La nueva consejería de Agricultura, liderada ahora por el popular Javier Rincón tras la salida de Vox del Ejecutivo autonómico, cese de Ángel Samper mediante, ya conoce la magnitud de uno de los primeros problemas a los que debe hacer frente. Se trata de las ayudas agroecológicas de la nueva PAC, incluidas en el Plan de Desarrollo Rural (PDR) y que dejaron fuera al 35% de los productores ecológicos que las solicitaron, lo que traducido a números absolutos supone más de medio millar de operadores. En total, son en torno a 1,5 millones los que la consejería de Rincón deberá intentar conseguir para satisfacer la demanda de los agricultores que quedaron fuera, teniendo en cuenta que, pese a que el nuevo PDR contaba con un mayor presupuesto, muchos productores en ecológico quedaron fuera de estas subvenciones por primera vez, ya que hasta ahora siempre habían entrado el 100% de las solicitudes.
En cualquier caso, fuentes de la recién reformada consejería de Agricultura aseguran que la predisposición para resolver esta problemática es «total», aunque todavía siguen estudiando las fórmulas para poder llevarla a cabo, motivo por el cual todavía no se han reunido formalmente con los sindicatos agrarios. Lo que sí tienen claro desde el equipo de Rincón es que se deberá modificar el plan estratégico de la PAC (PePAC), que comprende el lustro 2023-2027 y que la normativa europea permite retocar una vez al año.
Para ello, lo más probable es que se muevan partidas de otras líneas de ayudas en las que sobró presupuesto, con las subvenciones para el Bienestar Animal como una de las más firmes candidatas. Con todo, una vez solventada esta situación, el Departamento de Agricultura se encontrará con un segundo problema: las cantidades correspondientes al primer curso del período, es decir, las de 2023 que se han empezado a repartir desde el mes pasado. Desde la consejería reconocen que atajar esta segunda cuestión va a ser mucho más complicado, y casi descartan que puedan llegar a concederlas. Para ello deberían tirar de fondos propios, aunque fuentes de la DGA matizan que, por una cuestión administrativa, esto podría suponer que ese 35% de operadores ecológicos que quedaron fuera no puedan incorporarse a partir del año próximo.
Si los afectados entran en la línea de ayudas, como parece que así será, a partir del próximo año (que correspondería a este 2024), la consejería está estudiando si las cantidades que les tocaría recibir a ese medio millar de agricultores corresponderían a cinco años, es decir, desde 2024 hasta 2028, un año después de que concluya este período PAC, o si por el contrario tan solo podrían responder a los próximos cuatro años, esto es, hasta 2027, dejando como una suerte de mal menor el que los operadores que han quedado fuera solo perdiesen la subvención correspondiente a la primera anualidad. «No queremos que, por solucionar un problema, terminemos causando otro peor a los que se han quedado fuera», aseguran en Agricultura. Sea como fuere, desde las organizaciones agrarias no se dan por vencidas y exigirán cobrar el curso 2023.
Antecedentes
Y es que los agricultores ecológicos no escondían su «sorpresa» cuando, hace un mes, conocieron que muchos de ellos no iban a cobrar unas subvenciones con las que todos contaban y que, además, son casi condición sine qua non para poder subsistir en una producción, la ecológica, que requiere de un sobrecoste económico.
La noticia, adelantada por este diario a finales de junio, provocó una reacción en cadena de la gran mayoría de los sindicatos agrarios de la comunidad, que exigieron al anterior consejero, Ángel_Samper (Vox), una reunión urgente para poder solventar el tema. Ahora, aguardan a ver los próximos pasos de la nueva consejería de Rincón que, por el momento, mantiene al responsable nombrado por Samper para estos cometidos, el director general de Producción Agraria, Carlos Calvo.
De cualquier forma, desde el reformado departamento mantienen la versión dada entonces por el exconsejero de Vox, que aseguraba que la concesión de estas solicitudes respondía a una orden emitida por la consejería del socialista Joaquín Olona en marzo de 2023, quien también estableció los criterios de baremación en caso de que el presupuesto, como así fue, no llegase para todos.
A la espera de las notificaciones
Una de las cuestiones que también denunciaban los agricultores afectados residía en que se habían enterado por el «boca a boca», sin recibir notificación alguna. Ya en la última semana de julio las resoluciones favorables empezaron a llegar a los agricultores, mientras que las rechazadas siguen a la espera, aunque la nueva consejería asegura que lo harán en breve.
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