Lo ocurrido con la concesión de las playas de Felanitx en 2014 carece de la transparencia y equidad suficiente para pasar a los anales de una gestión igualitaria y pulcra con exquisitez legal. En la operación abundaron las irregularidades, pero una década de instrucciones varias dejan claro que éstas no tienen entidad suficiente para ser objeto de condena penal. Esta es la conclusión a la que ha llegado la Audiencia Provincial en el llamado caso Playas, con un fallo absolutorio para el que lo dicho antes por juzgados de lo contencioso-administrativo, con inadmisión de recursos referentes a la concesión otorgada, parece haber sido determinante. Solo se condena con multa económica al conductor que empotró su vehículo contra una heladería de un aspirante rival.
No toda irregularidad administrativa es equiparable a la prevaricación. Este parece ser el fiel de la balanza sobre el que ha pendulado un proceso y una sentencia que se ha decantado por la absolución. Se descarta el amaño premeditado con lo que el exalcalde Tauler, el exregidor Vidal y el empresario Adrover quedan exonerados de delito pero se les considera protagonistas de unos hechos que no aportarán brillantez ni prestigio a sus respectivos currículos. El problema está en que sus sucesores actuales, como la alcaldesa Soler, se quedan en la superficie de la alegría por la absolución penal y no aseguran haber entendido que la sentencia es un claro envite para una gestión más lúcida y transparente con férreo soporte legal. Por tanto, puede haber repetición.
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