La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha autorizado la jubilación anticipada del magistrado Joaquín Aguirre, titular de Instrucción número 1 de Barcelona, con efectos del próximo 15 de enero, fecha elegida por él mismo para dejar la carrera judicial.
Aguirre, que acaba de cumplir 66 años, podría permanecer en la Judicatura hasta los 70 e incluso ampliar el servicio activo hasta los 72 años.
Sin embargo, el instructor de procesos penales mediáticos como el caso Negreira o el caso Volhov pidió pasar a la jubilación el pasado 4 de junio, cinco semanas antes de elevar a la Sala Penal del Supremo una exposición razonada en la que pide al alto tribunal abrir una causa al expresidente catalán Carles Puigdemont por delitos de traición y malversación de fondos públicos.
Aguirre afirma haber hallado indicios de que Puigdemont y su antecesor Artur Mas desarrollaron relaciones internacionales «que tendrían la finalidad de obtener apoyo internacional, ayuda económica, reconocimiento internacional y soporte financiero de los gobiernos de China y Rusia para una supuesta República Catalana escindida del Reino de España y, con ello, facilitar la injerencia de país extranjero en territorio español».
La petición de jubilación de Aguirre fue examinada el pasado 2 de julio por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que la informó favorablemente y acordó por unanimidad expresar su «especial agradecimiento [a Aguirre] por su
contribución al servicio público de Justicia».
El CGPJ aprobó la jubilación anticipada del investigador de la trama rusa del procés en la última reunión de la Comisión Permanente, justo un día antes de la renovación de este órgano.
Joaquín Aguirre es el segundo juez instructor de asuntos del procés que abandona la carrera judicial antes de su jubilación forzosa. El pasado 20 de junio, el CGPJ autorizó al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón a dejar la Judicatura el próximo septiembre, dos meses antes de su jubilación forzosa en octubre.
García-Castellón ha instruido el proceso sobre los CDR, enviando a juicio a 12 presuntos responsables de acciones violentas a favor de la independencia de Cataluña, y el caso ‘Tsunami Democràtic’, elevado al Tribunal Supremo.
Aguirre, que ha desarrollado toda su carrera profesional en el Juzgado de Instrucción número 1 de Cataluña, al que llegó en 1988, está pendiente de que el TSJC decida si le investiga a raíz de la querella que presentó contra él Puigdemont, el abogado Gonzalo Boye y Josep Lluís Alay por supuestos delitos de prevaricación y malversación por investigar, según ellos ilegalmente, la injerencia rusa en el procés con fondos públicos.
Tampoco se ha resuelto aún la recusación que plantearon contra el magistrado varios de los investigados en el caso Volhov por unas supuestas conversaciones suyas, grabadas subrepticiamente, en las que el juez se habría jactado de haber «tumbado» la amnistía con su investigación sobre las conexiones con Rusia para el procés.
