El director del centro de menores de Ateca (Zaragoza) y cuatro trabajadores de la instalación fueron arrestados ayer jueves sobre las 14.00 horas por supuestos delitos de lesiones, torturas, contra la integridad moral, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal, cometidos hacia menores internos en dicho centro, tal y como ha informado este viernes la Guardia Civil.
Tal y como adelantó El Periódico, existían denuncias previas de los familiares de un interno, un hecho que se ha confirmado este viernes. Tras la investigación llevaba a cabo por el Área de los delitos contra las personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza, las detenciones se llevaron a cabo después de iniciar una investigación como consecuencia de varias denuncias interpuestas en dependencias de Policía Nacional de Zaragoza por parte de la progenitora de un menor que se encuentra interno en el centro de Ateca. En ellas, exponía unas supuestas lesiones hacia su hijo por parte de los educadores.
Los especialistas de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza, nada más conocer estos hechos, iniciaron de inmediato el proceso, durante el que se realizaron multitud de gestiones y se tomaron manifestaciones a varios empleados del centro, así como a la supuesta víctima. «Como resultado de la información obtenida en la citada investigación se pudo determinar que los educadores, con el conocimiento del Director del Centro, habrían estado llevando a cabo una serie de acciones hacia el menor en cuestión que no se ajustarían al protocolo de trato hacia los internos y que podrían incurrir en hechos delictivos», detalla la Guardia Civil.
Trato vejatorio
Las actuaciones, según las mismas fuentes, se basarían en episodios de aislamiento, tratos degradantes y vejatorios, así como lesiones producidas por determinados educadores que le habrían golpeado en el interior de una habitación, a la que habrían tapado la ventada de la puerta previamente y cerrado la misma con llave, antes de efectuarse tales agresiones.
Además, se constató cómo al menor se le habrían realizado contenciones (inmovilizaciones físicas) que no habrían sido registradas, tal como indica la normativa de actuación en estos centros de menores, y que de las mismas tenía conocimiento el responsable del centro, el cual habría indicado que las mismas no fuesen registradas.
Todos los hechos relatados que habría sufrido el menor, que se intensificaron desde finales del mes de junio, habrían provocado en él una inseguridad de estancia en el centro, así como un sentimiento de temor por su vida. Una situación que finalmente comunicó a una de las trabajadoras y que fue puesta en conocimiento por esta persona al director del centro de menores, el cual no observó que el procedimiento que se efectuaba con el menor fuese contrario al protocolo de actuación con los internos.
Igualmente, los investigadores lograron determinar que el responsable del centro, en una ocasión, solicitó a un empleado sanitario que realizase un informe que mostrase que el menor no presentaba ningún tipo de lesión. Petición a la que dicho trabajador se negó en rotundidad a emitir un informe falso.
Durante la operación los investigadores determinaron la existencia de más víctimas internas en dicho centro, obteniendo indicios sobre hechos delictivos relativos a agresión sexual, así como de corrupción de menores, llevados a cabo por varios educadores, durante los últimos meses.
Ante los indicios obtenidos por especialistas de Policía Judicial, que evidenciaban los hechos delictivos descritos anteriormente, estas cinco personas fueron detenidas ayer. Han quedado a disposición judicial en la mañana de este jueves.
Un espacio concertado
El centro de menores de Ateca es un espacio concertado del Gobierno de Aragón gestionado por la fundación Salud y Comunidad y el grupo Lagunduz. Asisten a menores adolescentes que presentan conductas problemáticas y que han sido separados de sus familias. Ninguna de la veintena de plazas con las que cuentan está en régimen cerrado, siendo permitidas sus entradas y salidas. En todo caso, el espacio cuenta con personal de seguridad y se controlan todas las actividades.
Desde la consejería de Bienestar Social del Gobierno de Aragón, que confirmaron la investigación abierta, reconocieron el jueves que los internos presentan «conductas disruptivas recurrentes y con nulo o escaso apoyo familiar». Los 17 adolescentes del recurso están «por autorización judicial» y debido a un trastorno de conducta grave diagnosticado ante un juez que estima «que no puede permanecer en su entorno primario», con su familia.
«Ante los acontecimientos conocidos hoy -por ayer-, en este momento la principal preocupación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) es garantizar el bienestar y la seguridad de los menores que permanecen en este centro y en eso estamos trabajando con la entidad gestora desde la subdirección de Protección a la Infancia y la dirección provincial del IASS en Zaragoza», explicaron.
Desde el municipio mostraron su sorpresa por las detenciones de los empleados, pues muchos de ellos llevaban bastante tiempo trabajando en el centro. Aunque también reconocieron que era habitual la presencia de la Guardia Civiel frente a la entrada, por desapariciones o conflictos.
