Cuando el protector de un agresor sexual y policial (nunca debemos olvidarnos de lo que perpetró con recursos públicos), que ocupa la vicepresidencia del Gobierno balear, afirma, prepotente, con la ausencia de escrúpulos acostumbrada, que la amnistía urbanística «tiene solidez técnica», se ha de concluir que la norma carece de lo que Antoni Costa alardea. La denominan «simplificación administrativa», subterfugio lingüístico que solo engaña a los que pretenden ser engañados; complace a los que se pasaron la legalidad por salvada sea la parte. Y es que, aunque cueste creerlo, estamos ante una barrabasada pensada, cómo no iba a establecerla el PP del convoluto de Campos instalado en el Ejecutivo regional, para que se imponga la barra libre urbanística. La amnistía para las cientos y cientos de ilegalidades que proliferan en el suelo rústico de Mallorca, las que están esquilmando el territorio con impunidad, sin que los poderes públicos, a la vista está, cumpla con su obligación de impedirlo. Costa dice que en el Gobierno balear hay «absoluta tranquilidad» en cuanto a la mencionada «solidez» del decreto ley de simplificación administrativa. Mentira. No hay tranquilidad ni en Marga Prohens ni en Antoni Costa ni en todos los que están delante y detrás de la aberración que se trata de consolidar. Y no la hay porque si el Tribunal Constitucional (TC) se adentra en el asunto, la «simplificación» (descojonémos de la definición, no es para menos) quedará paralizada a la espera de que en un futuro muy, muy lejano entre a analizar su adecuación o no a la Constitución de 1978, la que se invoca a beneficio de inventario.

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