El Gobierno de España aprobó este pasado martes, en Consejo de Ministros, un anteproyecto de ley que restringe el acceso al alcohol por parte de los menores de edad. Con el fin de preservar la salud del colectivo, pone límites a la venta, patrocinio y consumo de bebidas alcohólicas a través de normas que, enfocadas en jóvenes, afectarán a los adultos.
Tal y como ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, una de las medidas que se van a implementar es la prohibición de la venta ambulante y sin licencia administrativa en la vía pública, lo que dificulta adquirir una cerveza fría a pie de playa. No se aplica a los chiringuitos ni particulares que se llevan su nevera, sino a las que se compran a los vendedores sin licencia.
En el caso de las máquinas expendedoras automáticas que incluyan bebidas alcohólicas, deberán incluir algún mecanismo de vigilancia que impida la adquisición de las mismas a menores de 18 años. Algo similar ocurre con las máquinas de tabaco, en las que se solicitará el DNI.
No existe cantidad de consumo que no tenga riesgo ni dosis buena de alcohol, y mucho menos para los menores
La ministra ha incidido en que “no existe cantidad de consumo del alcohol que no tenga riesgo; no existe la dosis buena de alcohol y mucho menos para los menores”, además de que «tiene consecuencias en el desarrollo, es perjudicial para la salud y para el neurodesarrollo de los chavales». “Lo que es evidencia científica, nosotros desde el Ministerio de Sanidad lo hacemos ley”, ha añadido.
El texto, basado en el trabajo que ya hicieron los socialistas al frente del Ministerio de Sanidad en 2018, es un “marco integral” que pretende reducir el consumo y “proteger a los más jóvenes” de los efectos nocivos de esta sustancia mediante un texto que impulsa medidas como la prevención en los centros educativos, mientras recopila otras que ya se están aplicando en comunidades y ayuntamientos.
Prohíbe el consumo de alcohol para todas las personas, no solo menores, en centros educativos, residencias de menores, centros de protección o deportivos, de ocio o dedicados a espectáculos cuando las sesiones estén dirigidas específicamente a ellos.
El documento que recoge las obligaciones para las Administraciones Públicas en materia de educación, sanidad, cultura, deporte, investigación, seguridad vial, ámbito laboral y familiar, pretende armonizar la normativa vigente a nivel estatal, autonómica y municipal en relación al consumo de bebidas alcohólicas por menores y a su venta, así como a su comunicación comercial y publicitaria.
Muchas de las medidas, ha especificado García, ya están “dispersas” en otras legislaciones, pero se busca que sean preceptivas a nivel nacional. Por ello se establece un abanico en diversos ámbitos: incorpora “nuevos contenidos” sobre prevención del consumo en todos los niveles educativos y programas para que las familias tengan herramientas con las que prevenir el consumo por parte de menores.
En el ámbito familiar, se implementarán programas para concienciar a las familias sobre los riesgos del alcohol y dotarlas de herramientas para prevenir su consumo en menores. Se prestará especial atención a familias en riesgo de exclusión social o con menores afectados por el consumo de alcohol.
En el ámbito sociosanitario, desarrolla protocolos para detectarlo en las consultas y prevé la inclusión de registros sobre consumo en las historias clínicas, con el fin de facilitar el acceso al tratamiento a aquellos que presenten un consumo problemático o adicción.
Por último, en el ámbito educativo, se publicarán nuevos contenidos sobre prevención del consumo de alcohol en primaria, secundaria, formación profesional, bachillerato y planes de estudios universitarios, así como de formación del profesorado.
Limitación a la publicidad
Las limitaciones también se extienden al ámbito de los anuncios publicitarios de bebidas alcohólicas, que estando prohibidas -también de aquellas que simulen serlo- están dirigidas a niñas, niños y adolescentes. Para cumplir con esta premisa, la publicidad deberá ubicarse en un perímetro que diste de 200 metros lineales de zonas frecuentadas por menores como centros educativos, sanitarios, parques o lugares de ocio infantil.
Además, los anuncios no podrán hacer uso de la imagen o voz de colectivos menores de 21 años, mujeres embarazadas ni personas que sean reales o de ficción populares entre la población menor de edad. Tampoco podrán usarse tipografías, diseños o argumentos asociados a “su cultura” ni términos como “consumo responsable o moderado”.
Los supermercados o tiendas en las que las bebidas estén expuestas deberán limitar un espacio concreto dentro del local para ello, separado de los lugares en los que específicamente hay productos para menores de 18 años.
Sanciones de hasta 600.000 euros
Por su parte, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado -según estipula la ley- “podrán realizar” pruebas de alcoholemia “en lugares y circunstancias específicas” en las que el consumo de la sustancia esté prohibido.
Respecto a las sanciones, la cuantía impuesta a los menores de edad por la comisión de la infracción leve relacionada con el consumo de alcohol podrá ser suspendida a cambio de la participación en programas preventivos de sensibilización y concienciación o rehabilitadores en función de cada caso.
Las multas pueden ir de 60 a 600 euros si son leves -aunque en este caso pueden ser sustituidas por programas de concienciación o rehabilitación-; de 601 a 30.000 euros si son graves y de 30.001 euros hasta 600.000 si son muy graves.
Datos alarmantes del consumo de alcohol en menores
Según los datos de la encuesta `ESTUDES´ del año 2023, el 75% de las personas entre 14 y 18 años habían consumido alcohol en los últimos doce meses y algo más de la mitad de personas entre 14 y 18 años lo habían consumido en los últimos 30 días.
En relación a los consumos intensivos, dice haberse emborrachado en el último año el 42,1% de los estudiantes de entre 14 y 18 años.
La experiencia de intoxicaciones, el último año aumenta a medida que lo hace la edad, pasando del 20 por ciento en los alumnos de 14 años hasta el 60 por ciento a los 18 años, y actualmente son más frecuentes entre las chicas.
El consumo en atracón de alcohol o binge drinking lo ha realizado el 28% de los alumnos de 14 a 18 años en el último mes.
“Estos datos exigen una intervención. Queremos abordar con rigor la protección de las personas menores de edad frente al alcohol. Nos sentimos muy obligados a ello, y pensamos que es algo que nos concierne a todos, y que podemos conseguir de manera transversal y consensuada”, ha enfatizado la ministra de Sanidad, Mónica García.
Los cálculos del Ministerio es que el texto pueda salir, ya como proyecto de ley de la mesa del Consejo de Ministros, a finales de este año o principios de 2025 y, a partir de ahí, poder empezar así su andadura parlamentaria.
