Bangladés sigue rumbo al abismo, con los estudiantes tan resueltos a tumbar el Gobierno como este a sofocar las protestas por cualquier vía. El lunes está convocada una marcha multitudinaria en Daca, la capital, a pesar del toque de queda.
La movilización llega tras la jornada más sangrienta en semanas de protestas. Al menos 95 personas murieron el domingo, 14 policías incluidos, según el diario local ‘Prothom Alo’. En las calles volvieron a chocar los estudiantes y contrarios al Gobierno de la primera ministra, Sheikh Hasina, con los partidarios de su partido, la Liga Hawami.
Esta ha aclarado que los participantes en las algaradas «no son ya estudiantes sino terroristas que quieren desestabilizar el país» y ha prometido mano dura. Es probable que las amenazas sean tan estériles para apaciguar a sus detractores como las anteriores medidas. El Gobierno declaró el domingo como festivo (en contra de la costumbre nacional) y amplió la medida hasta el miércoles. También ha interrumpido internet para evitar que los manifestantes se organicen y aprobó ayer el toque de queda indefinido a partir de las 6 pm con la advertencia de que se disparará en el acto a los infractores.
Desobediencia civil
Tampoco funciona la red de trenes y ha cerrado la industria textil, motor de la economía nacional y suministradora de las principales multinacionales. «A la vista de la situación, los propietarios han decidido cerrar todas las fábricas del país para proteger la seguridad de los trabajadores”, ha informado la Asociación de Fabricantes y Exportadores Textiles de Bangladés.
Los colegios, universidades y tribunales de Justicia siguen clausurados y el Movimiento Estudiantil contra la Discriminación, promotor de las protestas, ha emprendido una campaña pasiva de desobediencia civil o de «no cooperación» con peticiones a la población de que no pague impuestos ni facturas de servicios públicos. La situación camina hacia un bloqueo institucional y económico nacional que fuerce la salida del Gobierno.
Las protestas comenzaron a principio del mes pasado contra un sistema de cuotas que reservaba el 30 % del empleo público a los familiares de veteranos que lucharon en la guerra de independencia contra Pakistán. El Tribunal Supremo, con las calles en llamas, recortó aquella cifra hasta el 5 %. Era ya tarde porque los manifestantes exigían entonces la dimisión del Ejecutivo y castigos por los cientos de muertos.
Esta es la principal crisis que afronta Hasina en 15 años en el poder. La primera ministra venció en enero por cuarta vez consecutiva en unas elecciones que la oposición boicoteó y, con un descontento social ya considerable, la ley de las cuotas catalizó la revuelta. Los edificios públicos y las oficinas de la Liga Hawami han sido el objetivo prioritario de los ataques vandálicos durante estas semanas.
Más de 11.000 detenidos
No le han funcionado a Hasina las intimidaciones ni las cordialidades. El sábado invitó a negociar a los estudiantes, en el momento y lugar que estos decidieran, y prometió investigar las muertes y castigar a los culpables. Un líder de las protestas contestó que no discutirían más que su dimisión.
Las protestas habían dejado hasta este domingo más de 150 muertos y 11.000 detenidos. Los críticos de Hasina y las organizaciones de derechos humanos han denunciado la violencia represora del Gobierno e incluso un grupo de militares jubilados le han pedido que retire a las tropas de las calles y explore las soluciones políticas.
«Es una lucha sangrienta entre la autocracia y la democracia», ha afirmado Tarique Rahman, presidente en el exilio del opositor Partido Nacionalista de Bangladés. “Mientras el régimen continúa con su campaña de represión, el país implora a la comunidad internacional que esté con la verdad y la justicia”, ha añadido en las redes sociales.
