el informe que pone en jaque a las residencias de Ayuso

Las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid acumulan miles de incidencias debido a la situación en la que llega la comida, tal y como queda reflejado en el informe de la empresa Quimicral, a cuya transcripción ha tenido acceso ElPlural.com. El escenario queda muy bien reflejada en los documentos y da buena cuenta del peligro al que se ha expuesto a las personas que se encuentran en estos centros en los últimos años (entre finales de 2022 y principios de 2024).

“Telarañas”, “posibles focos de entrada de plagas”, “suciedad en el suelo” o la presencia de “listeria” o “mercurio” en piezas son algunas de las palabras o líneas que se pueden leer en las páginas que han llegado a este periódico y que también afectan a centros ocupacionales, de menores o para personas con discapacidad.

Y esas son solamente algunas de las incidencias, pues a ellas se les suma otras que, si bien -algunas- no parecen tan graves sobre el papel, también son reseñables. Así las cosas, en el informe de la compañía supervisora se aprecian alimentos que llegan “en malas condiciones” o “mal estado” de “mala calidad”, que “no llegan a la ración” o que, directamente, no se corresponden con el pedido.

La portavoz de Políticas Sociales del PSOE de Madrid en la Asamblea (PSOE-M), Lorena Morales, reconoce el trabajo “espectacular” de Quimicral, razón de más para mostrarse especialmente crítica con la inacción -incluso el premio, pues la región ha seguido formalizando contratos con empresas que ya habrían operado de manera fraudulenta- de la administración Sol.

“Contratas a una empresa para verificar qué está pasando, te hace mil documentos espeluznantes en un año y medio y la Comunidad, que es quien recibe los documentos y a quien le corresponde poner las sanciones, no hace nada”, expone ante la gravedad del escenario. “No ha pasado nada porque los trabajadores han estado pendientes y han notificado, y en ocasiones devuelto o tirado las cosas, una cuestión que, por otra parte, tampoco parece preocupar a la Consejería… Pero podría haber muerto gente”, apostilla.

Meses sin sanciones

A pesar de la situación, el equipo gubernamental no lleva a cabo sanciones desde abril, según los últimos registros. Asimismo, las que se han ejecutado se centran en la falta de almacén, pero no tanto en su estado ni en el de la comida.

Para defender que sí ha actuado en consecuencia, el  Ejecutivo se refiere a las sanciones que se impusieron en centros concretos, de Vallecas y Rivas Vaciamadrid, en los que los inspectores no encontraron mercancía de la empresa adjudicataria -Femar-, habiéndose esta comprometido a tener centros de distribución a una distancia mínima.

En lo que respecta al estado de los almacenes, desde la Comunidad de Madrid justifican que a la empresa competente ya se le impuso una sanción de más de 43.000 euros y que actualmente el almacén ya funciona correctamente y que los problemas son cosas del pasado (refiriéndose a los años 2022 y 2023).

Por su parte, desde la compañía defienden en declaraciones a El País la “excelencia” de sus productos y explican que los almacenes de Rivas y Vallecas eran de proveedores suyos, a los que les alquilaban los espacios, pero no directamente de ellos, sino que ahora operan desde su almacén en Borox (Toledo). Igualmente, califica de positiva la evaluación de los almacenes, aunque la Comunidad de Madrid -siempre según la versión de la empresa- solo le ha compartido un informe.

Las empresas sancionadas monopolizan los contratos

En esta tesitura, el grupo que más atención recibe en el documento contempla cinco de los ocho lotes a los que ha accedido este medio-nueve si se cuenta a Quimicral- encargada de lo relativo a la alimentación en centros sociales.

En otro orden de cosas, los partidos de izquierdas y las asociaciones de residencias ponen el foco en los precios de los menús muy bajos de salida y que quedaron, dicta la oposición, “aún más reducidos”. El lote cuatro -que abastecía a cinco residencias- ejemplifican desde el PSOE por hablar de un caso concreto, quedó en un precio de 4.60 euros para el menú diario, mientras que el 7 y el 8 -nueve residencias de menores y una maternal; y 12 de residencias de menores respectivamente- se quedaron en 5.95 euros.

A partir de abril de 2024 se ha formalizado un nuevo contrato en el que el grueso del reparto de comida ha quedado monitorizado en manos de las mismas empresas, entre las que se encuentra nuevamente Femar y Frutícolas Ateca a pesar de que las dos están siendo investigadas por la CNMC y han sido apercibidas.

A ellas se le suman Hermanos Vidal, en la misma situación. El montante total de las multas que han recibido por el órgano competente junto a otras empresas supera los 3,13 millones de euros. A pesar de ello -y de que la propia Comunidad es la que comunicó las sospechas al órgano competente porque las compañías podrían operar como un cárter- el gobierno de Isabel Díaz Ayuso les mantiene los contratos.