El conflicto venezolano volvió a tener a las calles de distintas ciudades como electrizante escenario. María Corina Machado convocó a todos aquellos que sospechan de los resultados electorales que oficialmente le dieron la victoria Nincolás Maduro en el coqueto municipio caraqueño de Las Marcedes. Una multitud la acompañó entre aplausos y la repetición de la consigna «a cobrar», porque, dicen, Edmundo González Urrutia ya ha «ganado» los comicios. Subida a un cambión, Machado asumió de cuerpo presente el liderazgo absoluto de la oposición. A estas alturas de la disputa con el Palacio de Miraflores, González Urrutia, el candidato de la Plataforma Democrática Unitaria (PUD), es un personaje lateral, al punto de que se ausentó de la procesión. El paso por la «clandestinidad» de Machado, por temor a represalias, tuvo la duración de un suspiro. Ella es la heroína del antimadurismo más estridente. Bajo el sol implacable del mediodía, agitó una bandera nacional frente a miles de hombres y mujeres. Invitó a cantar el himno, con una mano descansando sobre el pecho, como si se tratara de la antesala de un partido de fútbol entre selecciones. Pero lo que está en juego es algo muy distinto desde el pasado 28 de julio. «Nunca hemos estado tan cerca como el día de hoy (del cambio). Llego la hora de la transición democrática. Daremos garantías (a los oficialistas). Somos una sola nación. Queremos el reencuentro de la sociedad». También reivindicó el derecho a una protesta que no cesará. «Nosotros no tenemos armas de fuego, es el régimen que ataca a las poblaciones. Salir a protestar pacíficamente no es violencia. No vamos a dejar las calles».
Como en otras oportunidades, Machado llamó a los militares a abandonar su alianza con Maduro. Las Fuerzas Armadas, dijo, «tienen una responsabilidad con la historia». La dirigente de derechas quiere incluirlas en lo que denominó como una «lucha espiritual» y en la que «Dios está con nosotros».
Mundos irreconciliables
A pocos minutos de la Avenida Principal de Las Mercedes, en el Palacio de Miraflores, la maquinaria que une los intereses del Estado y el Partido Socialista Unificado (PSUV) se puso en funcionamiento para manifestar su lealtad y respaldo a Maduro. Una larguísima caravana de motociclistas, conocidos en Venezuela como «motorizados» o «caballos de hierro» en el lenguaje oficial, atravesó la parte de Caracas que no se roza con la ocupada por sus antagonistas. «No se dejen utilizar por el fascismo», gritaron algunos a los transeúntes. Las columnas que se dirigieron hacia la sede del Ejecutivo reiteraron las mismas consignas.
El presidente se preparaba para reiterar el argumento oficial: se ha desbaratado un «golpe de Estado» que implica a Estados Unidos y que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tendrá la última y «santa» palabra de la validación de los resultados que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dado a conocer en la madrugada del lunes y el pasado viernes. Maduro y Machado hablan de «fraude» con la diferencia de que cada parte acusa a la otra de haberlo cometido con la misma vehemencia. También invocan la figura celestial como protectora y bajo cuyo amparo aseguran realizar sus acciones por el bien de Venezuela. Más allá de ciertas palabras comunes, enfatizadas en sus arengas, hablan a mundos irreconciliables que no pueden encontrar un punto de entendimiento mínimo.
Maduro ha involucrado al TSJ en la resolución del diferendo y para la oposición esa instancia judicial, aliada al Palacio de Miraflores, no ofrece garantías de imparcialidad ni debería ser la encargada de dirimir la controversia porque el CNE es un poder electoral autónomo. El pedido del TSJ a todos los partidos para que presenten las actas en su poder ha sido desoído por González Urrutia y la PUD.
Cuadratura del círculo
La cuadratura del círculo fue iluminada a su vez por Enrique Márquez, un exrector del CNE que participó de las recientes elecciones como candidato de Centrados. Márquez expuso algunos puntos que iluminan las dificultades para resolver el conflicto. El organismo electoral comprometió su «parcialidad, la transparencia y la confiabilidad del proceso electoral». Hizo público un veredicto sin el soporte de las actas ni su publicación en la página web del CNE, así como la entrega de los resultados a los diferentes actores políticos. El carácter «irreversible» del resultado se hizo público cuando faltaban computar millones de sufragios. «¿Cuántos votos obtuvo cada candidato? ¿Cuántos cada organización política? ¿Dónde están discriminados los resultados por mesa electoral que permita verificarlos contra las actas de escrutinio obtenidas por los testigos de los partidos? ¿Cómo ejercer el derecho a impugnar los resultados sin esa información?». Márquez pidió al CNE que se publiquen en su portal el 100% de las actas y se dicte una resolución por la cual se ordena «la auditoría» de las mismas «para verificar» que se corresponden con los comprobantes de votación depositados por los electores en las respectivas cajas de resguardo.
Proyección internacional del conflicto
La ocupación del espacio público por parte del PSUV y la oposición es apenas uno de los territorios donde se despliega una crisis que ha dejado de ser solo interna. Estados Unidos ya aceptó la victoria de González Urrutia. China, Rusia e Irán, avalaron a Maduro. México, Brasil, Colombia y Chile buscan una solución política que cada vez más se aleja del horizonte de posibilidades dada la intransigencia de las partes. Solo el recuento de las actas bajo otras instancias de verificación podría destrabar el conflicto. «Estoy muy agradecida con todos los presidentes de América Latina porque han pedido que el CNE cumpla con su deber electoral y ha exigido una verificación independiente en la que todos puedan creer», dijo Machado.
Conflictividad latente
En este contexto, la posibilidad de que retorne la tensión a las calles se encontraba latente a pesar de la virtual militarización ordenada por Maduro. El Foro Penal informó 835 personas se encuentran detenidas. De ese total, 79 son adolescentes. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) contabilizaron 138 protestas reprimidas. En 119 se comprobó la presencia de «civiles armados» relacionados con el Gobierno. El fiscal general Tarek William Saab calificó a los detenidos de «desadaptados». Ellos «para nada manifestantes pacíficos, ni siquiera fueron a votar. ¿Cuál es la narrativa de que están protestando por los resultados? «. El excandidato presidencial, Henrique Capriles rechazó la generalización. «Tanto hablar de lucha de clases y Maduro terminó siendo un clasista que denigra del pueblo más humilde».
