Los trabajadores del centro de menores de Ateca (Zaragoza) acusados de lesiones, torturas, agresión sexual y pertenencia a grupo criminal piden salir de prisión al no reconocerse autores de los hechos. Su abogado, Juan Manuel Martín Calvente -que en su día llevó la defensa de Igor el Ruso- solicitará mañana a la jueza que saque a los hermanos Mohamed B. y Youssef B. y a Alexandru R. A. de la cárcel de Zuera.
Según ha explicado en declaraciones a El Español, los tres están «abrumados y consternados». «Están tocados. Les ha caído como una bomba«, ha asegurado el letrado tras reunirse con ellos en prisión. Este martes presentará un recurso de reforma pidiendo que sean puestos en libertad provisional, aunque el duro pronunciamiento de la titular del juzgado de Instrucción nº2 de Calatayud apunta a que, por ahora, seguirán entre rejas.
Ninguno de los tres se reconoce en las palabras de los familiares y los dos menores presuntamente agredidos. Sostienen, de hecho, que se limitaban a hacer su trabajo, y que «no existen pruebas de ningún tipo» contra ellos, solo relatos que confían en desmontar conforme avance la instrucción.
Su versión, sin embargo, contrasta con la de la jueza, que ya el pasado viernes consideró que había indicios suficientes de criminalidad como para enviarlos a prisión. Especialmente tras las pruebas practicadas y tras escuchar la declaración de los jóvenes, que relataron de una forma «clara y detallada» los episodios de maltrato físico y psicológico sufridos «de forma continuada y permanente en el tiempo».
Dos de los cinco detenidos trabajaban como educadores en el centro y los otros dos ejercían de auxiliares sin tener «titulación ni cualificación». El quinto era el propio director, que habría mantenido una «despreocupación absoluta» y, según las investigaciones desarrolladas, estaba al corriente de todo lo que sucedía y nunca trató de corregir la situación o sancionar a los empleados.
Uno de los menores, de 16 años, cuenta que “le obligaron a estar de pie injustificadamente durante horas con los brazos en alto, no ingirió alimento durante días y llegó a defecarse encima por miedo, sin que le permitieran cambiarse ni asearse».
A la segunda, una adolescente de 17 años, llegaron a quemarle cigarrillos en los brazos y en las piernas, marcas que pudo apreciar directamente la propia jueza, que incide en la situación de absoluto desamparo que vivieron los afectados para hablar o pedir auxilio «por miedo a mayores represalias».
Nueve menores fugados
Según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), en el momento en que se ordenó el cierre provisional del centro de menores había nueve jóvenes fugados. Esto llevó a la jueza a pedir a la Guardia Civil que los localizara y los pusiera a disposición judicial para averiguar si habían podido ser víctimas de las agresiones y abusos que se investigan y si estos guardan relación con su huida del centro.
