Alba tenía 12 años cuando el 19 de septiembre de 2014 falleció al sufrir una descarga eléctrica en la atracción “la olla” que estaba instalada en la feria de la pedanía sevillana de Maribáñez. Su caso dio lugar a un procedimiento judicial en el que inicialmente hubo cuatro condenados –el feriante, su instalador eléctrico, un concejal y el electricista municipal–, si bien la Audiencia de Sevilla, en mayo de este mismo año, absolvió a los dos últimos. Diez años antes, en 2004, un niño de 8 años murió también electrocutado en unas fiestas en Sabiñánigo (Aragón), en el saltamontes, un asunto en el que el propietario de la atracción acabó admitiendo su responsabilidad y fue sentenciado a un año de cárcel. En estos dos casos, el de Sevilla y Aragón, fueron claves los informes realizados por los peritos judiciales, es decir, por expertos que revisaron a conciencia las atracciones. Y en el del accidente de Vigo las fuentes jurídicas consultadas indican que, al margen de la investigación de la Policía Judicial y la Policía Científica de la comisaría, tiene también vital importancia, de cara a determinar si existe materia penal y concretamente la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente, lo que dictamine un especialista en la materia, previsiblemente un ingeniero técnico industrial.
Oficialmente no ha trascendido demasiado sobre la investigación judicial en marcha. La magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de Vigo, el mismo que llevó la causa del accidente de O Marisquiño, y la fiscal estuvieron en Matamá el sábado por la mañana, horas después del siniestro, y se ordenó el precinto del “saltamontes”, que desde entonces permanece inmovilizado y con custodia policial las 24 horas. “El juzgado sigue realizando practicando diligencias para tratar de esclarecer los hechos”, se ha limitado a indicar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en los últimos días sobre las pesquisas.
La designación de un perito judicial, explican las fuentes consultadas, debe ser expresamente acordada por el juzgado. Junto a la intervención de un experto y el requerimiento de documentación sobre el “saltamontes” y el procedimiento de su contratación y puesta en funcionamiento en las fiestas de Matamá, está también la investigación de la Policía Nacional, que todavía no ha concluido.
No será tan exhaustiva como la que puede emitir un ingeniero experto en la materia, pero la Policía Científica ya está avanzando en su propia pericial sobre las posibles causas de lo ocurrido. Los agentes indagan en el motivo por el que el brazo de la cabina 7 del “saltamontes” rompió en su anclaje, saltando también algún tornillo, con el objeto de determinar si pudo ser un problema de desgaste de los materiales, de mantenimiento o un mal montaje. La investigación tratará de dar respuesta a los interrogantes.
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