Los números del modelo de financiación autonómica correspondientes a 2022 –último ejercicio liquidado por el Ministerio de Hacienda– corroboran que existe un grupo de comunidades con una desventaja clara y crónica en el dinero que reciben en comparación con la media del conjunto de las quince regiones del llamado régimen común. Y entre esas autonomías damnificadas por la aparente falta de equidad del sistema no se encuentra Cataluña. Un análisis divulgado ayer por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sostiene que la Generalitat catalana obtiene recursos que superan ligeramente la media (en nueve décimas), como ha ocurrido por lo general durante las últimas dos décadas, según el mismo observatorio, dirigido por el hacendista asturiano Ángel de la Fuente.
Tal diagnóstico colisiona con el discurso sobre la «infrafinanciación» sistemática de Cataluña en el que se fundamenta el preacuerdo entre ERC y PSC para investir al socialista Salvador Illa a cambio de un cupo catalán (desconexión del régimen común, cesión de la recaudación de todos los impuestos estatales y, como contrapartidas, un pago por los servicios que presta el Estado en el territorio y una contribución sin definir a «la solidaridad» con el resto de regiones). Según la opinión que predomina entre los expertos, el cupo o concierto catalán (análogo a los del País Vasco y Navarra, previstos constitucionalmente) y su posible extensión a otros territorios que lo demandaran «amenazan» con mutilar los flujos de solidaridad que ahora permiten, si bien de una manera imperfecta, reducir las diferencias de financiación entre unas regiones y otras. Particularmente, las que se darían, en ausencia de esos flujos, entre las más ricas (Madrid, Cataluña y Baleares, únicos contribuyentes netos: aportan más de lo que reciben) y las menos ricas.
El sistema repartió casi un 14% más de dinero, gracias al empuje de la recaudación fiscal
¿Qué trascendencia tienen para una región como Asturias los referidos mecanismos de solidaridad? El documento que firma Ángel de la Fuente echa la siguiente cuenta: el 29,35% (casi uno de cada tres euros) de los 3.733 millones que, estima Fedea, recibió el Principado de la caja común de la financiación en 2022 vienen de los «flujos de nivelación regional». Doce de las quince regiones encuadradas en el mismo régimen dependen en distintos grados de aportaciones que proceden de forma directa de las comunidades ricas (7.395 millones de Madrid, 2.088 de Cataluña y 345 de Baleares) o del Estado (14.313 millones que, a la postre, tienen como origen principal también los impuestos que pagan los ciudadanos).
La dependencia de la circulación de fondos desde la España rica hacia la menos rica –con el propósito de sostener niveles semejantes de servicios básicos en el conjunto del territorio común– es considerable en Asturias y más crítica aún en lugares como Canarias, Extremadura, Galicia, La Rioja o Castilla-La Mancha.
En un ejercicio caracterizado por un magno aumento (13,6%) de los recursos recibidos por las autonomías, gracias a la expansión de la recaudación tributaria en un contexto de muy alta inflación (8,4% en 2022) y crecimiento vigoroso del producto interior bruto (5,8%), la distancia entre las regiones mejor y peor financiadas fue grande de nuevo (de hasta 26,7 puntos porcentuales). Conforme al índice que utiliza Fedea para medir y comparar los recursos que se reciben (ver gráfico adjunto), Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha son, por ese orden, los territorios peor tratados en «financiación efectiva por habitante ajustado». Madrid aparece en la media (100), justo por detrás de Cataluña (100,9), Galicia (102,5) y Asturias (103,5). El Principado, con una ganancia de medio punto respecto a 2021, fue en 2022 la octava de quince comunidades en nivel de recursos, dos posiciones por debajo de la sexta que generalmente ha venido ocupando desde 2002.
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