La gestión sanitaria del Ejecutivo autonómico andaluz presidido por Moreno Bonilla, continúa salpicada de sombras, dudas e irregularidades. El PSOE-A ha asegurado que la Cámara de Cuentas confirma “corrupción sanitaria en el gobierno andaluz, que es solo es la punta del iceberg”. Añaden los socialistas andaluces, que, además, “gran parte de los contratos de emergencia en pandemia, eran irregulares, concluyendo que el gobierno autonómico regó con millones a la sanidad privada, sin controles y a dedo”.
Todas estas afirmaciones, tan duras y graves, constituyen parte de la acusación que desde el PSOE andaluz se hace al Gobierno andaluz por los contratos sanitarios que, con carácter de urgencia y calificados como de “emergencia”, fueron realizados por el Gobierno regional durante la etapa de la pandemia del Covid. Los socialistas denuncian que la Cámara de Cuentas de Andalucía ha confirmado “la corrupción sanitaria del gobierno de Moreno Bonilla”, en el informe de fiscalización sobre dichos contratos de emergencia gestionados por la Junta ante la crisis de la pandemia del año 2020.
Estas conclusiones han sido desveladas por el coordinador de la Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Márquez. Para el diputado por Sevilla, el máximo órgano de fiscalización autonómico “ha corroborado lo que los y las socialistas llevamos un año y medio denunciando, y esto es solo la punta del iceberg”. Márquez califica como un “auténtico escándalo” que gran parte de los contratos de emergencia sanitarios realizados por el gobierno andaluz durante la pandemia tengan algún tipo de irregularidad, lo que confirma que “el gobierno de Moreno Bonilla ha regado con millones de euros públicos a la sanidad privada, sin controles, a dedo, sin publicidad y sin transparencia”.
La punta del iceberg
Pero el escenario podría ser peor, ya que a juicio del coordinador de la Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, nos hallaríamos solo ante la “punta del iceberg” pues asegura que esta contratación irregular se extendió hasta junio de 2023, “por lo que veremos más informes de fiscalización denunciando estas prácticas irregulares que han puesto en jaque a nuestra sanidad pública”.
Cabe recordar con relación a este asunto que los socialistas andaluces ya denunciaron en marzo de 2023 que el gobierno de Moreno Bonilla había contratado 243 millones de euros, al menos, con la sanidad privada de manera irregular con la excusa de la pandemia, sin marco legal, ni control, ni publicidad ni transparencia. Los contratos con la sanidad privada seguían la pista de un método de contratación que inicialmente se cifraba en torno a 117 millones de euros. Una cantidad alta que, a lo largo de tres ejercicios, podría superar los 240 millones de euros. Los contratos, bajo el amparo de la suspensión de requerimientos administrativos del Real Decreto-ley 7/2020, se prolongaron hasta después de mayo de 2021, a pesar de que, entonces, el BOE derogó el atajo legal del Real Decreto.
Para esclarecer estas contrataciones irregulares, que se extendieron hasta junio de 2023, el PSOE-A solicitó la constitución de una Comisión de Investigación en el Parlamento andaluz que fue rechazada por el PP.
