En medio de la votación en ERC sobre el preacuerdo con el PSC el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha roto su silencio para mostrar su oposición a los términos del pacto en materia de financiación. «No apoyaremos nada que vaya en contra de los intereses de Asturias. El Principado tiene definida su posición histórica en materia de financiación y me debo a los acuerdos alcanzados«, concluyó con unas palabras que anticipan una rebelión contra Pedro Sánchez de los territorios si finalmente se ratifica el preacuerdo. Las bases de ERC tienen hasta las 19:00 horas de hoy para pronunciarse una consulta vinculante para investir a Salvador Illa o forzar una repetición electoral.
El paso adelante de Barbón está cargado de simbolismo al tratarse de uno de los tres barones que presiden un gobierno autonómico y no estar encuadrado en el reducido sector crítico, al que pertenecen prácticamente en solitario el presidente del Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y el líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán. Sus críticas al acuerdo durante una comparecencia este viernes, vinieron precedidas en los días previos tanto por la vicepresidenta del Principado como por el consejero de Hacienda. Sin estridencias, pulsó en su discurso algunas teclas que anticipan un choque de legitimidades con Ferraz.
El líder de los socialistas asturianos no solo reivindicó los acuerdos alcanzados en 2020 en la Junta General, en 2021 mediante el manifiesto de Santiago o los programas electorales de los socios de gobierno, sino los principios ideológicos de su partido plasmados en la declaración de Granada de 2013 y sucesivamente en los “congresos federales” del partido. Una enmienda al preacuerdo apoyada en las resoluciones orgánicas de su partido, pero también a los argumentos de Pedro Sánchez quien subrayó de este preacuerdo su concordancia con los principios “federalistas” del partido y de “solidaridad interterritorial”.
El rechazo a la financiación singular de Cataluña pactada con ERC es transversal en las federaciones socialistas, aun con diferentes matices y mayor o menor modulación en el tono. El apoyo explícito se limita a Euskadi y Navarra -con fuerte influencia del secretario de Organización, Santos Cerdán-, ambas comunidades fuera del régimen común, y Galicia. Ferraz y Moncloa han tratado sin éxito de cerrar el debate con una resolución de urgencia por parte de la ejecutiva, formada por el núcleo de afines al secretario general y donde no tienen asiento la mayoría de secretarios generales, además minimizar las críticas “a los de siempre”, en referencia a Page y Javier Lambán. Pese a estos esfuerzos de la dirección, la reacción en el PSOE es inédita desde que Sánchez reconquistó la secretaria general.
Lejos de contenerse, la contestación a Pedro Sánchez por parte de los barones socialistas, sin diferenciar entre críticos y afines, se ha multiplicado durante los últimos días. Los intentos de Salvador Illa de tranquilizar a los barones descolgando el teléfono para rebajar sus temores, apenas han servido para suavizar algunas posturas, pero no para dejar de reclamar.
Contestación transversal
De entre los considerados afines a Sánchez, el secretario general de Castilla y León, Luis Tudanca, ha sido uno de los más contundentes a la hora de anticipar su rechazo al preacuerdo. El líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, abrió la espita en lo interno para trasladar formalmente a Ferraz unas exigencias que varios compañeros venían demandando en privado. Esto es, la convocatoria del Consejo de Política Federal, lo que permitiría una reunión de todos los secretarios generales con Pedro Sánchez.
La posición marcada por Extremadura, que apoyan desde diversos territorios, es un órdago a Sánchez, pues fuentes regionales del partido reconocen que la potestad para convocar el Consejo de Política Federal es únicamente de Pedro Sánchez. Este órgano lo preside el líder del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, quien también ha recibido la petición realizada por los socialistas extremeños. Los más críticos reclaman una consulta a las bases a modo de reto, otros entienden que se debe llevar el debate al comité federal, el máximo órgano de decisión entre congresos, y en algunas federaciones avanzan que reunirán a sus ejecutivas regionales a la vuelta del verano para fijar posición.
El fondo y las formas
El conato de rebelión interna, a la espera de que las bases de ERC se pronuncien, tiene que ver tanto con el fondo como con las formas, y es que la queja más recurrente en los territorios es la falta de información desde Ferraz y el intento de imponer un apoyo acrítico sin debate previo. Sánchez convocó de urgencia y con apenas unas horas de antelación una reunión de la ejecutiva el pasado martes. Un órgano más reducido y compuesto por el núcleo de afines al secretario general. Sin informar sobre el preacuerdo a los territorios ni explicar su contenido, este órgano de dirección aprobaba una resolución de adhesión. En ella no solo se ratifica el apoyo del PSOE al preacuerdo, sino que se compromete a “hacerlo efectivo”.
La celeridad de la convocatoria obligó a más de la mitad de los miembros de la ejecutiva a seguirla por videoconferencia. La resolución no tuvo ningún voto en contra y solo una abstención. Algo que Pedro Sánchez exhibió frente a las críticas internas para defender que había “unanimidad” en su partido sobre el acuerdo. El intento de desactivar de este modo la contestación interna ha provocado movimientos inusuales en las filas socialistas reclamando más democracia interna. “Lo lógico es que un acuerdo de este calado se comunique a los secretarios generales”, apuntan desde una de las federaciones.
