Trece municipios sevillanos son los más afectados por el virus del Nilo. En otras localidades de Cádiz, Huelva y Málaga también saltaron las alarmas por la presencia de mosquitos potencialmente transmisores de la enfermedad. Cada semana, la Consejería de Salud notifica nuevos casos, y el virus se ha cobrado la vida de dos personas este año. Mientras tanto, enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla a cuenta de las competencias de unas y otras administraciones en materia de prevención y control de los insectos.
De fondo, preocupación por un problema de salud pública que no entiende de colores políticos y que parece haber llegado para quedarse. Alcaldes y alcaldesas de algunos de los pueblos más perjudicados piden unidad y coordinación entre los distintos niveles de la Administración —municipal, autonómica y estatal— para hacer frente al cada vez más extendido virus del Nilo.
Arrozales y fumigación, una combinación delicada
En las marismas del Bajo Guadalquivir, los cultivos de arroz se extienden más allá de lo que la vista puede alcanzar. Más de 37.000 hectáreas de arrozales que son el motor económico de la zona y el caldo de cultivo idóneo para las larvas de mosquitos. ¿Cómo se encuentra el equilibrio entre velar por la cosecha y la fumigación con químicos y biocidas?
«Es muy complicado», reconoce Libertad Fernández, concejala de Sanidad de La Puebla del Río, uno de los focos más afectados y donde el mes pasado falleció una vecina tras la picadura de un mosquito transmisor del virus del Nilo. «A lo mejor, si hubiéramos actuado con larvicidas con anterioridad, o hubiera otro tipo de normativa…», reflexiona la concejala.
Fernández admite que no sabe cuáles son las soluciones a este problema, pero sí que «no son las que estamos dando». «La verdad es que no sé qué es lo que nos vamos a tener que plantear de cara al futuro. A la vista está que estamos actuando deprisa y corriendo y con el mosquito encima«, cuenta en conversación con El Correo de Andalucía.
No sé técnicamente cuáles son las soluciones a este problema, pero no son las que estamos dando.
Más claro parece tenerlo Juan Molero, alcalde de Isla Mayor, localidad situada en el corazón de la marisma y que cuenta con 12.500 hectáreas de arroceras. «Yo puedo controlar las plagas y artrópodos en el casco urbano, pero no fuera, porque no es competencia municipal. Pero es que todo el casco urbano está rodeado de arrozales«, expone el regidor isleño, quien lamenta no tener herramientas suficientes.
Además de las fronteras físicas y administrativas, Molero apunta a otro factor clave. «El problema que tenemos en la zona arrocera es que el único producto fitosanitario que se permite es el Bacillus thuringiensis, un biocida que afecta a las larvas. Pero en los arrozales el agua está siempre en movimiento, por lo que la eficacia de este tratamiento es mínima», desarrolla. «Si no podemos controlar la población de larvas, ocurre lo de este año: que tenemos una población de mosquitos adultos brutal», expone el alcalde.
El único producto fitosanitario que se permite es un biocida que afecta a las larvas. Pero en los arrozales el agua está en movimiento, por lo que su eficacia es mínima.
Molero asegura que, de haber un producto que afectara a los insectos adultos, «los propios arroceros harían el tratamiento correspondiente». En su opinión, esto permitiría reducir la población de mosquitos potencialmente transmisores de la enfermedad. «No se trata de acabar con todos los mosquitos, porque eso no es bueno para la biodiversidad, pero sí de mantener la población adulta en unos umbrales mínimos«, apunta.
El alcalde de Isla Mayor, Juan Molero, tras la reunión con los municipios afectados por mosquitos potencialmente transmisores del Virus del Nilo / María José López
Una situación «extraordinaria»
Para el alcalde isleño, la solución pasaría por adoptar medidas excepcionales. «Lo que siempre he solicitado a Delegación de Salud es que solicite a la Delegación de Agricultura una autorización extraordinaria para el control de adultos cuando se requiera, como es el caso actualmente por la necesidad sanitaria», expone Molero.
«Esto se hace en otras comunidades autónomas», apunta. En concreto, el alcalde isleño señala a Extremadura, que también ha sufrido problemas con sus cultivos de arroz. En 2010, la Junta de Extremadura solicitó al Ministerio de Medio Ambiente una «autorización excepcional del uso de productos fitosanitarios formulados a base de cipermetrina» —el componente principal del insecticida Saditrina— para atacar a la plaga de pudenta, «ante la ausencia de insecticidas efectivos en el arroz». El ministerio autorizó «excepcionalmente por 120 días» el uso del insecticida «para una utilización controlada y limitada».
Resolución en la que el Ministerio de Medio Ambiente autorizó a la Junta de Extremadura el uso «excepcional» de un insecticida en el arroz / El Correo
Para la concejala de Salud de La Puebla del Río, este tipo de medidas «podrían ser bien recibidas a la hora de controlar a los mosquitos a corto plazo, como solución inmediata«. Pero «a largo plazo habrá que plantearse otro tipo de medidas preventivas«, opina Fernández.
Un enemigo común
Sea cual sea la solución, lo que las voces consultadas apuntan es que ha de pasar por la coordinación entre administraciones. Recientemente, el regidor de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel del Valle, pidió a la Junta «ir todos a una» en la lucha contra los mosquitos transmisores del virus del Nilo. También la responsable de Salud de La Puebla del Río insiste en que «tenemos que ver esto como un problema global, que requiere de todas las administraciones porque no podemos hacerle frente las unas sin las otras». Fernández también subraya «la importancia de que existan planes generales» comunes a todo el territorio y advierte de que «previsiblemente, el año que viene volveremos a tener el mismo problema».
El edil de Isla Mayor se pronuncia en una línea similar: «Está habiendo un problema de salud pública muy importante que está traspasando municipios, es un asunto supramunicipal». «Ha habido casos en Málaga, Cádiz y Huelva, atañe a toda la comunidad autónoma», recuerda Molero. La solución, en su opinión «debería ser mucho más sencilla, porque puede serlo», en alusión a la coordinación de los gobiernos locales, la Junta de Andalucía y el Ministerio.
Además de los distintos planes municipales, actualmente existe el Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos con Incidencia en Salud (PEVA), aprobado por el Gobierno autonómico en abril de este año; y el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental, desarrollado e implementado por la Junta de Andalucía en 2021, y que es de obligado cumplimiento para las diputaciones provinciales y ayuntamientos.
