdemont podrá ser detenido una vez ponga un pie en España en virtud precisamente de esa orden, dictada en el marco de la causa del ‘procés’ por la que fueron condenados y posteriormente indultados la mayoría de dirigentes independentistas.
Una de las opciones de Puigdemont sería plantear un ‘habeas corpus’ en caso de considerar esa detención ilegal. Una vez en poder de los agentes, el líder de Junts sería puesto a disposición judicial del juez Llarena, que le interrogaría y decidiría entonces si hay motivos para enviarle a prisión provisional. El riesgo de fuga es una de las causas para acordarla, y cabe recordar que Puigdemont ha estado huido durante casi siete años.
También juega en su contra la gravedad del delito por el que sigue procesado, la malversación, y que podría implicar una condena de hasta 12 años de cárcel. Con todo, para imponerle esa pena de prisión provisional alguna de las partes personadas debería pedírselo al magistrado. En esta causa Vox, entre otros, actúa como acusación popular y ya tiene anunciado que reclamará para el líder de Junts el ingreso inmediato en prisión.
Cabe destacar que el pasado 8 de julio Puigdemont presentó un recurso en el que pedía al juez Llarena que modificara su decisión de no amnistiar la malversación. El Ministerio Público ya se pronunció en contra de la decisión de la Sala de lo Penal de no amnistiar la malversación al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de condenados. Al igual que hizo el expresidente, se amparó en el voto particular que emitió la magistrada discrepante del tribunal del ‘procés’, Ana Ferrer.
En este contexto, el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras fue condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación por desobediencia y malversación. Aunque el Supremo rechazó amnistiar este último delito, aseguró que sí veía amnistiable la desobediencia, pero señaló que tenía dudas y planteó a las partes la posibilidad de consultar al Constitucional por este extremo.
