Cuatro años después del compromiso adquirido en medio de la pandemia del coronavirus ante la falta de material sanitario, como mascarillas, batas, respiradores o geles desinfectantes, España busca empresas nacionales dispuestas a fabricar productos estratégicos para abastecer al país en caso de crisis de suministro.
Así se plantea en el anteproyecto de ley de industria y autonomía estratégica, que el Ejecutivo prevé aprobar en septiembre, para la creación de una Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI) cuyo objetivo es reducir la dependencia de otros países cuando el suministro exterior puede no estar asegurado o en momentos en los que puedan interrumpirse los flujos de comercio internacional.
No se trata de almacenar recursos de primera necesidad en grandes cantidades, sino de elaborar una lista de empresas capaces de movilizarse con rapidez para fabricar esos productos en caso de una demanda alta e inesperada. Todavía no hay una definición de cuáles serán los bienes o servicios en cuestión, ni mucho menos las compañías dispuestas a adherirse; pero sí hay una serie de sectores críticos que se da por seguro que no faltarán, como son el sector farmacéutico y de salud, la defensa, las materias primas esenciales, el sector agroalimentario, la energía o la movilidad, según fuentes del Ministerio de Industria.
La serie definitiva verá la luz tras un análisis de las necesidades y capacidades nacionales, que será definida en un real decreto ley de desarrollo reglamentario después de la aprobación de la citada ley. Las empresas incluidas en esa relación no fabricarán en exclusiva para España, pero sí tendrán que dar prioridad al país en el abastecimiento, para evitar situaciones como la de AstraZeneca durante la pandemia, cuando ante los retrasos en las entregas de vacunas a la Comisión Europea se rumoreó que la empresa había desviado dosis a otros clientes, en particular a Reino Unido. “En caso de emergencia para la seguridad nacional, el abastecimiento de los españoles tendrá prioridad”, afirma el Ejecutivo en uno de los anexos de la memoria del anteproyecto de ley.
También está por decidir cómo serán los pagos y por cuánto tiempo se mantendrá ese compromiso. El citado anexo sostiene que la contraprestación a las empresas estará basada «en el retorno de la inversión o en otros beneficios que le incentiven para integrarse en el sistema de seguridad nacional (en la forma que se considere, ventajas fiscales, financiación, subvenciones de la Unión Europea, compra estatal o autonómica, etcétera.).
No cualquier compañía podrá formar parte de ese catálogo estratégico, sino que deberán cumplir con “una serie de requisitos de calidad, estabilidad y fiabilidad”, lo que puede conllevar un “sistema de licencias o autorizaciones” que garanticen la efectividad de dicho suministro, como la norma ISO 28000 o una certificación en Autonomía Estratégica por desarrollar. Además, se les podrá exigir algunos condicionantes para garantizar su «efectividad y eficacia», como su producción dentro del territorio nacional, la tenencia de un capital mínimo o una experiencia acreditada, entre otros.
Órgano coordinador
Para dar forma a todo esto, el Gobierno creará el Centro de Coordinación y Promoción de la Industria Estratégica (CECOPIE). Será un órgano interministerial con dependencia funcional del Consejo de Seguridad Nacional y orgánica del Ministerio de Industria y Turismo. Entre sus principales tareas se incluye la de diseñar un sistema de prevención basado en identificar y valorar las capacidades de producción de recursos, bienes y tecnologías estratégicas de la industria nacional, así como el análisis y gestión de riesgo de la cadena del suministro.
Pero también tendrá que desarrollar un programa de preparación y respuesta, basado en planificar y coordinar la producción industrial, el control de las empresas españolas que garantizarán esa producción, así como las operaciones necesarias para activar el mecanismo de la reserva y restablecer la cadena de suministro ante situaciones de crisis. “Para que una reserva (de cualquier tipo) sea efectiva, debe estar disponible en todo momento, esto es, planificada, coordinada y preparada con antelación. Además, debe de ser lo suficientemente flexible como para dar respuesta inmediata a picos inesperados de demanda”, sostiene el Ejecutivo.
En este sentido, se desarrollará una plataforma informática, que tendrá un coste estimado de 650.000 euros anuales, “capaz de manejar ingente cantidad de datos en un tiempo lo más cercano a la realidad que sea posible” para “controlar y verificar” que las empresas implicadas en la reserva mantienen en todo momento sus capacidades de producción y abastecimiento al nivel requerido en caso de crisis.
Impacto económico
Sin precedentes a nivel mundial, Industria reconoce en el citado anexo de la memoria del anteproyecto que es “difícil de estimar” el impacto económico de una medida como esta. Pero se atreve con un cálculo, a partir del cruce de datos del impacto de la crisis de suministros del covid del Banco de España, que afectó a un 20% de las empresas españolas, y la actividad industrial pre-covid, que suponía un 16% del PIB y 571.000 millones de euros en valor de negocio.
Así, sostiene que el impacto por la crisis de suministro en las empresas industriales afectó a la en torno a un 3,2 % del PIB, con un valor de negocio de 114.200 millones de euros y agrega que una reserva estratégica “eficaz” en un 10% mitigaría el impacto de dicha crisis de 1 de cada 10 industrias, lo que se hubiera traducido en una reducción del impacto económico en 11.000 millones de euros. Además, en una situación de emergencia, disponer de esa capacidad de producción “amortiguaría el impacto de la demanda y con ello reduciría la elevación de precios asociada”, añade.
Procesos de reindustrialización
El anteproyecto de ley de industria y autonomía estratégica, herencia de la ministra Reyes Maroto, ha sido modificado en algunos puntos por el actual titular del Ministerio de Industria, Jordi Hereu, pero mantiene muchas de las medidas del anteproyecto original, como el veto a la deslocalización de grandes empresas que reciban ayudas públicas, así como otras nuevas, como la ordenación de los procesos de reindustrialización.
En este sentido, las empresas estarán obligadas a comunicar a la Secretaría de Estado de Industria al menos 9 meses antes de situación de cierre o reducción de actividad prevista y se creará una mesa de reindustrialización para acompañar este proceso donde participarán las diferentes administraciones, así como las organizaciones sindicales.
Además, se prevé la extensión de los proyectos estratégicos (Perte) como un instrumento estructural, más allá de los fondos Next Generation, cuya fecha de finalización está prevista para el 30 de junio de 2026, los cuales podrán recibir ayudas directas sin concurrencia competitiva.
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